El cierre del camino público de El Bañuelo llega a juicio

Este martes 13 de septiembre, el cierre del camino público de El Bañuelo, en plena Sierra de Córdoba, llega a juicio. La cita en los tribunales es el último paso después de que en abril pasado, integrantes de la Plataforma A Desalambrar -con dos décadas de trayectoria en la defensa de los caminos públicos y vías pecuarias de Córdoba-, alertaran de que el propietario de la finca por la que atraviesa el camino había instalado una nueva valla cerrada con una cadena y candado, impidiendo el tránsito por el sendero.

En ese momento, la Guardia Civil acompañaba a la marcha reivindicativa por el Día de las Vía Pecuarias y los Caminos Públicos, que pedía la apertura del camino, y los agentes pudieron tomar nota de los hechos. Unos días después, la plataforma interponía en la Comandancia de la Guardia Civil una denuncia por este segundo cierre del camino público, que data del siglo XV y está incluido en el Inventario de Caminos Públicos de Córdoba.

Así, la propiedad de la finca está llamada a juicio este martes, tras la denuncia de A Desalambrar, que confía en que la jueza tenga en cuenta que el camino es público y, como tal, no puede cerrarse al tránsito de personas, pese a estar en una finca privada, como ocurre con otros senderos de la Sierra.

Dos cancelas, dos juicios

Este no es el primer juicio que se celebra sobre el cierre de El Bañuelo. La propiedad de la finca siempre había permitido el paso por este sendero hasta que cambió de dueño e instaló una cancela con candado que impedía el tránsito. En abril de 2021, una marcha reivindicativa exigía ya la apertura del camino, tanto a la propiedad como al Ayuntamiento de Córdoba como administración responsable. Precisamente, el camino de El Bañuelo aparece recogido en el Inventario Municipal con el número 27 y es copia del anterior inventario que data de 1884 donde también aparece el camino con la siguiente referencia: “El que partiendo del anteriormente descrito en la fuente del lagar de la Victoria y atravesando tierras del de Piquín y hazas del Peñoncillo, pasa por la puerta del lagar del Bañuelo y su aguadero y continúa por el lagar de San Llorente hasta reunirse en tierras del de la Correa con el que se dirige a Trassierra por la fuente del Arco”. Asimismo, aparece en toda la cartografía de la época, además de haber referencias a este camino, que era el principal para ir de Córdoba a Trassierra, desde el siglo XV.

Un mes antes, puestos los hechos en conocimiento de la Policía Local de Córdoba, esta formuló una denuncia en marzo de 2021, tal y como recoge el expediente abierto por la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre este asunto, en el que ha constatado que las obras para instalar ese cierre del camino público se realizaron sin licencia, como avanzó en su día Cordópolis.

En aquella marcha reivindicativa de la primavera de 2021 para exigir la apertura del camino, uno de los activistas integrantes de la plataforma A Desalambrar de Córdoba, Manuel Trujillo, cortó un alambre de espino como “gesto simbólico” contra el cierre del sendero público. La propiedad de la finca que instaló la cancela y la valla lo llevó a juicio, del que fue absuelto el pasado mes de mayo al considerar la jueza que su intención al cortar la alambrada “no era la de causar un perjuicio patrimonial”, sino que su comportamiento “iba dirigido a conminar” al propietario de la finca que cierra el paso por el camino público “a retirar las vallas y candados que impedían el libre acceso” por el camino de El Bañuelo, según el fallo de la sentencia, que ha sido recurrida.

Ahora, este segundo juicio por el cierre del camino público llega tras una denuncia contra la propiedad de la finca y la Justicia deberá pronunciarse.

En el plano de la administración, según las Ordenanzas de Usos de Caminos de Córdoba, aprobadas en el año 2010, es una infracción muy grave “la instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que merme la accesibilidad de forma injustificada, impida totalmente el tránsito o genere un elevado riesgo para la seguridad de personas y bienes que circulen por los caminos públicos municipales, o el acceso a fuentes, abrevaderos y alcubillas de uso público”, castigada con multa de entre 15.025,31 a 30.050,61 euros.