La Comunidad de Regantes Salva García defiende la legalidad en las autorizaciones de riego

La Comunidad de Regantes Salva García ha señalado que todos los pasos que están dando han sido “de la mano de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir” (CHG), que es la administración que tiene que velar por la autorización de riego a este corporación de derecho público que opera en las los municipios de Fuente Palmera y Fuente Carreteros.

En declaraciones a este periódico, fuentes de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes Salva García han defendido la legalidad de su modus operandi, después de que un juzgado de Posadas mantenga abierta una investigación tras la denuncia de un grupo de comuneros al presidente de la Junta de Gobierno por los delitos de estafa, administración desleal y falsedad documental.

Siempre según los denunciantes, la comunidad de regantes presuntamente habría hecho cobros y embargos indebidos de cuotas en concepto de riego de terrenos que no pueden regarse, como atestiguan las sanciones iniciadas, no firmes, por la CHG.

Sin embargo, la Junta de Gobierno defiende que “los cobros y embargos se han cursado contra los comuneros que forman parte de un padrón aprobado por mayoría abrumadora en asamblea y que ha sido aprobado siguiendo las indicaciones del órgano tutelante, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.

Las fuentes consultadas relatan que, en 2018, la CHG requirió a la Comunidad de Regantes Salva García que actualizara el padrón. Se inició entonces un trabajo de actualización que llevó varios meses, que se aprobó en Junta General (Asamblea) celebrada a finales de 2019 “por abrumadora mayoría” y se presentó en CHG a principios de 2020. “Este padrón, que los comuneros dan por válido, sirve de base para realizar los cobros y, en su caso, iniciar los procedimientos de recaudación ejecutiva. Todos los cobros y procedimientos recaudatorios han sido exigidos a comuneros que han venido regando durante años y que, por tanto, deben responder en la parte que les corresponde de los gastos de la comunidad”, señalan.

No obstante, reconocen que, con posterioridad, la CHG ha “detectado que el parcelario que se está regando difiere parcialmente de aquel que obtuvo la concesión inicial”, si bien aseguran que la actual Junta de Gobierno y, por extensión, la mayor parte de la comunidad, “desconocía que esta variación del parcelario se había producido de forma absolutamente irregular por parte del anterior presidente, quien no realizó el preceptivo trámite de modificación de características ante CHG”.

Por tanto, desde la Comunidad de Regantes no niegan que la CHG haya iniciado procedimiento sancionador contra quienes han regado estos terrenos no autorizados, si bien aclaran que dichas multas “han sido alegadas y no son firmes”. En cualquier caso, siempre según la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes Salva García, todo se ha hecho “siguiendo los pasos que marca la Confederación”.

En cualquier caso, mantienen que, “aún sabiendo el problema que hay, la CHG sigue dando los riegos y ha recomendado incluso que se solicite un riego de emergencia extraordinario para salvar la arboleda este año”. 

Respecto a la demanda interpuesta por el grupo “minoritario de comuneros”, recuerda que éstos son quienes se han negado a sufragar las las deudas con Hacienda y con la Junta de Andalucía heredadas de la etapa del anterior presidente. La deuda se solventó hace años por parte de la Comunidad. “Si no se hubieran pagado estas deudas, la Comunidad de Regantes habría desaparecido. Por eso se pagó, para seguir adelante, sufragando incluso la parte de estos comuneros, un grupo minoritario, que se han negado a pagarlo”, sostienen. 

Además añade que algunos de los querellantes se han opuesto a una toma en el río Genil, lo cual ha paralizado este proyecto, a pesar de que contaba con informes favorables de planificación hidrológica y que hubiera resuelto en buena medida el problema del riego de la comunidad. 

Preguntado por la situación en la Comunidad de Regantes Salva del Río, desde la CHG no han proporcionado respuesta, si bien han aclarado que es un organismo que “actúa conforme a la ley” y no permitiría que se cometiera “irregularidad alguna”.