El juez Ruz denuncia las reformas contra la justicia universal

El exmagistrado de la Audiencia Nacional ha afirmado que “los problemas vienen cuando se tocan a determinados dirigentes de algunos países”

El juez Pablo Ruz es un claro convencido de la necesidad y la pertinencia de la justicia universal. Y así lo hizo saber en la conferencia Crisis, Justicia y Derechos Humanos. El estado actual de la justicia universal, que se celebró ayer en el Centro Cultural San Hipólito.

Ruz ha hecho un breve recorrido sobre cómo la justicia universal se ha asentado en la jurisdicción de los estados y cómo España ha visto mermada su capacidad de actuación en este ámbito. España ha sido pionera en avances en justicia universal con resoluciones como el caso contra Pinochet. Según Ruz, “esa sentencia supuso un antes y un después, pero no tanto por la efectividad, porque la extradición no se produjo, sino por todo lo que se ahondó en investigación”.

Sin embargo, Ruz ha denunciado cómo “el valor del respeto por los derechos humanos se ha colado de una manera muy restrictiva en España a lo largo de los últimos años, envuelto en muchas ocasiones en esa justificación que todo lo puede que es la crisis económica que padecemos”. En nuestro país, la justicia universal ha sufrido dos grandes reformas: la de 2009 y la de 2014. La primera exigía que, para llevar a cabo la investigación, existiera un vínculo de conexión relevante con España e introducía el principio de subsidiariedad, que obliga a los tribunales a investigar si otro país había hecho una investigación con anterioridad para no reproducir autos. Además, tenía que investigar si se había hecho de una manera seria y rigurosa.

En la segunda reforma, de marzo de 2014, los requisitos ya no quedan reducidos a la posición de la víctima sino a la del culpable o represor. Se exige como requisito que el autor de los hechos se encuentre en España, sea español o su extradición a otro Estado haya sido rechazada. Además, esta reforma obliga al juez a archivar todos los casos y abrirlos únicamente si el caso se ajusta a los requisitos exigidos. Tal y como ha afirmado Ruz, “esto reduce en la práctica la investigación de muchos casos” y ha asegurado que esta ley “no fue trabajada con el necesario consenso y reflexión”. “Es una pena haber perdido esa experiencia de la que hemos gozado durante tantos años. Una justicia universal abierta que ha dado lugar a investigar tantos casos en España”, se ha lamentado.

Ruz no ha dudado en afirmar que “los problemas vienen cuando se tocan a determinados dirigentes de algunos países. La reforma de 2009 tuvo un antecedente claro: una actuación judicial contra miembros del gobierno de Israel por ataques en la franja de Gaza. Esto motivó presiones diplomáticas por parte de Israel a España para que se cambiara la ley. Y se cambió. La segunda reforma está muy cercana en el tiempo a un procesamiento y orden de detención que se dictaron contra responsables y militares chinos por represión en el Tíbet. Seguramente fue uno de los factores que se tuvieron en cuenta. Así fue como apareció en la prensa”. Una de las principales consecuencias de esta reforma fue el cierre del caso del asesinato del periodista José Couso en 2003.

Por último, Ruz también ha denunciado que países como Estados Unidos o Israel no estén suscritos al Tratado de Roma “ya que eso limita mucho la capacidad de actuación contra los crímenes que se producen allí”.