Una nueva unidad será el eje de la reformada atención temprana
En Córdoba hay 1.250 menores recibiendo atención de 115 profesionales que trabajan en los 18 centros de la provincia
El nuevo decreto regulador de la Atención Infantil Temprana en Andalucía, reclamado por las familias y las asociaciones tras las duras críticas que habían mostrado, se aprobó el pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta. El decreto amplía y refuerza la asistencia a los menores de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, a través de medidas de prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y participación de las familias y del entorno social, señala una nota de prensa.
El decreto dispone la creación de un mínimo de 11 unidades de Atención Temprana (una de ellas en Córdoba), formadas por profesionales de Pediatría y Psicología, que se encargarán de valorar las necesidades de los menores sobre la base de un diagnóstico funcional que incluye el estudio de las familias y el entorno. Asimismo, serán las responsables de decidir la idoneidad de la intervención y, en su caso, de la derivación a uno de los 163 centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) que funcionan en Andalucía. Actualmente, 800 profesionales atienden a 19.000 menores al año en Andalucía.
Las unidades de Atención Infantil Temprana se pondrán en marcha el próximo otoño y posteriormente podrían llegar hasta 14 si las necesidades lo exigen. Su trabajo garantizará la coordinación entre profesionales de los CAIT y los centros de salud, así como la continuidad asistencial entre los equipos de Pediatría de Atención Primaria y de la red hospitalaria.
El presupuesto, actualmente de 4 millones de euros en Andalucía, podría pasar a 23 al final de la legislatura, si se cumplen. Eso significa, señala la delegada del Gobierno andaluz, Rafaela Crespín, que los recursos auemntarían también en la provincia. En Córdoba, en estos momentos hay 1.250 menores recibiendo atención de los 115 profesionales que trabajan en los 18 centros de la provincia.
El aumento de recursos persigue alcanzar el objetivo de reducir el tiempo de respuesta para lograr que los menores puedan recibir los cuidados en el plazo más breve posible desde la detección de sus necesidades. Asimismo, se establecerán diferentes niveles de intensidad adaptados a cada plan de tratamiento. En su conjunto, el nuevo modelo supondrá ampliar tanto el tiempo de las sesiones (de 45 a 60 minutos) como el número de ellas.
Crespín ha explicado este martes que “el desarrollo de este nuevo decreto supondrá triplicar los recursos económicos de la prestación, y dotará a nuestra comunidad autónoma de una de las normas más avanzadas a nivel nacional”. Por su parte, Luna ha señalado que “el decreto incorpora novedades como la creación de unidades específicas de valoración en el Servicio Andaluz de Salud y el establecimiento de un tiempo máximo de respuesta de 30 días para esta valoración”. Asimismo, las delegadas han señalado que el incremento de presupuesto permitirá aumentar el número de sesiones que reciben los menores y la duración de las mismas.
La norma aprobada por el Consejo regula también la composición y funciones de los equipos provinciales de Atención Temprana (EPAT), responsables de asegurar estos objetivos. Sus miembros pertenecerán a los tres ámbitos en los que se desarrolla la atención temprana infantil (sanitario, educativo y servicios sociales) y contarán con titulación, formación específica y experiencia en esta materia.
El desarrollo de estas previsiones supondrá triplicar progresivamente el presupuesto anual de la prestación hasta alcanzar los 33 millones en 2019. El incremento total será de 23 millones en los próximos cuatro años, que se distribuirán acumulativamente del siguiente modo: 4 millones adicionales en el presente ejercicio (hasta llegar a 15,7); 5 millones en 2017; 6 en 2018, y 8 en 2019.
Coordinación
El decreto plantea un modelo integral que agrupa las intervenciones de los ámbitos sanitario, educativo y social, con el fin de favorecer el óptimo desarrollo y autonomía personal de los menores; disminuir los efectos de sus alteraciones y discapacidades, y facilitar la integración familiar y social para evitar la aparición de problemas añadidos. En este sentido, fija los cauces de coordinación entre los profesionales de las consejerías de Salud, Educación e Igualdad y Políticas Sociales que tienen una participación directa en el proceso. El objetivo es conseguir que la asistencia abarque todos los aspectos de estos tres ámbitos, desde los psicomotores, sensoriales, perceptivos, cognitivos, comunicativos, afectivos y sociales a los relacionados con el entorno (familia, escuela y sociedad).
Asimismo, la norma garantiza los principios de universalidad, gratuidad y equidad en la prestación, a la vez que favorece la descentralización y la calidad con unos servicios próximos al domicilio familiar, accesibles y organizados en relación a las necesidades de los menores y sus familias. El decreto incluye la exigencia del cumplimiento de una serie de estándares en los procesos asistenciales, apoyados en la mayor evidencia científica disponible en cada momento, además de incorporar medidas para fomentar la investigación y mejorar el conocimiento de los profesionales implicados.
El texto establece cauces para favorecer la participación activa de los equipos terapéuticos, las familias, el entorno y el movimiento asociativo. Así, dispone la creación del Consejo de Atención Infantil Temprana –órgano colegiado de asesoramiento del Gobierno andaluz en esta materia– y de una comisión técnica de apoyo.
El Consejo estará formado por miembros de las tres consejerías implicadas y podrán participar, en función de los temas que se aborden, representantes de organizaciones científicas y profesionales; organizaciones no gubernamentales u otras sin ánimo de lucro; asociaciones ciudadanas, y federaciones y confederaciones dedicadas a la atención a menores con discapacidad o trastornos del desarrollo.
El decreto aprobado por el Gobierno andaluz establece la elaboración del Plan Integral de Atención Infantil Temprana, que consolidará un modelo de intervención uniforme y multidisciplinar con la participación de los agentes sociales. El documento, cuya redacción ya ha comenzado, incluirá fundamentalmente programas orientados a reducir la incidencia y gravedad de las alteraciones del desarrollo, con acciones complementarias desde los sistemas sanitario, educativo y de los servicios sociales.
Por último, la norma prevé la creación de un sistema unificado de información en la materia, que servirá como herramienta para facilitar la coordinación de los equipos profesionales y el análisis del perfil de la población atendida.
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