Ecocidio y trabajo esclavo tras la soja brasileña que alimenta las granjas españolas

“La lucha es el rumbo”. La abogada Juliana de Athayde, portavoz de la Asociación de Abogados de Trabajadores Rurales (AATR) de Brasil, cita a Eugenio Lira, un activista brasileño, cuando reconoce las dificultades que está afrontando un territorio enorme de su país, la sabana de El Cerrado, una zona monopolizada por el cultivo de soja en la que se está produciendo “un ecocidio” sobre el que pide a los españoles que tomen conciencia.

Athayde está de visita en España acompañada de la periodista Pollyana de Carmo, miembro de la asociación de periodismo de investigación y defensa de los derechos humanos Repórter Brasil, que lleva años siguiendo el rastro de sangre y devastación que deja el negocio de la soja en Brasil para que llegue al resto del mundo, incluida España, como alimento para ganado y como “biodiesel” para maquinaria pesada.

Los datos van primero: “El 70% de la producción de soja de Brasil va para China. Después va la Unión Europea y, dentro de la Unión Europea, España es el primer país que consume la soja brasileña”, explica Pollyana de Carmo. La cuestión es si quienes engordan las vacas españolas y llenan los depósitos europeos a partir de esta materia prima son conscientes de lo que hay detrás: “Hablamos de un modelo que, además deforestar un ecosistema, viola los derechos humanos de las comunidades que viven en él, obliga a desplazarse a la población local, fomenta el trabajo esclavo, corrompe a los propietarios y, en general, trae efectos ambientales nefastos”, resume Juliana de Athayde.

La abogada y activista aclara que esto no es algo que solamente digan ellas y recuerda que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó al Estado brasileño y a todos los países que se han beneficiado por “ecocidio” contra El Cerrado, introduciendo, además, el término genocidio para referirse al trato que han dispensado a la población indígena y natural de este espacio las multinacionales (Cargill y Bunge, principalmente), con la connivencia del estado brasileño y los países que se benefician del mercado internacional de soja.

“Todo ecocidio es un genocidio”

El veredicto, de hecho, vino a decir que “todo genocidio es un ecocidio y que todo ecocidio es un genocidio”. Aquella sentencia recordaba que El Cerrado es una región que ocupa casi un tercio de Brasil, es la cuna de todas las cuencas hidrográficas del país y supone el 5% de la biodiversidad de todo el planeta. También reflejaba meridianamente que el ansia de expansión de los latifundistas y las multinacionales que han fomentado el monocultivo de la soja prácticamente ha tratado de eliminar los territorios tradicionales. En este sentido, Pollyana de Carmo explica que en El Cerrado hay 215 territorios, donde viven 86 etnias indígenas y 44 comunidades quilombolas (poblaciones afrodescendientes). 

Además, mientras se ataca y mata a la población, desaparece el medio en el que viven, transformándose únicamente en campos de soja. Así, en las últimas dos décadas, 13,47 millones de hectáreas de vegetación nativa ha desaparecido. Juliana de Athayde muestra los mapas que evidencian que, allí donde desaparece la vegetación primigenia, es justo donde se multiplica y expande sin control el cultivo de soja.

La sentencia del TPP es de 2022. Desde entonces, en Brasil ha habido un cambio de gobierno, con la vuelta de Lula da Silva. Para estas dos activistas, que han visitado España a través de Ecologistas en Acción, la vuelta de Lula ha traído cierta esperanza, aunque no cambios significativos para El Cerrado.

La vuelta de Lula y el papel de la Unión Europea

“Todavía no hemos visto un cambio, pero, después de todo el retroceso en libertades sociales y en expresión de los movimientos y consejos participativos que ha habido en la época del gobierno de Bolsonaro, sí se percibe que Lula ha vuelto a legitimar toda la actividad de los movimientos sociales”, afirma Pollyana de Carmo, que recuerda que, con el anterior gobierno, hubo “una persecución enorme e incluso muertes” dentro del movimiento activista.

De puertas para afuera, la visita de estas dos activistas a España se ha cerrado con una reunión con el Ministerio de Industria. Juliana y Pollyana apuntan que esto ya es un logro, en tanto a que su viaje no tiene otra intención que la de mostrar la realidad de El Cerrado y lograr que España se conciencie de que no puede seguir siendo “connivente” con lo que allí ocurre.

“España y la Unión Europea tienen que hacer un seguimiento de los productos que importan y tienen que exigir responsabilidades a aquellas empresas que están detrás del daño medioambiental y la violencia que está habiendo contra los territorios originales”, reflexiona Juliana de Athayde, mientras que Pollyana reclama que se cree una figura internacional de protección para la zona, similar a la que ya hay en el Amazonas.

En última instancia, ambas activistas apuestan por repensar la lógica de producción que está convirtiendo El Cerrado en un campo de “soja manchada de sangre”. Y no sólo eso: “No basta con proponer el cambio, sino crear una alternativa a ese cambio”, dice Juliana de Athayde.

Ella, además, no se muestra partidaria de trasladar la responsabilidad a los consumidores, sino de hacer pedagogía con ellos para que pidan a sus gobiernos que frenen el ecocidio que se está cometiendo en una de las zonas más biodiversas del planeta y de cuya sangre derramada se alimentan, en buena medida, las granjas de ganadería intensiva que hay en España y Europa, y los tractores que cultivan las tierras.