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El acoso a una profesora de Córdoba da lugar a un protocolo para que los docentes sepan cómo actuar

Iluminada García, profesora que ha elaborado el protocolo ante acoso al profesorado

Alejandra Luque

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Iluminada García, profesora de Secundaria, vivió hace dos años una experiencia que, aún hoy, no sabe encontrarle explicación alguna. Fue denunciada por una de sus alumnas, apartada de la docencia y sometida a la instrucción de un procedimiento judicial que acabó archivándose. Cuando se vio envuelta en una situación de acoso que ella misma reconoce, sintió las lagunas que encierra el sistema educativo. El miedo y la soledad, además, son sentimientos que la acompañaron en todo el proceso. Ahora, dos años después y tras mucha ayuda, ha elaborado un protocolo de actuación anti acoso a docentes que será presentado en el Centro de Profesorado (CEP) Luisa Revuelta.

Esta profesora aprobó la oposición en 2006 y ha estado destinada en el IES Guadalquivir. Allí aprobó sus prácticas “con la máxima nota” y decidió quedarse. Seis años después, Educación le comunicó su paso al IES Puente de Alcolea, centro en el que ocurrieron los hechos durante el curso 2018/2019. Relacionada con temas de convivencia, García gestionó con los alumnos de 4 de ESO el viaje de fin de curso y la recaudación de dinero para que las familias tuvieran que aportar lo menos posible. Se decidió entonces vender mantecados durante la época navideña. “La condición es que si no van al viaje, el dinero recaudado tiene que ser para la clase. No puede haber ninguna actividad lucrativa”. Sin embargo, relata la profesora, esta alumna “decidió quedarse con los 900 euros recaudados”, hecho que la docente comunicó en un grupo de Whatsapp. A esta situación se une, cree la profesora, una conversación que tuvo con el grupo de amigas de esta alumna. “Tanto ese grupo como otro estaban enfrentados simplemente por tonterías. Yo no podía irme al viaje de fin de curso en esa situación porque vamos a Roma y París y, si se perdían, no eran capaces de colaborar entre ellas. Pensé que había que arreglarlo y hablé con sus amigas. Se dieron cuenta de que eran tonterías y cosas de adolescentes. Hablaron entre ellas y lo arreglaron”.

Recuerda que a esta alumna ni siquiera le daba clase y tan sólo trataba con ella para cuestiones del viaje u otros eventos del centro. Pero el 12 de marzo recibió la notificación de una denuncia por vejaciones, humillaciones y amenaza de muerte. “Yo no sabía ni de qué me estaban hablando”. En la demanda se hacía mención a una supuesta amenaza de la profesora hacia la niña. Preguntó a sus compañeras si recordaban que ella hubiera dicho “algo de un río” y las alumnas la pusieron en situación. “Cuando estuve organizando el viaje, desde la agencia me dijeron que las habitaciones tenían que ser de tres o de cuatro personas. Me entregaron las listas que se habían agrupado de dos en dos. Dije que eso no era válido y que si no lo arreglaban iba a tirar por orden de lista. La respuesta de esta alumna fue: 'Como hagas eso va a correr la sangre'. Me lo tomé a guasa y le dije que sí”. Esta situación se unía, además, “a las peticiones constantes de la familia de la niña por que me abrieran expediente”.

Tras la denuncia, García estuvo un mes de baja. Durante todo el proceso echó en falta algún protocolo u hoja de ruta desde Educación. “Desde Inspección no hicieron nada porque no hay nada. Sólo te ponen un abogado”. Actualmente, los protocolos de actuación estipulados por la Junta de Andalucía relacionados estrictamente con el profesorado hacen alusión a agresiones físicas. “Pero en este caso no se había producido eso así que, no se hizo nada y lo que yo viví fue una situación de acoso continuada”. La profesora, que se encontraba sola viviendo en Córdoba, estuvo recibiendo tratamiento psicológico durante los meses siguientes a la denuncia. Cuenta que ni el director “sabía qué hacer” porque no recibieron ningunas pautas.

En sede judicial, y tras escuchar su declaración, la de varios testigos y la de la acusación, la jueza decidió archivar el caso, siguiendo las tesis del Ministerio Fiscal. “La familia se agarró a que yo la estaba humillando porque dije que había robado esos 900 euros, cantidad que se quedó y que no devolvió a sus compañeros”. Con el caso cerrado, García se dio cuenta de que “no podía denunciar a la familia porque no tenía nada, como quien dice. No es justo que a ti te machaquen, te destrocen la vida y tú no puedas hacer nada”. El shock post-traumático que sufrió le duró varios meses, aunque ella decidió volver a dar clase, a pesar de que Inspección le propuso su marcha del instituto.

El primer día de su vuelta al centro encontró el respaldo de sus alumnos, que nada más verla “comenzaron a aplaudir”. A pesar de sus ganas de impartir docencia y de que la menor ya no estaba en el instituto, García iba con miedo. “Nunca me movía sola. Siempre me acompañaban mis alumnos, que incluso llegaron a recoger firmas para que yo volviera”.

Su experiencia le hizo poner en marcha un protocolo que ha elaborado gracias a la ayuda de sindicatos y del director del centro, José Rafael García León. La primera parte del docuemnto se refiere a las cuestiones legales en las que se enmarcan situaciones de acoso, denuncia y violencia al profesorado mientras que la segunda apunta a una cuestión básica para la profesora: el acompañamiento al docente acosado. “Yo estuve sola cuando hablé con el inspector de Educación y también lo estuve cuando fui al juzgado. Esa soledad pesa mucho”. Este protocolo es tan sólo un esbozo para que otros profesionales y docentes lo completen, poder elevarlo a Educación y que sea de obligado cumplimiento en los centros. Para ello, las previsiones de García es presentarlo durante este mes de marzo en el CEP Luisa Revuelta y empezar a poner diques a unas situaciones de acoso que, tal y como explica, están aumentado mucho entre el profesorado.

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