Adelante Andalucía alerta de que el norte de la provincia está desatendido de servicios de atención a la mujer

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía (Unidas Podemos por Andalucía), Ana Naranjo, ha anunciado este sábado la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión de Igualdad del Parlamento de Andalucía para pedir una planificación “ordenada y efectiva” de los recursos de atención a la mujer, especialmente en zonas rurales y pequeños municipios donde “el acceso a recursos de asesoramiento y prevención de la violencia de género está mucho más limitado que en las ciudades”.

La PNL plantea una revisión de los criterios por los que se rige la distribución de los distintos Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) que existen en Andalucía y solicita una “regulación” de estos servicios para garantizar la estabilidad de sus plantillas y con ello la atención “cercana y continuada” a las usuarias, según ha informado este partido por medio de una nota de prensa.

Naranjo ha explicado que en la actualidad existen en Andalucía 181 centros de este tipo que deberían funcionar como una red de recursos de apoyo, pero que en la práctica se distribuyen de forma “aparentemente arbitraria” por las distintas provincias, de modo que “hay comarcas enteras que se encuentran desatendidas de este recurso”, de las que ha asegurado que es “esencial para el asesoramiento a mujeres que sufren algún tipo de discriminación por razón de género y para la atención a víctimas de violencia machista”.

Entre las zonas más desatendidas, según la parlamentaria de Adelante Andalucía, se encuentran el norte de la provincia de Córdoba, la Sierra Norte de Sevilla, la Sierra Norte de Huelva y el Andévalo, la comarca de La Janda en la provincia de Cádiz, la Serranía de Ronda (Málaga), Guadix y los Montes de Granada, Mágina y el Alto Guadalquivir jiennense o el interior de la provincia de Almería.

Ante esta situación, la diputada andaluza ha apremiado a la Consejería de Igualdad a “corregir este agravio a las mujeres que habitan en esas zonas rurales y que están viendo limitado su acceso a estos recursos”.

Naranjo ha recordado un reciente estudio realizado por Fademur en colaboración con el Ministerio de Igualdad que pone de manifiesto “la especial vulnerabilidad” de las mujeres rurales ante la violencia machista por, entre otras cuestiones, “el desconocimiento de los recursos de protección y atención o la desconfianza hacia su efectividad”.

Frente a esta realidad, el propio estudio planteaba la necesidad de poner a su disposición más recursos especializados y fomentar su acercamiento a ellos.

La diputada andaluza ha señalado además que, con el actual modelo, “el personal que trabaja en los CMIM está condenado a la temporalidad y la precariedad”, ya que los centros están sujetos a subvenciones anuales y en ocasiones “se ven obligados a cerrar durante temporadas por falta de financiación”.

Naranjo ha recordado que el trabajo que desempeñan las profesionales de los CMIM es “una carrera de fondo que requiere de un contacto directo y continuado con las mujeres a las que atienden”, por lo que ha argumentado que “interrumpirlo tiene consecuencias nefastas para las usuarias”.

La diputada autonómica de Adelante Andalucía ha apremiado a la Consejería de Igualdad a publicar el decreto regulador del funcionamiento de los CMIM que lleva anunciando desde 2019 y del que a día de hoy “nada se sabe”.

Centros de crisis del Ministerio

En paralelo, Naranjo ha destacado que el Ministerio de Igualdad “está redoblando esfuerzos en la lucha contra todas las formaS de violencia contra la mujer con la creación de nuevos servicios especializados como los Centros Crisis o de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual 24/365”, a través de una financiación a las comunidades autónomas que roza los 20 millones de euros.

La diputada andaluza ha pedido al Gobierno andaluz “que empiece a trabajar desde ya para que la primera partida que recibirá Andalucía, dotada con 300.000 euros por provincia, se destine a la creación de la infraestructura básica con la que se pondrá en marcha este servicio, que debe ser gestionado de forma pública”.