El juez absuelve al exalcalde de La Rambla juzgado por prevaricación

El exalcalde de La Rambla, en el banquillo de los acusados el día de su juicio. | MADERO CUBERO
El titular del Juzgado de lo Penal número 8 no ha hallado indicios de culpabilidad penal en la gestión de Manuel Fernández Campos, del PSOE

El exalcalde de La Rambla, Manuel Fernández Campos (PSOE), ha sido absuelto del delito de prevaricación administrativa por el que estaba procesado. Según ha informado el propio secretario provincial del PSOE cordobés, Juan Pablo Durán, el ex regidor ha conocido hoy mismo la sentencia de absolución. El exalcalde entre 2007 y 2011 estaba acusado de un presunto delito de administración administrativa en la tramitación de una ayuda para el mobiliario de la unidad de estancia diurna de enfermos de Alzheimer del municipio rambleño.

En su declaración ante el juez titular del Juzgado de lo Penal número 8 de la Audiencia Provincial de Córdoba, el regidor negó los hechos, aseguró que siempre actuó “de buena fe” y que firmaba lo que la interventora municipal, cuyo reparo levantó, le ponía por delante.

El regidor estaba acusado de contratar una subvención de 28.159 euros de forma directa con una empresa, llamada Priom. Según la Fiscalía, el alcalde lo hizo haciendo caso omiso a las advertencias de la interventora, que le alertaba de que estaba incumpliendo la legislación administrativa para este tipo de contratos. Según el regidor, no llegó ni siquiera a leer algunos de los reparos de la interventora, alegando que incluso llegaba a firmar lo que tanto esta funcionaria habilitada del Estado como la secretaria municipal le ponían por delante.

Tras el cambio de bastón de Alcaldía, el Ayuntamiento de La Rambla se vio obligado a devolver la subvención, en forma de reintegro renunciando a una parte de la participación en los impuestos del Estado, según ha leído el juez antes de la declaración del alcalde. Sin embargo, el actual alcalde, Juan Jiménez Campos (IU), decidió exigir responsabilidades y puso los hechos en conocimiento del letrado de la Diputación provincial. El actual alcalde incluso llegó a levantar acta, junto a la interventora, de que el anterior equipo de gobierno había abonado una factura a la empresa por unos trabajos en la unidad de estancia diurna que no se habían ejecutado completamente.

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