La salud y la dependencia suman casi el 40% de las quejas al Defensor desde Córdoba en políticas sobre las personas

Las cuestiones relacionadas con la salud y la dependencia suman casi el 40% de las reclamaciones relativas a políticas sobre las personas que llegaron al Defensor del Pueblo andaluz desde la provincia de Córdoba durante el pasado ejercicio 2024.

En la provincia de Córdoba, en relación a la sanidad y las quejas sobre la atención en salud, el informe señala que en la provincia de Córdoba estas reclamaciones ocuparon el 20,5% del total de las del ámbito de políticas sobre las personas, mientras que las relacionadas con la atención a la dependencia supusieron el 18,5%. Ambas sumaron, así, el 39% del total.

Así se desprende del informe anual que el Defensor ha presentado en el Parlamento de Andalucía, recogiendo todas las quejas y actuaciones que esta institución ha llevado a cabo durante el pasado año. Como síntesis general, las reclamaciones sobre políticas que afectan directamente a las personas han copado las quejas, con la salud, la dependencia y la vivienda en cabeza, sumando el 59% de las recibidas desde Córdoba.

El informe del Defensor indica que, durante el último año, “como en los precedentes, hemos seguido enfrentando desafíos como la sobrecarga del sistema de Atención Primaria, las interminables listas de espera o la falta de facultativos/as de determinadas especialidades, en particular en algunas áreas sanitarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía”.

Más de dos años de espera en Dependencia

En cuanto a Dependencia, con el 18,5% de las quejas de políticas sobre las personas, el informe indica que “los tiempos de respuesta para la valoración siguen siendo no inferiores a la anualidad y en numerosos casos resultan excesivos”, entre los que cita la provincia de Córdoba donde “encontramos tiempos de incluso dos años, con solicitudes pendientes que datan de 2022, no atendidas o atendidas en 2024, frente a la exigencia de este derecho subjetivo en seis meses”. 

En este sentido, el Defensor precisa que “la Delegación Territorial de Córdoba recoge en sus informes respuestas bastante más tempranas en la valoración para la revisión de grado, que, sin embargo, se truncan por el lento avance del volcado de datos desde el sistema transitorio, que retrasa el dictado de la resolución”.

En lo alusivo a las revisiones de grado, por otra parte, el Defensor constata que “hemos experimentado un fenómeno hasta ahora desconocido, que se concreta en la práctica equiparación entre el número de quejas fundadas en la dilación en la valoración inicial del grado de dependencia y las que se suscitan en torno a la revisión de la situación solicitada a instancia de parte por el empeoramiento”.

Por eso, cree que “todo ello, en conjunción, supone un verdadero desequilibrio del sistema y agrava un momento de tránsito de por sí inestable, hasta el punto de que las revisiones de grado acumulan las mayores demoras, aunque no en todas las provincias por igual. Mención especial dedicamos también a las dilaciones en las valoraciones de la discapacidad y en cómo frustran los derechos de las personas con discapacidad. Unos derechos que no pueden ser invocados mientras tanto no se les haya reconocido el grado de discapacidad, dejando a estas personas en un limbo jurídico”.

Por otra parte, la gestión sobre asuntos relacionados con la discapacidad suma el 15,3% de las reclamaciones al Defensor desde Córdoba y el 14,8% son asuntos sobre vivienda.