Denuncian que los extintores de los aparcamientos del hospital Reina Sofía de Córdoba llevan un año caducados

La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Reina Sofía denuncia la “flagrante ilegalidad que está cometiendo la empresa concesionaria del mantenimiento de los extintores de los aparcamientos del hospital universitario Reina Sofía de la capital cordobesa, ya que ha pasado prácticamente un año desde que deberían haber sido revisados en septiembre de 2023, lo que provoca la caducidad del contenido y la presión interna que disponen comprendida entre 15-17bar para cumplir con su función ante cualquier incendio”. Por lo tanto, l“os extintores que actualmente existen en el lugar son meramente decorativos, siendo un engaño y una trampa para la seguridad contra incendios. Esta situación afecta tanto a la zona de estacionamiento general como la del área de Urgencias”, aseguran.

Este escenario “evidencia la finalidad de la concesión que en marzo de 2020, en plena pandemia, hizo el exconsejero de Salud y Familias Jesús Aguirre, junto con la delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella, la exdirectora del hospital, Valle García (actualmente Gerente del Servicio Andaluz de Salud), y el director de servicios generales del Reina Sofía, José Luis Gómez de Hita”, expone la plataforma.

Según establece el pliego de prescripciones técnicas, la concesionaria Estacionamientos y Servicios SAU (EYSA) no solo tenía la obligación de instalar un extintor cada 15 metros, sino también llevar a cabo el mantenimiento de estos dispositivos tal y como establece el Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Así las cosas, la plataforma advierte que dicho incumplimiento de EYSA estaría poniendo en riesgo la seguridad e integridad de los vehículos estacionados y de las cientos de personas que cada día transitan por los distintos aparcamientos que forman parte de este complejo hospitalario.

Transcurridos más de tres años desde que esta empresa se hiciese cargo de la gestión de estos espacios, la Plataforma Ciudadana Aparcamientos Reina Sofía se pregunta qué han valorado los responsables del hospital en las comisiones de seguimiento que supuestamente hayan podido celebrar sobre el cumplimiento por parte de EYSA del contrato de concesión de los aparcamientos, más allá de lo satisfecha que pueda estar la concesionaria en base a la recaudación que viene haciendo durante estos años a aquellas personas que, por salud, debe acudir al hospital.

EYSA hizo una estimación económica a la finalización del contrato de tres años con un cálculo de cash flow (beneficio neto más amortizaciones) de 486.028 euros o, lo que es igual, 15.500 euros al mes. Dichos ingresos, al parecer, no son suficientes ni tan siquiera para realizar las obligatorias revisiones anuales de los extintores contra incendios.

Denuncia ante la Consejería de Salud y Consumo y la de Industria, Energía y Minas

Por todo ello, este colectivo ciudadano ha denunciado a EYSA ante la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía por el incumplimiento total o parcial en la ejecución de la prestación principal definida en el objeto del contrato, siendo este motivo más que suficiente de quedar resuelto de manera inmediata.

Así lo dispone el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el propio pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato para la concesión de servicios para la gestión de determinados aparcamientos del Hospital Universitario Reina Sofía en su punto 10.1, referente a las penalidades administrativas.

Dicho pliego califica como faltas graves el incumplimiento de la obligación de dotar de extintores o el inadecuado mantenimiento o legalización de estos. Por este motivo, la plataforma también ha puesto en conocimiento de la Consejería de Industria, Energía y Minas la presunta responsabilidad de EYSA sobre el incumplimiento del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Esta irregularidad acarrearía multas de hasta 6.000.000 euros, según establece la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Por último, este colectivo señala que con esta situación se demuestra, por parte de los principales impulsores de la privatización, una clara dejación de funciones sobre el control, vigilancia y cumplimiento de la concesión. Con la más que evidente falta de actuación de los responsables del Hospital Reina Sofía se está permitiendo que la empresa concesionaria vulnere claramente el pliego de prescripciones técnicas, consintiendo la falta de medidas en vigor de protección contra incendios en estos aparcamientos. Ante esta inoperatividad, la plataforma exige a los responsables el cese de sus cargos.