Un juez pide informes por las inmatriculaciones de la Iglesia

El Juzgado de Instrucción número 6 asume la causa tras la denuncia del concejal Carlos Baquerín, que pasó al TSJA por el aforamiento de Nieto

El titular del Juzgado de Instrucción número seis de Córdoba ha firmado una serie de “oficios” en los que reclama informes a varias partes sobre las inmatriculaciones de bienes que ha desarrollado la Diócesis de Córdoba en los últimos años. El juez está, por tanto, a la espera de esos informes para tomar una decisión tras la denuncia que en su día interpuso el concejal de Unión Córdobesa (UCOR) Carlos Baquerín, según ha avanzado en su edición de hoy ABC Córdoba.

Finalmente, la causa ha sido asumida por el Juzgado de Instrucción número seis. La denuncia fue remitida por la Audiencia Provincial de Córdoba al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ya que la misma iba contra el alcalde y entonces parlamentario, José Antonio Nieto, que estaba aforado, además del obispo, Demetrio Fernández. Ahora, el alcalde ya no está aforado por lo que el TSJA devolvió la causa a los juzgados cordobeses. El de Instrucción seis ha sido el que ha recibido el asunto y ha decidido dictar distintos oficios sobre este proceso de inmatriculaciones, según han confirmado fuentes judiciales.

En su denuncia, Baquerín enumeró seis hechos que podrían ser delitos. Así, en el primero señala que “la Diócesis de Córdoba desde hace años ha procedido a inmatricular en su beneficio propio bienes inmuebles al amparo de los distintos privilegios que le otorga el artículo 206 de la Ley Hipotecaria” y que lo ha hecho “mediante la expedición de certificaciones del diocesano cuyo contenido literal no parece probable que resulte cierto y veraz en todos los casos señalados. Puede concurrir un presunto delito de falsedad documental”.

Además, agregó que podría haber “apropiación indebida” al haber inmatriculado algunos bienes que son de titularidad pública. También considera que “lo ha hecho mediante posible abuso de confianza y de posición, y sin publicidad ni consulta alguna”. El cuarto hecho que relató es que “si además se diera el caso de que la Administración hubiera tenido conocimiento de la situación, la responsabilidad sería común. Pudieran concurrir presuntos delitos de estafa y de prevaricación”. Por último, asegura en su denuncia “que no es excluible, al menos en algún caso, la responsabilidad del Registro de la Propiedad de Córdoba”.

Baquerín citó en su denuncia cuatro inmatriculaciones concretas: la Mezquita Catedral, el Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, la plaza del Pocito de la Fuensanta y la ermita del Socorro, junto a la plaza de la Corredera. No obstante, desde su denuncia han trascendido más inmatriculaciones, como las llevadas a cabo por la Diócesis en la iglesia de San Agustín después de que el edificio fuese restaurado con fondos públicos, la ermita del cementerio de la Salud (inmatriculada tras una cesión del anterior gobierno municipal, dirigido por IU) o la ermita de los Santos Mártires en el Balcón del Guadalquivir, incluida por el Ayuntamiento de Córdoba como de su propiedad según consta en la ficha del Plan Especial del Casco Histórico de la Gerencia Municipal de Urbanismo. También cómo la Diócesis han inmatriculado la iglesia de San Hipólito, donde está adosado un antiguo kiosko que es de titularidad municipal y localizado sobre el dominio público, según distintas fuentes del Ayuntamiento de Córdoba.