Investigadoras de la UCO impulsan el proyecto 'Gender' sobre feminismo jurídico

Varias investigadoras de la Universidad de Córdoba (UCO) y de la Universitat de Vàlencia, que venían trabajando la perspectiva de género desde el ámbito jurídico, se han unido para impulsar el proyecto de investigación 'Gender' con el objetivo plantear las innovaciones necesarias en la Ciencia del Derecho para construir sociedades más inclusivas desde el punto de vista del género.

Así lo ha indicado la institución universitaria cordobesa en una nota en la que ha detallado que “cuando el testimonio de una mujer sobre una agresión sexual sigue siendo cuestionado en un juicio por la ropa que vestía o por la manera en la que actuó, es que hay algo que sigue estando mal”.

Los datos sobre violencia de género continúan siendo alarmantes, así como las cifras de violaciones y abusos sexuales. Esto, junto con las recientes decisiones judiciales, evidencia la insuficiencia de unas herramientas y mecanismos jurídicos para enfrentar la realidad a la que tienen que hacer frente las mujeres en España.

A pesar de que en el ordenamiento jurídico español no se contemplan discriminaciones por razón de sexo, “la conquista de la igualdad formal en las leyes esconde, aunque resulte paradójico, un refuerzo de las desigualdades entre hombres y mujeres”, ha explicado la investigadora del proyecto 'Gender' de la UCO Alicia Cárdenas, quien ha agregado que esto se debe “a que el referente del Derecho, desde su origen hasta la actualidad, ha sido el hombre y el sexismo, que era entonces un elemento constitutivo, sigue intacto”.

La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, establece en su artículo 4 que el Poder Judicial deberá atender a la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres a la hora de interpretar y aplicar las leyes. “Esto obliga sencillamente a que en los razonamientos jurídicos se tenga presente la perspectiva de género entendiendo que muchos de los casos que llegan a los tribunales están suscitados por una situación de desigualdad estructural de las mujeres y que, por tanto, la interpretación y la aplicación de las normas no debe conducir a la consolidación de estas desigualdades”.

Sin embargo, “en muchos juzgados y tribunales este artículo es ignorado”, ha señalado. Hechos como que las mujeres son más susceptibles de estar en condiciones desfavorables en cuanto a prestaciones sociales o laborales siguen pasando desapercibidos.

Tal y como ha manifestado la investigadora, “también se ignora que el trabajo de cuidados que realizan culturalmente tiene lugar bajo condiciones precarias o de invisibilidad o que el hecho de ser mujer las condiciona en el ejercicio de sus derechos laborales. Es uno de los motivos de que se juzgue una agresión sexual cuestionando la ropa o la actitud de la víctima”.

“Necesitamos leyes que contemplen la situación de desigualdad estructural de las mujeres, pero sobre todo necesitamos un Poder Judicial que sea capaz de detectar que, ante algunos casos concretos, algunas interpretaciones y aplicaciones de la ley pueden perpetuar esas desigualdades”, ha subrayado Cárdenas. “Por ello, es necesario que los jueces incorporen como criterio hermenéutico o de interpretación la igualdad, práctica que no conduciría a otra cosa que a la persecución de los valores de justicia y democracia que nuestra Constitución recoge”.

Las personas que forman parte del proyecto 'Gender' proceden de distintas disciplinas jurídicas lo que permite abordar cuestiones tan relevantes y diversas como lo son el enfoque jurídico del trabajo de los cuidados de personas dependientes, la relevancia de las creencias y las convicciones personales en la composición de los tribunales, el análisis de tribunales internacionales en materia de derechos e igualdad de género o la revisión de los presupuestos básicos del Derecho desde las teorías feministas, entre otras líneas de investigación. El este trabajo se puede seguir en el blog 'www.proyectogender.wordpress.com/blog'.

La introducción de los cambios que plantea este proyecto debe ser integral y no es responsabilidad de un único poder del Estado. “Contra algo estructural no nos podemos enfrentar desde parcelas aisladas del Estado. Necesitamos un compromiso real con la igualdad, desde leyes y políticas públicas hasta sentencias”, ha concluido la investigadora.