El PSOE dice que la CHG ahora sí contrata “legalmente”

Tareas de limpieza en el Guadalquivir, a su paso por Córdoba | MADERO CUBERO
El diputado socialista Antonio Hurtado insta al Tribunal de Cuentas a investigar las contrataciones previas de este organismo de cuenca

El PSOE de Córdoba considera que,“tras las sucesivas denuncias sobre las contrataciones de emergencia”, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) “ha rectificado y ha contratado ahora legalmente mediante el procedimiento ordinario, con publicidad y libre concurrencia, la segunda limpieza de la Ribera”.

Según ha informado a través de una nota de prensa el diputado socialista por Córdoba, Antonio Hurtado, “se han producido dos formas distintas de contratación para un mismo objeto, la limpieza del Guadalquivir a su paso por Córdoba”. Hurtado señala que “para que se haya producido esta rectificación ha habido sucesivas denuncias públicas tanto de su Grupo Parlamentario como de una Plataforma de Empleados Públicos”.

Para Hurtado, “el resultado de someterse ahora a la legalidad es muy evidente mientras un total de 63 empresas son las interesadas en la adjudicación de este contrato público de la CHG para limpiar por segunda vez la Ribera, por aproximadamente un millón de euros, los contratos que se hicieron en el 2013 fueron adjudicados a dedo, sin publicidad, sin libre concurrencia y sin ahorro económico alguno”.

El diputado socialista, que es portavoz de la Comisión del Tribunal de Cuentas, ya ha solicitado al propio Tribunal “la fiscalización de los contratos que la CHG hizo indebidamente por el procedimiento de emergencia”, como fue el caso de la limpieza del Guadalquivir a su paso por Córdoba.

Según Hurtado, “fueron un total de 39 contratos por 27 millones de euros, adjudicados a dedo, sin publicidad, ni apertura de expediente y se hicieron para contrataciones de emergencia tan irregulares e impropias como el arreglo de instalaciones de aire acondicionado, la compra de vestuario o la contratación de seguridad privada”.

También “valora la rectificación y, sobre todo, el papel de control que ha exigido este sometimiento a la ley, pero requiere de transparencia y fiscalización para que se asuman las correspondientes responsabilidades por las irregularidades y sobrecostes que se hayan producido y para que un hecho como éste no se vuelva a producir”.

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