Urbanismo constata que el cierre del camino público de El Bañuelo se hizo sin licencia

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha constatado que las obras para instalar un cierre en el camino público de El Bañuelo, en la Sierra del término municipal de la capital, se realizaron sin licencia para ello. Técnicos de Urbanismo hicieron una visita de inspección al lugar en el pasado mes de abril y emitieron un informe en el que señalan que la instalación de la valla que cierra el tránsito por este camino público se realizó “sin título habilitante” para ello.

Además, en dicho informe del Servicio de Inspección Urbanística de la Oficina de Disciplina de Obras -al que ha tenido acceso Cordópolis-, se certifica que la Policía Local de Córdoba formuló una denuncia ya en marzo del año anterior, en 2021, donde se identificó una infracción por el cierre que la propiedad de la finca que atraviesa el camino de El Bañuelo había instalado. Este cierre fue denunciado en ese momento por la plataforma A Desalambrar, que entre otras cuestiones trabaja por la conservación de los caminos públicos y vías pecuarias.

El camino de El Bañuelo aparece recogido con el número 27 en el Inventario Municipal del Ayuntamiento de Córdoba que reproduce el anterior inventario que data de 1884 donde también aparece este camino con la siguiente referencia: “El que partiendo del anteriormente descrito en la fuente del lagar de la Victoria y atravesando tierras del de Piquín y hazas del Peñoncillo, pasa por la puerta del lagar del Bañuelo y su aguadero y continúa por el lagar de San Llorente hasta reunirse en tierras del de la Correa con el que se dirige a Trassierra por la fuente del Arco”. Asimismo, aparece en toda la cartografía de la época, además de haber referencias a este camino, que era el principal para ir de Córdoba a la barriada de Trassierra, desde el siglo XV.

De dichas referencias históricas y su certificación como camino público inventariado por el Ayuntamiento se da cuenta en el informe referenciando a su vez dos informes del departamento de Medio Ambiente del Consistorio, emitidos en mayo de 2021.

A partir de la denuncia y los informes de Medio Ambiente, la GMU abrió un expediente por la posible “comisión de una infracción urbanística” por parte de la propiedad de la finca que había cerrado el paso por el camino de El Bañuelo. Ahora, el informe de Urbanismo, no obstante, no entra en la legalidad o no de cerrar el tránsito de un camino público, sino que se centra en la ilegalidad de haber ejecutado las obras para cerrar el paso sin los permisos pertinentes.

Inspección urbanística: actuaciones sin permiso

En este sentido, la GMU expone que el pasado 11 de abril se giró visita técnica de inspección al lugar “constatándose sendas actuaciones en el trazado del camino: la instalación de una valla metálica, abierta en esta ocasión, y la reposición de una alambrada metálica que sí impedía el tránsito por el mismo”. “Ambas actuaciones se han llevado a cabo sin contar con el preceptivo título habilitante”, certifica.

“Los actos realizados pueden ser calificados como presunta infracción urbanística”, detalle el escrito. No obstante, señala que las actuaciones denunciadas “son compatibles con la ordenación urbanística vigente” y desarrolla ampliamente la catalogación de suelo no urbanizable de especial protección donde se encuentra la finca y su calificaicón con la nueva ley andaluza -LISTA-, como suelo rústico preservado.

Por todo ello, el expediente de Urbanismo distingue entre un procedimiento sancionador, por un lado, y por otro un procedimiento de restablecimiento de la legalidad.

Así, Urbanismo resuelve “iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística” sobre la instalación de una valla metálica y de una alambrada en el camino de El Bañuelo identificado en el número 27 del Inventario de Caminos Públicos del Ayuntamiento de Córdoba (...) al carecer del correspondiente título habilitante para si ejecución e instalación“.

A la propiedad de la finca se le otorga un plazo de dos meses para instar la legalización de las obras denunciadas, es decir, a solicitar el permiso de Urbanismo que no tenía cuando instaló el cierre. O, en su caso, a tomar las medidas para adecuar la realidad del lugar a la legalidad territorial y urbanística. Si transcurrido esos dos meses, la propiedad hiciera caso omiso de esta resolución, “procederá la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía en casa ocasión del 10% del valor de las obras ejecutadas, con un máximo de 5.000 euros y, en todo caso y como mínimo, de 600 euros”.

Asimismo, de este informe y su resolución se da traslado a la Policía Local de Córdoba, para que actualice la información que obra en su expediente abierto por el incumplimiento de la legalidad en el cierre del camino de El Bañuelo.