Libertad sin fianza para las detenidas acusadas de crear una red que prostituía a mujeres en Córdoba

Ninguna de las personas arrestadas por el desmantelamiento de la red acusada de explotar sexualmente a mujeres los siete días de la semana en Córdoba ha ingresado en prisión preventiva. Según ha podido saber este periódico, cuatro de los siete detenidos pasaron a disposición judicial, decretándose su libertad provisional, aunque con medidas.

El operativo, del que informó esta semana la Policía Nacional, se saldó con siete detenidos en la ciudad de Córdoba y dos en Cáceres. Según la Policía, los arrestados forman parte de una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en clubes de alterne. Así, se ha logrado la liberación de cuatro mujeres y la detección de otras 25 víctimas potenciales, entre ellas una madre y su hija. Todas eran mujeres de origen sudamericano forzadas a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, siete días a la semana, en condiciones muy precarias y bajo un férreo control.

En el caso de los detenidos en Córdoba, se trata de un hombre y seis mujeres. De todos ellos, solo cuatro pasaron a disposición judicial porque el resto fueron puestos en libertad en sede policial. Junto al decreto de libertad provisional, la jueza ha impuesto a las detenidas la obligación de comparecer quincenalmente -los días 1 y 15 de cada mes-, junto a la exigencia de comunicar de inmediato cualquier cambio de domicilio. Respecto de una de ellas, además, se ha estimado la petición del Ministerio Fiscal, por lo que la jueza le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España.

Las actuaciones judiciales se han dividido en dos causas que han caído sobre dos juzgados diferentes. Por un lado, el de Violencia sobre la Mujer investigará el presunto delito de trata de seres humanos y, por otro, la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba hará lo propio con las diligencias abiertas por un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

Inicio de la investigación

La investigación se inició en noviembre de 2025 con las denuncias de cuatro víctimas que pusieron a los agentes sobre la pista de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en clubes de alterne.

A raíz de esas denuncias, los investigadores pusieron en marcha múltiples pesquisas que les permitieron constatar la existencia de una organización criminal asentada en las ciudades de Córdoba y Cáceres, perfectamente jerarquizada y con un claro reparto de papeles en aras a conseguir su objetivo final, que no era otro que la explotación sexual de las víctimas.

Las víctimas eran mujeres de origen sudamericano traídas a España mediante engaño y aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad, prometiéndoles trabajos dignos y bien remunerados y que a la postre eran coaccionadas, mediante amenazas, al ejercicio de la prostitución. El entramado imponía a las mujeres unas condiciones gravosas y muy precarias, obligándolas al ejercicio de la prostitución en jornadas de 24 horas los siete días de la semana. Bajo amenazas y vejaciones, eran obligadas a aceptar todo tipo de prácticas sexuales solicitadas por los clientes, incluso cuando se encontraban enfermas o con la menstruación.

Las tarifas y servicios a realizar eran impuestos por la organización, así como los servicios en el exterior, teniendo prohibidas las salidas sin la previa autorización de los responsables de la organización. Los beneficios generados por las víctimas eran recaudados por los responsables de los locales, que posteriormente entregaban a las víctimas las cantidades estipuladas por los servicios realizados.

Cuando las víctimas no generaban beneficios suficientes, bien porque llevaban mucho tiempo y ya eran muy conocidas por los clientes o bien por problemas de actitud, eran intercambiadas entre los clubes para dar continuidad a su explotación sexual.

Durante el operativo policial se ha procedido a la entrada y registro de tres pisos y un club en la ciudad de Córdoba, y un segundo club en la ciudad de Cáceres, donde se ha intervenido 28.000 euros en efectivo, dispositivos móviles y electrónicos, diversa documentación y sustancias estupefacientes.