La movilización ciudadana empuja a dos gobiernos del PP a intentar recuperar los cines de verano de Córdoba

Este martes, ha habido brindis y celebraciones en buena parte del movimiento ciudadano de Córdoba. Se festejaba una decisión administrativa que, hasta hace unas horas, no estaba nada clara: que la Junta de Andalucía ejerciera el derecho de retracto para que el Ayuntamiento de Córdoba adquiera los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia a un precio casi de saldo.

Son tres espacios históricos en los que la proyección de películas en las calurosas noches estivales se mantuvo ininterrumpida desde los años 80 hasta la muerte de su anterior propietario, Martín Cañuelo, en el año 2023. Entonces, estos tres solares destinados a la cultura, entraron en un periodo nuevo, en el que su futuro como cines de verano nunca ha estado asegurado del todo, como tampoco lo ha estado su protección contra posibles operaciones especuladoras (hablamos de tres espacios que suman miles de metros en pleno Centro Histórico de Córdoba, con una protección ligada un plan especial).

En los tres años transcurridos desde la muerte de Martín Cañuelo hasta este pasado verano, nunca llegó a haber una apuesta clara de las administraciones públicas para garantizar la continuidad de las proyecciones estivales. Ahora, con el órdago lanzado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, buena parte de la ciudadanía de Córdoba sabe que, al menos, existe un futuro (o un multiverso, por usar un símil cinematográfico) en el que los cines de verano sean un patrimonio etnográfico en manos del pueblo de Córdoba.

Para ello, no obstante, es posible que quede mucho tiempo. E incluso es posible que queden algunos veranos sin cine en el Fuenseca, el Delicias y el Olimpia, puesto que, lo que se ha oficializado este martes es el más que probable inicio de un capítulo judicial para despojar de la propiedad al actual dueño, el empresario Antonio Amil, que ya ha anunciado, en exclusiva para Cordópolis, que irá a los tribunales a defender su adquisición de los tres cines de verano la pasada primavera.

La negación

Lo que todos los actores tienen claro -lo digan en público o en privado- es que no se podría haber llegado hasta aquí sin la movilización ciudadana: una serie de protestas que ya arrancaron en la primavera de 2024 -cuando todo apuntaba que ese verano no habría proyecciones al aire libre-, pero que se mantuvieron en discreto segundo plano hasta el 25 de mayo de este año, cuando este periódico publicó los pormenores de la compraventa de los tres cines por parte de Amil y, muy especialmente, cuando con ello se supo que el Ayuntamiento de Córdoba había renunciado expresamente a ejercer su derecho de tanteo hasta en dos ocasiones (una primera, en 2025, por 400.000 euros, y otra en marzo de 2026, por el precio final de 300.000 euros).

Aquella publicación hizo que los colectivos culturales y vecinales comenzaran a organizarse para reclamar una intervención pública que hiciera que los cines pasaran a manos del Ayuntamiento. Mientras tanto, sus responsables, especialmente el alcalde, José María Bellido, y el presidente de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, no parecía medir bien la intensidad del movimiento en los primeros compases. Tanto es así que, a mediados de junio, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo dio unas declaraciones que, leídas hoy, resultan tragicómicas: “Al Ayuntamiento no le interesa mantener la actividad de cine de verano. Así de claro”. Un poco menos directo resultó el discurso que dio al día siguiente el alcalde, que se mostró dispuesto a adquirir “los solares” pero aclarando que esa posible operación no tendría como objetivo mantener la actividad cinematográfica.

Para entonces, el Gobierno municipal defendía que disponía de dos informes que respaldaban su posición: uno sobre la renuncia al derecho de tanteo y otro sobre las dificultades para que el Ayuntamiento asumiera directamente la explotación cinematográfica. Este último, según pudo comprobar este periódico, dejaba abiertas otras vías para evitar que se perdiera la actividad.

Aquellas dos declaraciones de mediados de junio, sin embargo, encendieron los ánimos del personal, que comenzó a movilizarse. Nació la Coordinadora SOS Cines de Verano, mientras otro grupo anónimo comenzó a organizar proyecciones simbólicas en plazas al aire libre, y los partidos de la oposición se lanzaban contra el equipo de Gobierno -al que acusaba de querer dejar morir una tradición centenaria- y contra la Junta de Andalucía -a la que acusaban de no querer iniciar el expediente de protección de esta actividad como Bien de Interés Cultural-.

El cambio de postura

El cambio de postura comenzó a hacerse visible a finales de junio y se concretó el 1 de julio, cuando el Gobierno municipal anunció que estaba dispuesto incluso a expropiar los cines que había renunciado a comprar mediante el derecho de tanteo. Además, ese mismo día, dos asociaciones reclamaron de manera oficial a la Junta la incoación del expediente para proteger como Bien de Interés Cultural tanto los inmuebles de los cines de verano como la propia actividad de las proyecciones estivales por su valor etnológico.

Tan solo una semana después, era el Ayuntamiento de Córdoba el que solicitaba formalmente a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que valorara el ejercicio del derecho de retracto sobre la compraventa. Ya entonces mencionaba el escrito firmado por el alcalde el resquicio por el que entendían que podían frustrar la adquisición: según la información que venía en la escritura de compraventa, la transacción se habría formalizado sin que se hubiera realizado la notificación previa a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, un trámite exigido por el artículo 17 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía cuando se transmiten inmuebles protegidos.

La Junta de Andalucía, que hasta ese momento había hecho caso omiso a todas las preguntas que le había planteado este periódico sobre esa misma cuestión, de repente se activó. Tanto es así que, a finales de mes, la misma consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ya fijó un plazo para recuperar los cines: octubre.

Mientras tanto, la movilización traspasó pronto las fronteras de Córdoba. La campaña impulsada por SOS Cines de Verano recibió el respaldo de actores, cineastas, escritores, músicos y periodistas, entre ellos Antonio de la Torre, Alberto San Juan, Macarena Gómez y Benito Zambrano. La cineasta Isabel Coixet también se sumó a la defensa de estos espacios, mientras la reivindicación llegaba a medios de comunicación nacionales.

La campaña se ha mantenido durante todo el verano, incluso después de que, ya de manera oficial, la Junta de Andalucía iniciara el 10 de septiembre de manera oficial el procedimiento administrativo para ejercer el derecho de retracto. Ese día puso fecha: el 6 de octubre, día en el que se cumplían seis meses desde que el Gobierno Andaluz se había enterado de la compraventa. El propietario, por su parte, negaba en todo momento que la Junta tuviera ese derecho y confiaba en que no podría justificarlo.

El 6 de octubre llegó, pero con una sorpresa. La Junta comunicó una ampliación de diez días del plazo para resolver el procedimiento. Posteriormente aclaró que se trataba de días hábiles, de modo que la fecha límite pasaba al 21 de octubre. Sin embargo, un día antes, este martes 20, la Consejería de Cultura publicó en un boletín extraordinario la orden por la que ejerce el derecho de retracto sobre los tres inmuebles y resuelve las impugnaciones planteadas por el propietario, en los términos que recoge la propia resolución.

La orden extraordinaria

La noticia comenzó a motivar brindis y a rular por los grupos de Whatsapp. El primero en celebrarla fue el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que se mostró satisfecho de que la Junta y el Ayuntamiento hubieran dado los pasos necesarios para recuperar estos espacios. Pero el siguiente capítulo ya estaba anunciado: Antonio Amil acudirá a los tribunales para que un juez determine si la Administración podía ejercer el retracto en las condiciones en las que lo ha hecho.

La resolución, en cualquier caso, supone un golpe de timón respecto a la posición que habían mantenido hasta hace unos meses las dos administraciones gobernadas por el PP. Por eso, por encima de la incertidumbre, buena parte de quien celebraba este martes la resolución, lo que festejaba era que la movilización ciudadana hubiera logrado algo tan impensable como que dos gobiernos del PP -uno de ellos con mayoría absoluta- intervinieran desde lo público en una compraventa de inmuebles y fueran contra la sacrosanta ley del mercado.

Como fin de la primera parte, hoy hay pocas voces que no lo vean como un happy end. Otra cosa es que la segunda parte vaya a ser una película de juicios. Pero ya habrá tiempo para que se escriba.