El alcalde de Córdoba se prepara para litigar por los cines de verano: “Nosotros no tenemos prisa”
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha celebrado este martes la orden de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que notifica la ejecución del derecho de retracto sobre los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, que el consistorio aspirar a poseer tras depositar 300.000 euros.
Bellido ha reaccionado a la noticia en el Ayuntamiento, insistiendo en su alegría en el hecho de que la Junta haya culminado su parte del procedimiento con la publicación este martes en el BOJA de la orden por la que se ejercita el derecho de retracto en beneficio del Ayuntamiento. Según ha señalado, esta decisión se suma al apoyo unánime a la declaración de estos espacios como Bien de Interés Cultural (BIC), aprobado tanto en el Pleno municipal como en el Parlamento andaluz.
El regidor ha explicado que el siguiente paso es aceptar la cesión y dar los pasos administrativos necesarios para proveer el presupuesto y ejecutarlo. Ha indicado que lo ideal sería iniciar la ejecución para poder disponer de los inmuebles lo antes posible. La orden fija en 300.000 euros el precio de adquisición, el que consta en la escritura de compraventa, y establece que el Ayuntamiento asumirá íntegramente su coste.
No obstante, tras el anuncio del propietario de que acudirá a los tribunales, el alcalde ha reconocido que era una posibilidad que ellos esperaban, y ha reconocido que Antonio Amil “está en su legítimo derecho”.
“Nosotros prisa no tenemos”, ha señalado el alcalde, que ha confiado en las posibilidades de victoria de la administración pública, teniendo en cuenta la advertencia que hizo el notario y con la resolución de la Junta, que, según ha dicho, sus técnicos y expertos jurídicos han justificado “al detalle”.
Antonio Amil Corredera, que adquirió los inmuebles junto a su esposa, ha anunciado que acudirá a los tribunales para defender un proceso de adquisición que, según ha afirmado, se hizo “con toda la legalidad y las garantías”. La orden, fechada el 18 de octubre, pone fin a la vía administrativa y puede recurrirse en reposición en el plazo de un mes o ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el de dos meses.
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