La circulación de vehículos con etiqueta B entrará en vigor en Córdoba este año

Los vehículos con etiqueta B verán reducida su circulación en la ciudad de Córdoba desde este 1 de enero, al igual que en otras más de 150 ciudades españolas. Esta es una de las medidas decretadas en la nueva Ley de Cambio Climático aprobada en mayo de 2022.

La etiqueta mencionada distingue especialmente a turismos y furgonetas que utilizan como combustible la gasolina desde enero del 2000; o diésel desde enero de 2006. Aunque aún no se han especificado las restricciones con las que podrán circular, verán limitado su funcionamiento.

Las restricciones tendrán que ser establecidas por los distintos ayuntamientos, en este caso, por el Ayuntamiento de Córdoba. Éste tendrá que decidir qué vehículos pueden o no entrar en las Zonas de Baja Emisión (ZBE) establecidas en la ciudad. Se trata de zonas que el Gobierno ha pedido que estén delimitadas antes del 1 de enero del nuevo año. Sin embargo, el concejal de Movilidad y portavoz del equipo de gobierno, Miguel Ángel Torrico, señalaba a principios de diciembre la imposibilidad de cumplir con el calendario gubernamental.

Según pudo adelantar este periódico en las mismas fechas, las nuevas ZBE serán muy similares a la actual Acire, que ya restringe grandes zonas del casco histórico de Córdoba. La zona Acire es la que limita actualmente el tráfico en el casco histórico, con cámaras que regulan el tránsito solo a vecinos, transporte público, servicios y usuarios de hoteles. El sistema de videovigilancia también impide la libre circulación en la calle Alfaros, la calle San Pablo, el entorno de la Mezquita, Valladares o Cárcamo, por ejemplo. Pero la zona Acire en Córdoba no impide el tráfico de vehículos contaminantes y motorizados, algo que la norma regula.

Para la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones se han habilitado dos partidas de Fondos Europeos. La primera convocatoria en 2021 de 1.000 millones de euros para municipios mayores de 50.000 habitantes o capitales de provincia; municipios mayores de 20.000 habitantes siempre que tengan más de 36.000 unidades catastrales y dispongan de servicio de transporte público, y agrupaciones de municipios siempre que todos los municipios de la agrupación cumplan las características anteriores. Y una segunda convocatoria, de este año, con una partida de 500 millones de euros y los mismos beneficiarios que la anterior. En total 1.500 millones de euros que, de no ampliarse los plazos podrían quedarse sin ejecutar.