La arqueóloga imputada por no ver un reloj de sol romano dijo al juez que la tierra estaba sembrada de trigo

La arqueóloga municipal de Espejo (Córdoba) imputada tras una denuncia en la que se investiga un supuesto informe “falso”, según la acusación, reconoció ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número ocho de Córdoba que no vio restos arqueológicos en una inspección visual en el terreno donde meses después se halló un reloj de sol de época romana, argumentando que la mayor parte del terreno estaba cultivado de trigo. Según consta en su declaración, realizada a finales del pasado mes de septiembre y a la que ha tenido acceso este periódico, la arqueóloga sostiene que realizó la prospección visual en mayo de 2018, con el trigo sembrado y ya alto. En esa prospección, por tanto, no vio resto arqueológico alguno.

El informe de la arqueóloga sirvió para declarar de interés público el proyecto de la planta fotovoltaica que la empresa Utrilla Hive quiere construir en la finca El Salobral de Espejo y, con ello, a la expropiación automática de 77 hectáreas de terreno. Frente a ello, los propietarios de la finca encargaron un segundo informe arqueológico que derivó en el hallazgo del reloj solar romano, una pieza única de la que solo hay otras dos similares en la Bética y apenas una treintena en la Península Ibérica.

Con ese segundo informe, la familia presentó una denuncia ante la Guardia Civil al considerar que la empresa de la planta fotovoltaica había evacuado un informe “falso” que habría supuesto el desbloqueo administrativo de su proyecto. El Instituto Armado abrió una investigación al respecto, que ha acabado con la arqueóloga imputada.

La técnica fue interrogada por su abogado y por el de la acusación. La acusación le interrogó por su informe y las fechas. Así, expuso que las fotografías que acompañaban al informe eran de un paraje en barbecho, pero que el documento estaba fechado en mayo, cuando la zona ya estaba sembrada de trigo. Según consta en la transcripción de su declaración, la arqueóloga sostuvo que las imágenes se corresponden a un primer informe, en noviembre de 2017, pero que realizó un segundo después de que el inspector jefe de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba se pusiera en contacto con ella y le dijera que “tenía que haber hecho un proyecto previo antes”.

Así, y “para que la Delegación de Cultura le autorizase a la declarante a hacer las prospecciones arqueológicas”, se describe en las transcripciones, “ella hizo ese proyecto pero lógicamente con posterioridad a hacer las prospecciones arqueológicas”. Así, y “una vez que ella remitió el proyecto a la Delegación de Cultura” y recibió la correspondiente autorización, “ella vuelve a ir a la parcela y como ya estaba sembrado el trigo no hizo prospección alguna aunque anduvo el terreno”.

A preguntas del abogado de la acusación, la arqueóloga admitió que “es cierto que en su informe” destacó que había llevado a cabo los trabajos de estudio y documentación gráfica de la finca , pero “que cuando se refiere al estudio se esta refiriendo al paseo que se dio para comprobar si había restos arqueológicos”.

Por otra parte, ante la jueza la arqueóloga aseguró que el resultado de su informe es “negativo” en cuanto a la presencia de restos arqueológicos, pero que no puede afirmar “que subterráneamente hubiera algún resto”. Ante esto, recomendó un seguimiento arqueológico de las obras de construcción de la planta fotovoltaica.

Además, en su declaración, la arqueóloga admite que el primer informe de noviembre lo hizo y se lo entregó a uno de los responsables del proyecto de la construcción de la fotovoltaica. Así, sostiene que las primeras prospecciones arqueológicas en el terreno las llevó a cabo cuando aún no se había declarado la zona de utilidad pública “sin autorización previa”, en noviembre de 2017, ya que el asunto “lo tenía hablado” con uno de los técnicos de la futura construcción y el arqueólogo jefe de Cultura, sostuvo a preguntas de la acusación.

Con la apertura de la investigación por la Guardia Civil, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y el arqueólogo jefe de la Junta de Andalucía visitaron la finca objeto del litigio, mientras el reloj solar de época romana fue trasladado al Museo Arqueológico de Córdoba y los propietarios del terreno han pedido que la Junta de Andalucía revierta la declaración de interés público de la planta fotovoltaica.

Una gran villa romana a las afueras de Uccubi

El informe arqueológico encargado por la propiedad de la finca señala que en El Salobral y en la finca de Bañuelos hay restos. Y muchos. Según el documento, firmado por la empresa Arqueología y Gestión, los arqueólogos se dieron una vuelta por la zona y comprobaron cómo en superficie había una gran cantidad de restos de todo tipo. Muchos han sido aflorados a lo largo de los años por el habitual laboreo de la tierra, dedicada principalmente al cereal. Y la mayor parte formarían parte de una gran villa romana localizada a las afueras de la antigua ciudad de Uccubi (Espejo).

El principal hallazgo ha sido el del reloj de sol. Los arqueólogos, incluso, lo han llegado a montar sobre el terreno y han comprobado su gran estado de conservación, casi 2.000 años después de que adornase el exterior de una lujosa villa romana. El reloj ha sido trasladado por el Seprona al Museo Arqueológico de Córdoba, donde ya está siendo analizado. Mientras, en la zona, señala el documento, existe la evidencia de importantes restos que no estarían muy dañados. El laboreo en la zona no se ha hecho a una media de más de medio metro de profundidad, lo que habría dejado espacio para la conservación de las estructuras.

Aparte, se han encontrado varios pozos que alimentarían otra zona de aljibes cercana, según plantea el documento, que señala que según estudios anteriores ya se comprobó la existencia de una zona habitada de época tardorromana y visigoda en los años setenta, cuando se propuso el cultivo de la vid en la zona. De hecho, ese yacimiento está incluido en el inventario del Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía (IAPH).

La denuncia

Con ese informe en la mano, la familia acudió a la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, donde interpuso la correspondiente denuncia. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, plantea incluso la extrañeza de que la arqueóloga que lo firma es militante del PSOE de Espejo, el partido que gobierna en el Ayuntamiento, y hermana de una concejala.

La empresa fotovoltaica ya ha obtenido la correspondiente licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Espejo. No obstante, la familia está recurriendo esta decisión administrativa.

Cultura autorizó catas arqueológicas en la zona para comprobar la existencia de estructuras o algún yacimiento importante. Las catas fueron negativas, aunque fuentes cercanas a la familia sostienen que no se realizaron en los lugares en los que más restos de cerámica se han encontrado.

Ahora, y tras la declaración de la arqueóloga, la jueza está pendiente de los correspondientes escritos tanto de la defensa y la acusación para determinar si tiene que ampliar diligencias, citar como investigadas a más personas o sobreseer la causa. En principio, se han admitido ya las primeras alegaciones de la acusación para seguir adelante con la instrucción del caso.