La Audiencia Nacional acuerda mantener en prisión a un conductor que escoltaba a un camión con cocaína por la A-4 en Córdoba

La Audiencia Nacional ha acordado mantener en prisión provisional al hombre que conducía un coche que escoltaba un camión cargado con cocaína interceptado en Córdoba en octubre de 2024 dentro de una operación internacional contra el tráfico de drogas. Hay que recordar que en aquella intervenicón se detuvieron a cuatro personas.

La resolución desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del procesado contra la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 6, que ya había rechazado su petición de libertad el 7 de julio de este año.

En la causa se investiga a una organización criminal transnacional dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína en España desde Costa Rica, utilizando empresas de alimentación como tapadera. Según el auto de la Audiencia Nacional, el 17 de octubre de 2024, varios miembros del grupo se reunieron en Sabadell para coordinar la llegada de un envío. Días después, el 24 de octubre, los investigadores siguieron un camión con un contenedor sospechoso que había salido del Puerto de Sevilla, acompañado por un vehículo Seat León Cupra que realizaba labores de contravigilancia.

Ese vehículo, según la resolución judicial, era conducido por este procesado, quien actuaba junto a otro de los investigados para vigilar posibles seguimientos policiales. Ambos fueron seguidos por los agentes hasta Córdoba, donde el convoy fue interceptado en la autovía A-4.

En el interior del camión, los agentes hallaron 298 paquetes de cocaína, lo que la Audiencia ha calificado como una cantidad de “notoria importancia y extrema gravedad”. Tanto el conductor del camión como los ocupantes del coche fueron detenidos en el acto.

En su recurso, la defensa del acusado alegó que su cliente contaba con arraigo familiar y laboral en España, que su participación en los hechos había sido secundaria y que se comprometía a comparecer ante el tribunal siempre que fuera citado. Además, ofreció prestar una fianza como medida alternativa a la prisión. El Ministerio Fiscal, sin embargo, se opuso a su puesta en libertad y solicitó confirmar la prisión provisional, al considerar que se trataba de un delito de tráfico internacional de drogas de especial gravedad, con penas que pueden superar los 15 años de cárcel, y que existía un riesgo evidente de fuga.

Pero para la Audiencia Nacional, no se ha producido ningún cambio relevante que justifique otorgarle la libertad provisional. En su argumentación, el tribunal ha subrayado que los argumentos de arraigo presentados por la defensa “no neutralizan el riesgo” que conlleva la gravedad de los delitos y la posible pena. La decisión es firme y contra ella no cabe recurso.