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El arroyo culebras de Fuente Palmera está sequísimo. Tanto que se puede andar a través de él sólo con la incomodidad que provoca pisar el suelo agrietado por donde hace meses que no corre el agua. Las aves que pasan por la zona aprovechan la última lámina de agua que queda en un acervo que, en otra época, fue lo suficientemente caudaloso como para convencer a una población de colonos centroeuropeos de que era buena idea asentarse en un sitio llamado Desierto de la Parrilla.

La Comunidad de Regantes Salva García defiende la legalidad en las autorizaciones de riego

La Comunidad de Regantes Salva García defiende la legalidad en las autorizaciones de riego

El clima seco en la zona tiene mucho más de desierto que del presunto manantial que da nombre a Fuente Palmera. Sin embargo, la zona es rica en regadíos, que aprovechan la cercanía de los ríos Guadalquivir y Genil para la siembra de olivar, cítricos, frutales, maíz, algodón, cereales y girasol, entre otros cultivos. 

La localidad, de hecho, tiene dos comunidades de regantes: la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera, una institución asentadísima, integrada en la Federación Nacional de la Comunidades de Regantes de España (Fenacore), y la Comunidad de Regantes Salva García, muchos más joven, de menor envergadura y que, casi desde su composición, hace 20 años, ha sido fruto de litigios personales y legales.

La actividad de esta última comunidad de regantes, de hecho, es objeto de, al menos -según sabe este periódico- dos procesos legales: uno por el que la actual junta de gobierno ha demandado a la anterior dirección; y otro por el que un grupo de regantes han denunciado actuaciones hechas durante el actual mandato y anterior.

La cruzada de Manuel Rodríguez

Los presuntos delitos de ambos procesos que se investigan son hermanos o primos hermanos: estafa, apropiación indebida, falsedad documental, enriquecimiento ilícito… Son casi veinte años de cuestiones que han llevado a la comunidad de regantes al borde de la desaparición y que ponen en cuestión si la concesión de riego ha servido para enriquecer a los beneficiarios o, por el contrario, no ha conducido a los resultados esperados.

Para Manuel Rodríguez, la concesión de agua sólo ha traído “ruina” a la zona y a los comuneros, incluido él. Manuel es uno de los regantes que tiene abierto un pleito contra el actual presidente de la CR Salva García. Recibe al periódico en su empresa, detrás de una montaña de papeles y expedientes que mide casi medio metro, y que conoce al dedillo.

Porque Manuel lleva desde 2017 intentando entender qué ha ocurrido con la comunidad de regantes en la que entró en 2011 y en la que, a pesar de haber estado pagando durante años, nunca llegó a estar en situación totalmente legal, pues sus terrenos están “fuera de planeamiento”, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la administración tutelante.

De hecho, la CHG le ha sancionado varias veces porque sus tierras no están en “terreno regable”. Es decir: A Manuel, por un lado, la comunidad le demanda el pago de sus cuotas porque sostiene que puede regar sus tierras, pero, si abre el grifo, recibe un expediente sancionador por parte de la administración, que le dice que sus terrenos no están en la superficie autorizada. “Esto es una estafa en toda regla. Eso es lo que es”, resume Manuel sobre la situación en la que se encuentra, mostrando una sanción por la que la CHG le reclama 10.000 euros por regar.

Hace unas semanas, en declaraciones a este periódico, la actual Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes Salva García reconocía que se están abriendo expedientes sancionadores contra sus regantes por abrir los grifos para regar terrenos que estaban fuera de planeamiento, si bien se defendían alegando que las sanciones no eran firmes y remarcando que todo se ha hecho “siguiendo los pasos de la CHG”.

En la práctica, la CR Salva García estaba afirmando que la Confederación consiente un riego irregular por el que luego abre expedientes de sanción, una kafkiana situación difícil de entender (y que la Confederación, preguntada desde hace semanas por este periódico, tampoco ha querido aclarar). Manuel, por su parte, no salía de su asombro al leer lo publicado. “Cambiaron de presidente, pero han seguido con las mismas dinámicas”, señalaba el comunero, uno de los querellantes en una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción de Posadas, y que afirma que “el actual presidente y su padre formaron parte de la anterior Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes”.

Un parcelario irregular y un censo “falseado”

Manuel saca un mapa para explicar de dónde parten, a su juicio, los problemas. Según detalla, la Comunidad Salva García solicitó el riego para una zona encapsulada en tres polígonos de Fuente Palmera. La CHG autorizó en su día (allá por el año 2002) el riego. ¿Qué ocurrió? Pues que, según reconocen tanto Manuel como la CR Salva García, “se están regando zonas de Palma del Río fuera del planeamiento autorizado”. Además, el querellante mantiene que “otras zonas que están dentro de planeamiento, no están recibiendo el agua por la que están pagando”. 

¿De cuánta agua hablamos? Pues, siempre según Manuel, se autorizó un riego para 1.100 hectáreas (a pesar de que el arroyo Culebras no llega a abastecer ni a 200). Así que se construyó una balsa, con capacidad para 2,3 hectómetros cúbicos, que hoy presenta un caudal prácticamente nulo. “Este año se va a regar con 50 metros cúbicos, de los 1.500 que tienen asignados”, apunta el regante, que reconoce que el primer presidente de la comunidad “hizo lo que le dio la gana”. “El problema es que los que vinieron después, en vez de pararse a ver qué había ocurrido, decidieron seguir adelante. La Comunidad no ha aportado un papel, ni cuentas, ni nada. Los millones se han perdido, y los caminos y las conducciones se hicieron como chapuzas”, señala.

Los caminos a los que se refiere Manuel son los que estaban detrás de una ayuda concedida para un proyecto que contemplaba el arreglo de una decena de vías y que nunca se ejecutó. Los millones se perdieron y los caminos están sin hacer. Sólo se puede acceder con vehículos todoterreno en buena parte de ellos. Por aquella “tropelía”, la Comunidad de Regantes Salva García tuvo que subsanar la deuda y lo hizo gracias a que los comuneros pusieron de su bolsillo 2,7 millones de euros, llegando algunos de ellos a endeudarse.

Con aquella decisión, comenzó a distanciarse Manuel de los actuales dirigentes de la Comunidad. A él le reclamaron 140.000 euros para poder hacer frente a la deuda. La CR Salva García sostiene que una sentencia le obliga al pago de esta cantidad, si bien está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Él, en cualquier caso, se negó a pagarlo y la Comunidad le hizo un primer embargo. “Yo no voy nunca a reconocer una deuda por unos caminos que se hicieron ocho años antes de que yo entrara a la comunidad. Yo no sé nada de los caminos o de la construcción de la balsa”.

Fue entonces cuando, investigando, se dio cuenta de que “la documentación inicial de la comunidad está falsificada”, ya que los listados de comuneros y regantes incluyen a personas que, “no sólo no forman parte de la comunidad, sino que no saben ni que están apuntados en el listado”. A su juicio, eso se hizo para inflar el censo de regantes para llegar al número que era necesario para lograr la autorización, de forma que, cuando después han querido modificar el proyecto, se ha ido denegando una y otra vez.

A Manuel, por ejemplo, le inscribieron como regante en el año 2002, cuando las primeras tierras de su propiedad que entraron en la comunidad fueron en 2011 y las últimas en 2017. “Sin embargo, a mí me quieren repercutir todos los años que salgo apuntado en el listado, incluso los que no estaba”, señala Manuel, que afirma: “Los millones nos los están sacando a los comuneros, y nosotros no hemos visto ni el dinero ni los caminos”.

En este ámbito, desde la actual Junta de Gobierno afirman que “los comuneros se tienen que hacer cargo de los gastos en la parte proporcional” e insisten en que “no se ha reclamado a nadie lo que no sea proporcional”. Además, acusan a Manuel, entre otros miembros, de presentar alegaciones contra la toma de agua del río Genil, que contaba con todos los permisos, y que se ha paralizado por la postura de “un grupo minoritario de comuneros”. “Es, cuanto menos contradictorio, que ahora se esté quejando quien lo único que hace es ir contra los intereses del resto de comuneros”, afirman.

La propuesta de Manuel, sin embargo, pasa por poner todo en el juzgado y exigir la intervención de la CHG de la comunidad de regantes hasta que se aclare toda la situación y se ponga todo en condiciones. Para él, la actual junta de Gobierno no tiene legitimidad, pues, aunque haya denunciado al primer presidente, ha asumido algunas de sus irregularidades.

“Van a arruinar a todos las personas. Aquí se les ha dicho a los comuneros, entre ellos a mi padre, que, si no se pagaba la deuda, se le iban a quitar las tierras. Así que hay gente que ha pagado por unas obras que no se han hecho. Y yo lo que quiero es que busquemos a los responsables”, afirma Manuel, que apunta también hacia la CHG, que, “por acción u omisión” ha permitido que esto ocurra.

La Confederación, de momento, guarda silencio. Este periódico lleva semanas intentando contactar con sus responsables sin que se le haya ofrecido ninguna respuesta. Manuel asegura que los técnicos de la CHG son conscientes de lo que está ocurriendo. “La Confederación tendría que haber vigilado”, insiste.

Manuel nos lleva en un jeep por los caminos que nunca se hicieron a la balsa más grande de agua de Córdoba, donde el caudal apenas levanta medio metro del suelo. Nos muestra unas conducciones que considera “deficientes” y, finalmente, mete el jeep en la ribera del arroyo Culebra, seco como un vaso de arena.

Hace casi 40 ºC cuando escupe la reflexión que, seguramente, ronda en la cabeza de muchos comuneros de la zona: “Aquí el riego sólo ha traído ruina. Y más ruina que va a traer como a esto no se le meta mano”. 

Desde la CR Salva García, sin embargo, discrepan de esta visión. “Es evidente que, de no haber tenido que soportar una deuda enorme por las tropelías cometidas por el anterior presidente, los miembros de la comunidad serían 2,7 millones de euros más ricos. Así que decir que el riego no ha generado la riqueza esperada cuando quien lo dice ha puesto trabas a que se mejoren las condiciones no sé cómo valorarlo”, reflexionan.

“Al final, el regadío en todos los proyectos donde se implanta, sea mayor o menor, siempre produce riqueza, hasta el punto que el valor de la tierra sube gracias a que tenga o no agua. En el futuro, es probable que el agua valga incluso más que la tierra”, sostienen desde la Comunidad de Regantes.

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