Caso Torilejos: la Fiscalía mantiene los delitos pero admite que no puede acreditar la participación de los acusados

Fin al juicio que durante cinco sesiones ha intentado dar luz a la causa que ha sentado en el banquillo a 15 personas por los altercados que se produjeron hace 18 años en un camino público Torilejos, en Posadas. Este viernes, el Juzgado de lo Penal número 4 ha celebrado la última vista en la que las partes han elevado a definitivas sus conclusiones y han procedido a la lectura de los informes. La Fiscalía ha mantenido que los hechos son constitutivos de atentado, desórdenes públicos, lesiones y daños, pero ha reconocido que no ha quedado acreditada la participación concreta de los acusados.

Cabe recordar que en la primera sesión del juicio quedaron reducidas las penas de prisión debido a la incomparecencia de unos de los acusados. Para evitar la suspensión y celebrar el plenario sin este procesado, el cómputo total de las penas de cárcel no podía exceder de los cinco años de prisión, por lo que las acusaciones acordaron para los acusados un año de prisión por desórdenes públicos, dos años de cárcel por un delito de atentado contra la autoridad y otro, por lesiones.

Durante la lectura de su escrito de acusación, la Fiscalía ha modificado algunos puntos tras la celebración de las cinco sesiones. En primer lugar, ha suprimido el delito de lesiones sobre un agente de la Guardia Civil porque las mismas no se produjeron durante este incidente, sino en un segundo que tuvo lugar en el campo de tiro durante la noche de aquel 14 de septiembre. En consecuencia, su escrito recoge seis faltas de lesiones y uno delito de maltrato de obra. Respecto a las lesiones que sufrió un segundo agente, la Fiscalía ha ajustado la responsabilidad civil a 6.300 euros por los días de incapacidad y 3.000 euros por las secuelas.

El resto de su acusación lo ha mantenido inalterado. Sin embargo, ha reconocido que “muchos de los testigos o casi todos nos dicen que vieron lanzar piedras, pero ninguno de ellos nos dice quién lanzó piedras y le ocasionó dichas lesiones”, dejando a criterio de la magistrada “la valoración de la prueba que aquí se ha practicado y si entiende que es suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia”.

“Ahora se está cuestionando el respeto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”

Uno de los abogados de las acusaciones, Federico Roca de Torres, ha defendido a los agentes y ha asegurado que “los hechos han quedado probados y son conforme a derecho”. Según él, “se ha intentado crear por parte de los organizadores una nebulosa para eximirse de la responsabilidad penal”, y la actuación de los acusados estaba “perfectamente organizada, fue una estrategia propia de una batalla donde una de las partes fue víctima y sorprendida en la confianza de que esa manifestación y convocatoria se desarrollara de forma pacífica”.

Comparando los incidentes con la “batalla del Caballo Loco”, ha afirmado que “no los mataron [a los agentes] porque se refugiaron en los coches policiales”, y que “la chispa que prende esto es la rotura de la cancela, que podía haber sido más grave para la Guardia Civil y también para otros que sufrieron lesiones, pero estaban en la legítima defensa de la Guardia Civil”.

Roca de Torres ha defendido la actuación de los agentes frente a acusaciones de iniciar la agresión. Sobre la valoración moral de los hechos, ha señalado que “ha habido una evolución, ni positiva ni negativa, de esa ética y esa moral imperante en ese momento, muy diferente a la de ahora”, y que “hay que retrotraerse al sentido de autoridad, de cumplimiento de orden, de acatamiento y respeto a las fuerzas de seguridad del Estado”.

“En 43 años de ejercicio no he visto un juicio como este”

El segundo letrado de la acusación, Álvaro Moreno Pla, ha intervenido destacando la singularidad del proceso y ha felicitado a la jueza por coger “este toro por los cuernos” y por poner a las partes “en cintura, porque era muy fácil caer en demagogia y absurdos”.

Seguidamente, el abogado ha asegurado que en “43 años de ejercicio” no había visto el comportamiento “de un acusado tan lamentable, ofensivo, injusto para todos los demás, incluso los demás acusados, y consideramos a todas luces instigador y líder necesario para que estemos aquí”. El letrado se estaba refiriendo en ese momento al procesado, también abogado, que no ha comparecido en ninguna sesión y que ha sido señalado por algunos testigos como el instigador“. Durante los casi 18 años transcurridos desde los hechos, este acusado ha presentado numerosos recursos, escritos y recusaciones que, a juicio de este letrado, ha generado ”un exceso de documentación que en buena parte es prescindible“, dificultando la labor judicial y alargando de manera innecesaria la resolución del caso.

En relación con los acusados, Moreno Pla ha recriminado que ninguno le puede “dar clase de ecologismo, derechos ni caminos”. “He asistido a alguna actividad de A Desalambrar -que merece todo el respecto porque está consiguiendo algo que la administración se negaba a cumplir, que es reconocer los derechos de libre tránsito por caminos públicos”, ha apuntado. Sin embargo, ha precisado que “una cosa es el ecologismo y otra, la delincuencia”.

Las defensas piden sentencias absolutorias

Por último, los nueve letrados de la defensa han solicitado la absolución de todos los acusados ante la ausencia de prueba de cargo y de la ausencia de una “identificación con rigor y con los estándares constitucionales”, ha apuntado el letrado Javier Vilaplana, mismo argumento que el resto de los abogados de la defensa.