El Ayuntamiento de Córdoba descarta pedir al Gobierno una prórroga de la moratoria antidesahucios

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha rechazado una moción en la que se instaba al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a prorrogar la moratoria de desahucios y a la promoción de una ley que dote de estabilidad a estas medidas de protección para las familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, presentada por el grupo municipal Hacemos Córdoba, fue desestimada al contar con el voto en contra de la mayoría absoluta del PP, al que se sumó Vox.

Más allá del propósito de la moción, el debate se ha centrado en el equilibrio entre la defensa de la propiedad privada y la garantía de los derechos constitucionales de las familias vulnerables, en un contexto marcado por la escasez de vivienda asequible (según los proponentes, Hacemos Córdoba y el PSOE) y el aumento de los conflictos habitacionales como la inquiocupación (según el PP y Vox).

Durante la sesión intervinieron representantes de la Plataforma 15M Stop Desahucios, Catalina Ortega y Leticia Aguilar, quienes defendieron la necesidad de mantener la moratoria. Han recordado que la plataforma, que cumple 15 años de trayectoria y fue distinguida con la Medalla de Oro de la ciudad de Córdoba, surgió al calor del movimiento 15M como respuesta a lo que califican como “la peor de las violencias” sufridas por miles de familias tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

Las portavoces señalaron que, en la actualidad, el principal adversario de la plataforma son los denominados fondos buitre, que adquirieron hipotecas y viviendas a precios muy inferiores a su valor real. Según expusieron, estos fondos concentran grandes volúmenes de capital y operan a través de sociedades instrumentales para ejecutar hipotecas o desalojar a inquilinos. Entre los responsables de estos grupos, han mencionado incluso a figuras de gran poder económico, entre ellas Steve Feinberg, actual subsecretario de Defensa de Estados Unidos en la administración de Donald Trump.

Desde Stop Desahucios se reconoció que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, que dio origen a la moratoria, resulta insuficiente y no soluciona el problema estructural de acceso a la vivienda. No obstante, defendieron que su prórroga es “imprescindible” mientras no se adopten soluciones más eficaces y estables. De acuerdo con sus datos, la moratoria ha permitido paralizar en torno a 60.000 desahucios en todo el país, correspondientes a familias vulnerables sin alternativa habitacional que residen en viviendas propiedad de grandes tenedores.

Vulnerabilidad y aplicación de la norma

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, agradeció a la plataforma su “trabajo incansable” en defensa del derecho a una vivienda digna, recogido en el artículo 47 de la Constitución, y apeló a los grupos municipales a actuar con “altura de miras, responsabilidad y empatía”, evitando, a su juicio, los “tacticismos políticos”. Hidalgo dedicó buena parte de su intervención a rebatir los argumentos de PP y Vox, a los que acusó de mostrar un “desconocimiento” de la normativa vigente. Precisó que la moratoria no constituye un “coladero”, ya que solo se aplica cuando el propietario dispone de al menos diez inmuebles y siempre que la vivienda afectada no sea ni la primera ni la segunda residencia del titular.

Asimismo, subrayó que el acceso a este “escudo social” exige un informe de vulnerabilidad emitido de manera preceptiva por los servicios sociales municipales. En este sentido, cuestionó que el PP alegara ambigüedad en la definición de vulnerabilidad cuando es la propia delegación municipal la encargada de certificarla.

El Grupo Socialista (PSOE), por medio de su portavoz Ángel Ortiz, respaldó la moción y defendió que la vivienda debe ser considerada un derecho y no una mercancía. Ortiz recordó que el decreto fue impulsado por el Gobierno de España y sostuvo que, aunque la suspensión de desahucios debe tener carácter transitorio, ha de ir acompañada de políticas estructurales, como la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Amparo para 'inquiocupas'

Tanto el Grupo Popular como Vox votaron en contra de la iniciativa, coincidiendo en la defensa de la propiedad privada, si bien con matices en sus argumentos. Por ejemplo, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, afirmó que la propiedad privada debe ser “sagrada, sea de quien sea y tenga los pisos que tenga”, y advirtió de que cuestionarla podría convertir al país en un “país salvaje”. Vox sostuvo que la moción adolecía de falta de concreción en la definición de “familia vulnerable” y expresó su temor a que la moratoria sirviera para amparar a “ocupas e inquiocupas”.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, reconoció las buenas intenciones de la propuesta, pero discrepó del instrumento planteado. Consideró que la moratoria fue una medida “meramente coyuntural” vinculada a la pandemia de la Covid-19 y rechazó su consolidación como herramienta estructural. Torrico afirmó que el 92 % de los propietarios que sufren impagos son pequeños propietarios y no grandes tenedores, y citó datos municipales que apuntan a 184 viviendas ocupadas en 2024 y 113 en 2025 en Córdoba, asegurando que existen usos “torticeros” de la moratoria.

El portavoz popular defendió la gestión del gobierno municipal, destacando el incremento de las ayudas al alquiler para personas vulnerables, que —según indicó— se han multiplicado por seis, pasando de 254.000 euros en 2018 a 1.227.000 euros en 2025.

En su turno final de réplica, Juan Hidalgo insistió en que el voto en contra del PP suponía, a su juicio, “alinearse con los fondos buitre” y mostraba “indolencia” hacia las familias vulnerables que solo pueden acogerse a la moratoria tras cumplir estrictos requisitos avalados por los servicios sociales y siempre frente a propietarios con diez o más viviendas. Solicitó al menos la abstención del Grupo Popular, al tratarse de una declaración de intenciones para trasladar el debate al Congreso.

Finalmente, el voto contrario del PP tumbó la moción, lo que fue recibido con abucheos por parte del público y con un villancico cantado por la Plataforma Stop Desahucios.