Rafael Gómez sobre sus deudas y embargos: “No me quitan el sueño”
Mucho menos histriónico que en comparecencia anteriores, el concejal, empresario y promotor Rafael Gómez Sánchez ha asegurado esta mañana que le da igual que el Ayuntamiento vaya a subastar este año las naves de Colecor que construyó o que mantenga una deuda. “No me quita el sueño”, ha zanjado, poco antes de entrar a la Comisión de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo. “¿Que me quedo sin estas cosas? Es que nunca he pensado tenerlas”, insistía mientras entraba a la Comisión de Licencias. “Me voy ligero de equipaje tal y como entré a este mundo”, concluía.
Ayer, en la Comisión Municipal de Hacienda, el Ayuntamiento informó a todos los grupos políticos del estado de las deudas de la empresa de Rafael Gómez, Arenal 2000, con el Ayuntamiento. En el informe trascendió que el servicio de Recaudación prevé subastar (junto a otros bienes) las naves de Colecor en este año. Además, trascendió que Arenal 2000 mantiene una deuda de casi 90 millones de euros con la Agencia Tributaria. Los dos extremos han sido confirmados esta mañana por el concejal y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba.
Rafael Gomez ha admitido que debe un dineral a Hacienda y reconoce que ha sido por que “no pagué en su día lo que tenía que pagar”. “Me están sacando cosas a subastas y lo que valía una millonada se lo están llevando por dos pesetas”, insistió. Esas deudas, según el concejal, son porque después de su detención durante la operación Malaya se quedó sin liquidez en su empresa y no pudo afrontar los pagos que le reclamaba Hacienda. Esos impagos que Hacienda le reclama están cerca de los 90 millones de euros, según la información que maneja el Ayuntamiento y que consta en el Registro Mercantil. “Llevan ya dos o tres años subastándome propiedades”, reconoció, y citó el caso de una finca en Sevilla que ha sido adquirida por “600.000 euros” a la misma persona a la que él se la compró por “10 millones”.
“¿A mí todo esto me va a quitar el sueño?”, se preguntó. “El día que el de arriba me lleve para otro lado sí que me quitará el sueño. Obtendré el descanso eterno”, concluyó.
Rafael Gómez también ha admitido que ya no dispone de propiedades en la ciudad, que todas han sido embargadas o por los bancos o por Hacienda o por el Ayuntamiento. “Que lo saquen todo a subasta”, gritó. “A ver quién es el guapo que va a venir a comprar las naves”, clamó. “No va a venir nadie a comprarlas”. Según Gómez, las naves son de los bancos. Según el Ayuntamiento, sobre las naves de Colecor pesa un embargo preventivo del Banco Popular de 27 millones de euros. Este embargo tendría que ser asumido por el futuro comprador. Por eso, y según coinciden todas las fuentes municipales consultadas, lo más probable es que la subasta se quede desierta.
El informe de Recaudación que trascendió ayer concluye con un apartado que denomina “otras consideraciones de interés” que sí que pueden aportar grandes novedades sobre el futuro de Arenal 2000 y Rafael Gómez en los próximos meses. Según los técnicos, el el Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla dictó en abril de 2012 un decreto por el que se declara insolvente a Arenal 2000. En el momento en el que este decreto sea firme, “se procederá a iniciar el procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria contra Rafael Gómez Sánchez, de conformidad con la LOUA [Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía] y el RGR [Reglamento General de Recaudación]”.
UPYD PIDE SU DIMISIÓN
Por otra parte, el consejo local de UPyD en Córdoba pide al empresario, concejal, diputado provincial y líder de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, que renuncie a su cargo hasta que pague los cerca de 40 millones de euros que debe al Ayuntamiento de la capital, por sanciones urbanísticas y conceptos tributarios, y hasta que “pueda demostrar su inocencia en el Caso Malaya”. En un comunicado, la formación magenta se muestra “radicalmente en contra de cualquier tipo de corrupción y totalmente a favor de la responsabilidad y honradez públicas”, por lo que no entiende “cómo Gómez puede seguir en su cargo después de estar imputado en uno de los casos más graves de corrupción política y de llegar a afirmar que el dinero que adeuda al Ayuntamiento, y, por tanto, a los cordobeses, lo va a pagar su prima la pelá”.
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