Investigan los repetidos cortes de luz en Fuente Obejuna que causan daños a particulares y empresas

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El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una investigación sobre los continuados cortes del suministro eléctrico que se vienen produciendo en el municipio de Fuente Obejuna, causando daños a particulares y empresas de la localidad.

La Oficina del Defensor ha abierto una actuación de oficio al respecto -según ha publicado este mes de enero-, al conocer “los cortes de luz que vienen sufriendo a diario en el municipio cordobés de Fuente Obejuna”. Según recoge en su expediente, se trataría de “microcortes de varios segundos de duración, repetidos diversas veces a lo largo del día y de manera sistemática”.

Estos cortes de luz “estarían provocando daños en aparatos eléctricos en los domicilios y afectan también a empresas por problemas de rearmado de maquinaria, parones laborales y repercusión negativa a clientela, lo que les está ocasionando pérdidas económicas”.

Así, el Defensor ha requerido información y se ha dirigido para ello a la compañía eléctrica Endesa, así como al Ayuntamiento de Fuente Obejuna, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y su Delegación Territorial en Córdoba.

La información que obra en poder del Defensor señala que el Ayuntamiento de Fuente Obejuna ya se habría reunido con Endesa y “estaría promoviendo una movilización ciudadana para reclamar el estudio de las causas y su inmediata solución, dado el gran impacto social que está generando los cortes”.

“Teniendo en cuenta estas circunstancias, se ha considerado oportuno iniciar esta actuación de oficio con objeto de conocer el alcance del problema y proponer soluciones al mismo”, argumenta el Defensor del Pueblo Andaluz.

En ese sentido, considera que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.

De igual manera, los hechos “revelan una merma a la prestación de servicios públicos de calidad, establecido en el artículo 37 de nuestro Estatuto de Autonomía como uno de los principios que han de regir la actuación de los poderes públicos de Andalucía”, concluye.

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