Prorrogan la prisión provisional para el presunto asesino que se hacía pasar por cura

Imagen que aparece en el sumario de Pedro Gómez y tomada en una de las cámaras de un cajero; al fondo, la casa donde se encontró el cadáver.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Posadas ha firmado un auto por el que prorroga la prisión provisional comunicada y sin fianza contra Pedro Gómez, el hombre que se hacía pasar por cura y que está acusado de ser el autor de un asesinato en la pedanía de La Chica Carlota que se descubrió en el mes de agosto de 2018. El juez ha tomado esta decisión ante la "complejidad" de la causa y la investigación que está desarrollando la Guardia Civil.

Pedro Gómez está en la cárcel desde que fue descubierto usando la identidad, el coche y las tarjetas de crédito de J. C. R. B., un hombre de 45 años que vivía en una casa de La Chica Carlota. La familia de J. C. R. B. había denunciado su desaparición meses atrás. Finalmente, y tras varias inspecciones a la casa, cuando Pedro Gómez fue sorprendido usando las tarjetas de crédito de este hombre una nueva investigación encontró el cadáver del desaparecido en el huerto de su casa. Estaba maniatado, en avanzado estado de descomposición y cubierto por colchas de su propia cama.

El juez tiene procesado a Pedro Gómez, que se hacía pasar por cura en La Chica Carlota, por los delitos de homicidio o asesinato, estafa, usurpación de estado civil, detención ilegal y tenencia ilícita de armas, según consta en el auto al que ha tenido acceso este periódico. El hombre estaba en la cárcel desde 26 de junio de 2018. Ahora iban a cumplir los dos años de prisión provisional que marca la ley, pero que se pueden prorrogar si el juez estima que aún hay asuntos por investigar y, sobre todo, si existe un alto riesgo de fuga. Es lo que ocurre, a juicio del magistrado, en este caso.

Pedro Gómez fue detenido en enero de 2018. Entonces, el cadáver de J. C. R. B. aún no había aparecido, aunque sí que se había denunciado su desaparición por parte de su familia, en septiembre de 2017. Pero el cuerpo no se halló hasta agosto de 2018.

Gómez fue arrestado usando la tarjeta de crédito de J. C. R. B. La Guardia Civil unió la denuncia de su arresto a la de la desaparición de J. C. R. B. denunciada por su familia. Varios testigos de La Chica Carlota vieron entrar y salir de la vivienda a un hombre vestido de negro y con un alzacuellos al que no conocían. Ese hombre fue reconocido después como el que sacó el dinero de varios cajeros con la tarjeta de la víctima (hasta 30.000 euros) gracias a las cámaras de seguridad. En Ciudad Real, de donde Pedro Gómez es natural, compró en una ferretería un pico y una pala, que fueron encontrados posteriormente en la vivienda y con los que se sospecha que pudo enterrar a la víctima.

Los agentes de la Guardia Civil acudieron varias veces a La Chica Carlota para saber qué había pasado con el vecino desaparecido. Peinaron la casa en numerosas ocasiones pero hasta que no vieron algo sospechoso en el jardín no dieron con el cadáver de la víctima. Según la investigación, el asesino había cubierto el cuerpo de la víctima con tres colchas y almohadas, que impedía que los gases de la descomposición afloraran por el terreno, lo que hizo que los perros no descubrieran nada raro en la zona.

Finalmente fue un agente el que notó una irregularidad en el terreno, donde se decidió excavar. Y se encontró al desaparecido.

Un segundo imputado

Por otra parte, en la causa sigue imputado un importante abogado de Madrid. El letrado es Joaquín R. Según se desprende de la investigación, la víctima se habría puesto en contacto con este abogado para que le defendiera en un caso. Tras haber hablado mucho por teléfono con él y haberle enviado hasta tres pagos por sus servicios de grandes cantidades de dinero, el abogado, siempre según la investigación, habría llamado a Pedro Gómez para que se pusiera en contacto con este cliente y lo investigase.

El abogado ha negado los hechos, de la misma manera que Pedro Gómez, en sus diferentes declaraciones ante el juez.

Ahora, la familia quiere que se investiguen las llamadas de los diferentes móviles, tanto de la víctima como de los acusados, para poder determinar exactamente dónde estaba cada uno y si es posible recuperar algunos mensajes o conversaciones. Este es el principal motivo por el que el juez mantiene abierta la investigación, con el objetivo de aclarar al máximo el grado de implicación de cada una de estas personas.

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