Juzgan a la directiva de una comunidad de regantes de Córdoba por desviar fondos y meter a personas fallecidas en el censo

El proceso judicial contra la antigua directiva y el actual presidente de la Comunidad de Regantes Salva García de Fuente Palmera entra en su recta final. Según la reciente providencia dictada el pasado 12 de junio de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Posadas y a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado ha dado traslado a las acusaciones para que, en un plazo de diez días, presenten sus escritos de acusación y soliciten la apertura de juicio oral.

Este movimiento judicial se produce tras confirmarse la firmeza del auto dictado originalmente el 20 de febrero de 2025, que concluyó la fase de instrucción al hallar indicios racionales de criminalidad contra los investigados, entre los que están tres miembros de la antigua Junta Directiva, entre ellos el actual presidente.

El auto judicial detalla una serie de irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos de estafa, administración desleal y falsedad documental. Entre los hechos más graves detectados durante la investigación destaca el presunto desvío de más de 200.000 euros de los fondos de la comunidad hacia cuentas bancarias de una mercantil ajena a los regantes.

La investigación revela además un sistemático inflado de costes soportados por los comuneros. En 2017, por ejemplo, la directiva habría cobrado el agua de riego a un precio de 1,348 euros/m3, cuando el coste real era de apenas 0,13 euros/m3, obteniendo así un beneficio injustificado a costa de los agricultores. Asimismo, se detectó que la Comunidad pagó facturas eléctricas de más de 100.000 euros que en realidad correspondían a otra entidad y no al consumo propio de los regantes.

Lo mismo le imputa el juez en concepto de pago a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), por la concesión administrativa de aguas invernales para el riego de olivar. La investigación judicial ha revelado que la directiva incluyó en el balance de gastos de 2017 una partida por este concepto de 94.661,95 euros, una cifra que el auto califica como muy superior a la que realmente correspondía. Según los cálculos técnicos, teniendo en cuenta la superficie de 1.100 hectáreas y el canon aplicable, el importe real debería haber sido de aproximadamente 49.005 euros.

El magistrado señala que la directiva habría falseado datos y ocultado información a los socios con el objetivo de “maquillar” y abultar injustificadamente los gastos en los presupuestos. Esta maniobra permitía a los investigados obtener más dinero del realmente necesario para el mantenimiento de la comunidad, causando un perjuicio económico directo al “bolsillo” de los comuneros regantes. Este hecho forma parte del conjunto de indicios de administración desleal y falsedad documental por los que la cúpula será juzgada

Para mantener este esquema de gestión, los investigados habrían manipulado presuntamente las juntas generales. El auto señala la inclusión de personas fallecidas y no socios en los listados de asistentes a las asambleas para garantizar el quórum necesario y aprobar así las cuentas y presupuestos ahora cuestionados.

Riesgo para la seguridad pública

Más allá de las irregularidades financieras, la instrucción ha puesto el foco en la seguridad de la balsa de la comunidad. Según el documento judicial, la infraestructura carece de un plan de emergencia y seguridad, lo que entraña un “riesgo medioambiental y un peligro severo a poblaciones cercanas” como las pedanías de los Silillos y Fuente Carreteros ante un posible desbordamiento o rotura.

Ahora, con el requerimiento de los escritos de acusación, el caso se encamina hacia un juicio oral donde los antiguos responsables de la Comunidad de Regantes Salva García deberán responder por una gestión que, según los indicios, causó un grave perjuicio económico a cientos de agricultores de la zona.