El Ayuntamiento se abre a expropiar tres cines de verano, aunque insiste en que no podrá gestionar las proyecciones

Nuevo cambio de postura del Ayuntamiento de Córdoba respecto a los cines de verano. El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha presentado este miércoles una propuesta de declaración institucional dirigida al resto de grupos políticos para establecer una “hoja de ruta seria, cierta y posible” que garantice la protección de los antiguos cines de verano del casco histórico.

Aunque lo cierto es que el plan del Consistorio pasa por transformar estos espacios en “refugios climáticos” e “islas verdes urbanas”, integrándolos en el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), sin entrar a gestionar la proyección de películas en el periodo estival, Torrico ha confirmado que la intención del Ayuntamiento es incorporar estos recintos al patrimonio público municipal, preferiblemente mediante una “negociación y adquisición voluntaria”, aunque sin descartar incluso la expropiación.

En este sentido, ha recordado que la oferta de 300.000 euros —la misma cantidad por la que el actual propietario adquirió los inmuebles— sigue sobre la mesa, a pesar de haber sido rechazada inicialmente. No obstante, el portavoz ha advertido que, si no se alcanza un acuerdo y el planeamiento reserva estos suelos para fines públicos, el Ayuntamiento analizará el uso de otros mecanismos legales, incluida la “expropiación por razón de interés público o utilidad social”.

El precedente del tanatorio de la Fuensanta y el desconocimiento sobre la Filmoteca

Lo que no cambia es que Torrico insiste por activa y por pasiva que el Ayuntamiento no puede asumir directamente la gestión de la actividad cinematográfica. Según ha explicado, el cine de verano es una actividad privada que opera en el mercado y el Consistorio no puede “mantener artificialmente negocios privados que no resulten viables” ni garantizar su rentabilidad.

Para justificar esta postura legal, Torrico ha puesto como ejemplo el fallido proyecto del tanatorio municipal de San Rafael. En aquel caso, ha recordado, los tribunales dieron la razón a los propietarios de tanatorios privados que denunciaron al Ayuntamiento por “vulnerar la libre competencia desde lo público”, lo que impidió que el proyecto municipal viera la luz.

También ha puesto como ejemplo a la Filmoteca de Andalucía (que sería el modelo clave que muestra que una administración pública sí puede proyectar películas aunque exista actividad comercial privada). Torrico, en este caso, ha errado al decir que no se cobra entrada en este espacio, cuando asistir a una proyección tiene un precio de 90 céntimos y basta mirar en internet para cercionarse).

No obstante, ha argumentado que sería “casi imposible” justificar la prestación del servicio de cine desde el ámbito público sin entrar en conflicto con el mercado, por lo que la proyección de películas solo se contempla como un “uso cultural compatible, estacional y complementario”, pero nunca como el destino primordial del suelo.

Torrico ha insistido en que, con esta iniciativa, el equipo de gobierno pretende “despejar cualquier duda” sobre el futuro de estos suelos y evitar rumores sobre posibles usos especulativos, como la construcción de viviendas o aparcamientos. La estrategia municipal busca que estos espacios sigan siendo equipamientos públicos dedicados a la convivencia vecinal, la cultura y la adaptación climática, asegurando su preservación como espacios abiertos y sombreados en el corazón del casco histórico.

En esta línea ha advertido de que, si no se alcanza un consenso antes del próximo lunes con el PSOE y Hacemos, que llevarán una moción sobre los cines de verano, el Partido Popular presentará una moción propia en el próximo pleno. Al ser preguntado por la diferencia entre esta nueva propuesta y la moción aprobada unánimemente en 2023, el portavoz ha asegurado que aquella iniciativa se centraba en solicitar la declaración de los cines como Bien de Interés Cultural (BIC).

Torrico ha señalado que no descarta incorporar dicha petición a la propuesta actual si el resto de grupos lo considera oportuno, aunque ha matizado que la protección urbanística del PGOM es lo “fundamental” para evitar que el suelo se use con fines lucrativos