La exalcaldesa de Peñarroya defiende su gestión de los fondos Miner ante el juez y el ayuntamiento se retira como acusación

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este lunes la primera sesión del caso Rocket, un presunto fraude en las subvenciones de los fondos Miner en Peñarroya-Pueblonuevo cuya principal acusada es la exalcaldesa socialista del municipio, Luisa Ruiz, que ha manifestado que todo se hizo acorde a la legislación vigente y que “jamás” ha realizado ninguna factura del ayuntamiento mientras ostentaba la presidencia de Promociones Industriales Valle del Alto Guadiato (Pivag), entidad pública receptora de los fondos Miner que recibió esta localidad del Ministerio de Industria para reactivar y diversificar la actividad en las cuencas mineras. La Fiscalía pide para ella 33 años de cárcel por una multitud de delitos, como son fraude y exacciones ilegales, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, fraude de subvenciones y falsedad ideológica por funcionario público.

Previa a la declaración de la acusada, el abogado del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, a quien se le pide una responsabilidad subsidiaria en la causa, ha retirado la acusación particular que hasta este momento había realizado sobre la excalcaldesa, por lo que sólo mantendrá la defensa de la responsabilidad civil del consistorio. La línea de este letrado ha vehiculado este lunes en que Pivag actuaba de manera independiente y de cuyas actuaciones no debe responder el ayuntamiento.

La investigación policial del caso comenzó tras una denuncia de la entonces alcaldesa del PP en el municipio, María Gil, quien ha declarado en esta primera sesión del juicio. La denuncia la formuló en octubre de 2012 tras observar “numerosas irregularidades relativas al tren turístico, a los fondos Feder y a otros hechos que no tenían ni pies ni cabeza”. La situación económica del consistorio era tal, ha declarado, que “no se podían pagar las nóminas del mes de julio de aquel año” y que, cuando fue a buscar documentación, “todos los ordenadores habían sido formateados”. Ante ello, ha comentado, el ayuntamiento solicitó una reunión con el Ministerio de Industria en relación a los expedientes Miner “y había 40 folios para 12 millones de euros que se concedieron”.

La sesión de este lunes ha girado en torno a dos subvenciones recibidas por el Ayuntamiento de Peñarroya, y transferidas a Pivag, relativas las modificaciones de suelo y urbanización de dos polígonos del municipio: Antolín III y Vega Currillo. Lo que primero llamó la atención de los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación era que “no existía” contratación como tal de los dos arquitectos que redactaron ambos proyectos, incluidos en un convenio de 2007 que daba cobertura al ayuntamiento de cara a obtener las subvenciones de los fondos Miner. El responsable de la investigación ha declarado que, en el caso de la arquitecta que redactó el proyecto de Antolín III, se trató de una adjudicación “directa”. A este respecto, la acusada ha declarado desconocer “la Ley de Contratos” y que todo se hacía a través de los técnicos del Ayuntamiento. “No es amiga ni lo ha sido, es una buena profesional y nada más. Antes de que yo fuera alcaldesa ya había trabajado con el ayuntamiento”, ha apuntado Ruiz.

Sobre la subvención relativa al polígono Vega Currillo, el responsable de la Guardia Civil ha apuntado que no se ha encontrado ninguna prueba documental que acredite la contratación del estudio de arquitectura en base a la Ley de Contratos, sino “una especie de acuerdo” entre este y el ayuntamiento.

Por otro lado, Ruiz ha asegurado que antes de abandonar la Alcaldía tras las elecciones de 2011, “todas las facturas presentadas se pagaron”. Asimismo, ha defendido que “jamás” ha realizado una factura en el Ayuntamiento. No obstante, durante la vista ha declarado la técnica administrativo de Pivag, quien ha asegurado que las facturas que la entidad pública emitía “las decía la presidenta”, es decir, la acusada, al igual que “los conceptos generales”.

Esta ha sido otra de las cuestiones abordadas en sala. Y es que todas las facturas que Pivag presentaba a Industria para justificar las subvenciones tenían un apartado dedicado a “conceptos generales”, que eran “una especie de compensación por el trabajo que hacía Pivag”, ha declarado la acusada. A preguntas del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado, Ruiz no ha podido justificar en base a qué se estipulaban esos conceptos generales -horas de trabajo, porcentaje, etc-, ya que cada factura tenía uno diferente. Lo que sí ha señalado es que “se acordó que con los fondos Miner ”no se podía cobrar un 19%“ y ha asegurado de nuevo que eran los técnicos del ayuntamientos los que proponían el porcentaje y luego se acordaba en un consejo de Pivag, aunque los investigadores no han encontrado acta alguna relativa a ello. ”No todo se pone en las actas“, ha contestado la acusada cuando ha sido preguntado por ello. A pesar de ello, la excaldesa ha manifestado que ”los trabajos se ejecutaron al 100%“. ”De los fondos Miner no se usó ninguna factura ficticia para justificar nada“, ha insistido.

Sobre esta cuestión, el instructor policial ha asegurado que ha buscado “un razonamiento” que justifique estos conceptos generales, aunque a día de hoy lo desconoce. “En algunos casos eran gastos generales muy difíciles de concretar de qué se trataban y en otros había conceptos más concretos”. Además, durante la investigación, los investigadores pudieron constatar que la “memoria de las actuaciones reflejaba que las obras no habían terminado en el momento de la firma de la misma”. El instructor también se ha referido a una factura, encontrada en los registros, en los que se solicitaba una subvención para unos gastos de unos 63.000 euros relativos a unos estudios topográficos para el polígono Vega Currillo. Y el instructor ha sido claro: “No encontramos ninguna prueba documental que acredite que esos estudios se hayan hecho, ya que los propios trabajadores de Pivag nos dijeron que no tenían capacidad para ello”.

Junto a las subvenciones recibidas para los dos polígonos industriales, las partes se han referido también a una que llevaba el nombre de “Unidad de acción 9”, encargada a la arquitecta que redactó el proyecto de Antolín III. La Guardia Civil ha destacado que mientras que esta profesional presentó una factura de unos 22.000 euros, la que luego Pivag presentó al Ministerio fue de unos 179.000 euros. En anteriores declaraciones judiciales, la arquitecta ha reconocido desconocer “por qué se había producido esos descuadres en los conceptos”.

Sin embargo, en su declaración, la acusada ha asegurado que todas las facturas que Pivag presentaba al Ministerio se realizaban en función de las facturas presentadas y que, incluso, “los fondos Miner le costaban dinero al ayuntamiento”, como unas facturas que se abonaban “al margen del ministerio”. El juicio continuará este martes.