La Plataforma lamenta la decisión de Europa y el Cabildo la celebra

La decisión de la Comisión Europea de inhibirse de la polémica sobre la matriculación de la Mezquita Catedral no ha sorprendido a la Plataforma Mezquita-Catedral. “Nosotros éramos conscientes de que este asunto es competencia del Estado”, explica el portavoz de la plataforma, Miguel Santiago. “Nuestra idea era plantear el problema que se está viviendo aquí. Tenemos un Estado aconfesional y, sin embargo, a lo largo de las décadas se le han otorgado a la Iglesia una serie de privilegios, como poder registrar monumentos”.

Según el escrito, “la Comisión Europea considera que la protección del patrimonio cultural es muy importante. No obstante, de conformidad con los Tratados, su protección y promoción es ante todo una responsabilidad nacional, y la acción de la Unión Europea se limita a favorecer la cooperación entre los Estados miembros y a apoyar y complementar la acción de estos. Por lo tanto, la Comisión no tiene competencias para intervenir en lo que respecta a la cuestión planteada por Su Señoría”. A pesar de esta aclaración, Santiago apunta que “no nos dice que no tengamos razón ni tampoco favorece a la Iglesia. Sólo dice que es competencia del Estado, el mismo que permitió que la Iglesia matriculase la Mezquita-Catedral”.

No obstante, Santiago se lamenta de esta respuesta “aséptica” y, en sus palabras, “la Comisión Europea podría haber dicho que lo que no es normal es que en un Estado aconfesional haya habido un artículo que haya permitido a una administración privada como la Iglesia que matricule bienes de dominio público”.

El Cabildo también se ha pronunciado tras esta decisión y, después de mostrar su satisfacción, ha apuntado que “se pone fin a esta campaña alimentada artificialmente por diferentes grupos políticos”. Pero Santiago pregunta por qué “el Cabildo le hace caso al Parlamento Europeo, cuando es un entramado político”. “El Cabildo aprovecha cualquier resquicio para intentar que esto se termine, pero deben saber que esto no va acabar mientras haya ciudadanos convencidos de que, por encima de todos, está el Estado aconfesional. Las distintas plataformas y colectivos vamos a seguir luchando para que el patrimonio sea de todos, no de la Iglesia. No vamos a parar y eso es lo que la Iglesia debe tener claro”, explica el portavoz de la plataforma.

Por ello, la plataforma seguirá dando a conocer a la Unesco y al Icomos “la situación que estamos viviendo y la dejadez de la Administración Pública”. A este respecto, Santiago denuncia “la callada del PSOE, que no ha sido el actor activo del tema y ha acompañado al PP como actor pasivo”.

Además, la plataforma pedirá al Parlamento andaluz “una opinión contundente al respecto”. Santiago explica que “es la tercera vez que lo haremos y pediremos una lista de los bienes inmatriculados para que se puedan recuperar para la ciudadanía”. Esta iniciativa ya la han llevado a cabo en los parlamentos vasco, navarro y aragonés.

La plataforma también acudirá al Congreso de los Diputados ya que “PSOE, Podemos e IU llevaban en su programa electoral que esa ley derogada tendría que tener efecto retroactivo para que todo esos bienes dejen de ser de la Iglesia”, explica Santiago.

PEDRO GARCÍA: “SEGUIREMOS TRABAJANDO”

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha lamentado esta decisión de la Comisión Europea y la ha calificado de “negativa”. Ha asegurado que “lo que ha pasado en España ha sido uno de los mayores expolios urbanísticos que se han dado en la historia de Europa”, cuyos órganos están “para velar por estas cosas”.

No obstante, ha indicado que “solo ha habido una comisión de la Unión Europea que ha explicado que no es su cometido”. Por ello, “hay que diferenciar” entre eso y “una sentencia de un órgano de la Unión Europea que hable sobre el tema en concreto”. Así, ha pedido “no confundir el mensaje”.

En cualquier caso, el edil cree que “la Unión Europea debería tomar cartas en el asunto, porque es un expolio urbanístico”, aunque ve “lógico que los tribunales españoles y las cortes españolas sean los primeros en pronunciarse sobre este tema”.

Así, ha remarcado que “lo que ha hecho el PP es una jugada maestra con la jerarquía de la Iglesia” y ha añadido que lo que hizo el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón es “como la sentencia final del notario para derogar la ley y certificar la propiedad de la Iglesia de todo lo que ha inmatriculado”. García ha apunta que va a “seguir trabajando para que lo que el Ayuntamiento entiende que es público se devuelva a lo público, no solo la Mezquita-Catedral, sino la plaza del Pocito y otros espacios”.

GANEMOS DICE QUE LA RESOLUCIÓN DEJA LA PELOTA EN LA JUNTA Y EL GOBIERNO

Por su parte, Ganemos Córdoba ha explicado que esta resolución “deja la pelota en el tejado tanto del Gobierno y de la Junta de Andalucía” y ha apuntado que “esta administración debería pronunciarse sobre qué papel quiere desempeñar respecto a la gestión del edificio”.

En este sentido, Ganemos Córdoba seguirá defendiendo la restitución de los bienes irregularmente inmatriculados y apoya a las fuerzas políticas que aboguen por la defensa de esta lucha. La organización ha reiterado su apoyo el trabajo realizado hasta el momento por la Plataforma Mezquita-Catedral en defensa “de la injusta inmatriculación de la Mezquita, Patrimonio de la Humanidad, bien común no privativo de nadie”.