Instan al Ayuntamiento a tramitar una denuncia por obras sin licencia comunicada en 2018

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha firmado una resolución urgiendo al Ayuntamiento de Córdoba a que le informe sobre la tramitación de una denuncia por obras ilegales que fue comunicada a la Gerencia Municipal de Urbanismo en el año 2018. En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, Maeztu lamenta “la falta de respuesta del Ayuntamiento de Córdoba a nuestra petición de que se adoptaran las medidas que se estimaran procedentes para que demoras tan notables, que incidían negativamente en el mantenimiento de la disciplina urbanística, quedaran subsanadas”.

El Defensor insiste en que aún hoy el Consistorio no le ha respondido sobre el estado de tramitación de la denuncia. Concretamente, Maeztu solicitó al Ayuntamiento que “en este expediente de queja se nos mantuviera informados del contenido del Informe Técnico pendiente de emisión y, en base al mismo, de las posteriores decisiones que se impulsaran en orden a la restauración de la legalidad urbanística”. Pero todavía no ha obtenido respuesta sobre el asunto.

“Ello supone que esa Alcaldía debe implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan”, insta el Defensor del Pueblo al Consistorio.

Un vecino presentó una denuncia el 16 de noviembre de 2018 ante el Ayuntamiento de Córdoba “por un hecho que consideró fuera de la legalidad”. El vecino volvió a preguntar en enero de 2019 sobre el estado de la denuncia. Obtuvo respuesta positiva en febrero pero en mayo volvió a preguntar, ya que sostenía que no se había resuelto nada. Pero desde entonces, no se obtuvo respuesta. Por eso, en noviembre de 2019 acudió al Defensor del Pueblo, que “admitió a trámite la queja e interesamos a ese Ayuntamiento que nos indicara si, con motivo de la denuncia formulada por el reclamante se había incoado expediente de protección de la legalidad urbanística y, de ser así, que nos informara de su estado de tramitación y resolución dictada en su caso”.

En marzo de 2020, Urbanismo remitió un informe al Defensor en el que dio cuenta de las actuaciones. En el expediente se indicó que el 22 de mayo de 2019 se intentó dirimir “si procedía o no la incoación de procedimiento de protección de la legalidad”, por lo que “se solicitó a la Oficina Técnica del Servicio de Inspección Urbanística el correspondiente informe urbanístico sobre si la construcción era o no autorizable”. Pero diez meses después, el informe de la Oficina Técnica no se había realizado.

“Es por ello que con fecha 17 de marzo de 2020, en cuanto al citado retraso, instábamos a esa Alcaldía a que se adoptaran las medidas que se estimaran procedentes para que demoras tan notables, que incidían negativamente en el mantenimiento de la disciplina urbanística, quedaran subsanadas”, detalla el Defensor. Pero desde entonces, Maeztu no ha obtenido respuesta a sus peticiones de información, “ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal en septiembre de 2020”.

De esta manera, el Defensor del Pueblo considera que “el silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones”. Maeztu cita la ley para agregar que “el incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable”.

“Ante su ausencia de respuesta ignoramos si está siendo impulsado debidamente el expediente de protección de la legalidad urbanística incoado en su día por ese Ayuntamiento. Es decir, no podemos constatar que ese Ayuntamiento esté ejerciendo debidamente sus competencias en materia de disciplina urbanística en estos casos”, agrega. Por todo ello, el Defensor le recuerda al equipo de gobierno “del deber legal” de tramitar el expediente y recomienda que, “por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que las denuncias de posibles irregularidades urbanísticas formuladas por el interesado, sean objeto del debido impulso en su tramitación, atendiendo a las lógicas expectativas de un ciudadano que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística”.

“Ello supone que esa Alcaldía debe implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan”, concluye.