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Los Maristas 'contraatacan' y demandan al Consistorio

Imagen del Castillo de Maimón | MADERO CUBERO

Antonio Gutiérrez

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Reclaman ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción, número 10, la propiedad del camino público de La Palomera | Indican que Urbanismo se equivoca en el trazado | La demanda se notificó el pasado día 19

Nuevo capítulo en la pugna entre los Hermanos Maristas y el Ayuntamiento de Córdoba. La congregación religiosa presentó a finales del pasado mes de marzo, el 29, una “acción declarativa del dominio” del camino público de La Palomera, esto es, una demanda en la que reclaman la propiedad de la vía que conduce al Castillo de Maimón, propiedad de la congregación.

En la demanda, que fue notificada el pasado día 19 de mayo al Consistorio, los Maristas defienden, según las fuentes consultadas, que hay un error en la catalogación del camino público de La Palomera y que no es el que se ha marcado, que da acceso a su propiedad, sino uno que se ubica en la parte posterior. En estos momentos, la demanda se encuentra en periodo de contestación por parte del Ayuntamiento, que tiene hasta el próximo mes de junio para presentar alegaciones a los argumentos de la agrupación religiosa.

De esta manera, se escribe un nuevo capítulo en el complicado expediente del Castillo de Maimón. Las primeras discrepancias surgieron con el anterior gobierno local, presidido por José Antonio Nieto, al que los Maristas apremiaron por la falta de tramitación del expediente en la Gerencia de Urbanismo y ya amenazaron con plantarse en el juzgado. Posteriormente llegaron los problemas por la ubicación del camino público de La Palomera, denunciados por la oposición en rueda de prensa  (el socialista Emilio Aumente y el entonces portavoz de IU, Francisco Tejada) y que acabaron con una demanda de los religiosos contra el técnico de la GMU que había señalado la ubicación del camino en su finca.

Esta querella acabó desestimándose, tanto en primera instancia como en segunda, ya que el pasado mes de octubre la sección Segunda de la Audiencia Provincial ratificó la sentencia del juzgado e indicó a los Maristas que el funcionario de la Gerencia ni había prevaricado ni había cometido falsedad documental, sino todo lo contrario: había cumplido con su trabajo y velado por los intereses de la ciudad.

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