Rey Heredia pide que se archive la denuncia contra la ocupación

Los imputados junto a las personas que se han acercado para apoyarlos | MADERO CUBERO
El juez Rodríguez Lainz toma declaración a otros seis imputados de la Acampada Dignidad mientras que la Fiscalía vuelve a pedir el desalojo inmediato

La instrucción por la ocupación del antiguo colegio Rey Heredia por parte de colectivos sociales sigue adelante. Esta mañana, el titular del Juzgado 4 de la Audiencia, que investiga el caso ha tomado declaración a otros seis imputados en la causa. Antes de los interrogatorios el portavoz de la llamada Acampada Dignidad -que desde hace seis meses viene realizando actividades sociales y culturales en el inmueble- ha explicado que van a pedir que se archive la causa, alegando que el edificio abandonado es de propiedad pública y que entre los usos que le han dado, no está el de la residencia de personas, sino el de apoyo y actividades sociales. Un centenar de personas se ha concentrado a las puertas de la Audiencia para apoyar a los compañeros antes de que subiesen al despacho de Lainz. La Fiscalía ha vuelto a pedir, como ya hiciera con los primeros interrogatorios, el desalojo inmediato del inmueble. Se suma de nuevo a la petición que hace el Ayuntamiento de Córdoba, propietario del inmueble.

El número de imputados por la ocupación del antiguo grupo escolar de Rey Heredia es ya de 14 personas. Lainz ha imputado a las seis personas que el pasado 28 de enero visitaron la Acampada Dignidad, a petición del magistrado, para realizar un informe de lo que ocurría allí dentro. Como eran las 16.00, en Rey Heredia sólo había seis personas, que fueron identificadas por los agentes.

Como ya informó este periódico el pasado 28 de enero, la visita de la Policía Nacional se desarrolló en un tono muy amable y cordial, según las fuentes. Los agentes estuvieron dentro del colegio una media hora, en la que fotografiaron las dependencias y preguntaron a los responsables de la Acampada Dignidad por las actividades que realizan en su interior. A la media hora, y siempre de forma muy amable, los policías se marcharon.

El juez instruye una causa en la que el Ayuntamiento de Córdoba está personado y solicita el desalojo de la Acampada Dignidad de un edificio que es de su propiedad pero que llevaba más de dos años vacío. La denuncia que inició la instrucción judicial se produjo en la primera jornada de la ocupación, la tarde del viernes 5 de octubre. Ese día, tras una manifestación contra los recortes de las pensiones, un grupo de personas se concentró frente al colegio, cerrado desde 2011, y abrieron las puertas. A algunos de ellos la policía les ordenó que se identificasen.

Desde entonces, el centro público ha sido remozado, limpiado y puesto en marcha como centro social y nudo de lo que se ha bautizado como la Acampada Dignidad. Y todo, bajo una espada de Damocles municipal que no acaba de caer pero que amenaza, casi desde el primer día, con desalojar a los vecinos y voluntarios del histórico inmueble.

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