Iniciativa Sindical Andaluza pide a la Junta un concurso de méritos para 3.000 interinos en fraude de ley

Iniciativa Sindical Andaluza ha reclamado a la Junta de Andalucía que resuelva la situación de los más de 3.000 funcionarios interinos de la Administración General que se encuentran en fraude de ley, antes de que finalicen los plazos dados por la Unión Europea, según ha reclamado la secretaria de Acción Sindical de ISA, Rocío Luna.

Luna ha lamentado, a través de un comunicado, que después de tres años de espera, y con la fecha límite de 2020, este colectivo de funcionarios siga aún esperando una estabilización que, de no hacerse por concurso de méritos, podría dejarlos en la calle tras más de treinta años de servicio en algunos casos.

Este jueves era el día fijado para que se presentara el informe de la Abogacía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su aplazamiento sin fecha supone dejar en el limbo a miles de personas de las diferentes administraciones públicas, en torno a medio millón en toda España, quienes podrían entrar en procesos de estabilización donde no cuenten con todas las garantías.

Rocío Luna ha reivindicado “la oportunidad de la Junta para subsanar las situaciones de fraude de ley de sus empleados públicos por abuso de temporalidad” y ha indicado que la primera oportunidad puede ser la Iniciativa Legislativa Popular, que se debatirá en este periodo de sesiones en el Parlamento de Andalucía y a través de la cual se solicita el concurso de méritos como sistema de acceso.

Iniciativa Sindical Andaluza ha señalado que VOX ha solicitado mediante una PNL la estabilización por concurso de méritos para los cuerpos de Farmacia y Veterinaria, por lo que ha considerado que “sólo tendrían que apoyar dicha iniciativa”.

La secretaria de Acción Sindical de ISA ha señalado que “fue el Gobierno de Rajoy quien impulsó los procesos de estabilización y que ahora el PP tiene la oportunidad de cumplirlo en Andalucía”. Luna ha señalado que “no hay impedimento para que desde el Ejecutivo se cambie la forma de convocatorias que presentaron en Mesa Sectorial y se modifique a concurso de méritos”.

Luna ha indicado que el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, no aclaró en comparecencia parlamentaria las intenciones del Ejecutivo andaluz ante este asunto, y ha reivindicado “que se dé un paso adelante”, en referencia a que la Junta de Andalucía “lleve al debate parlamentario de la ILP una propuesta que dé cumplimiento a las directrices europeas, con un proceso de estabilización por concurso de méritos para quienes llevan años ocupando una plaza en interinidad”.

La dirigente de Iniciativa Sindical Andaluza ha hecho hincapié “en la urgencia para establecer el sistema y las convocatorias porque el tiempo juega en contra de los afectados”. “El Parlamento no puede obviar al gran número de trabajadores que están en precario”, unos 3.000 en la Junta de Andalucía, según los cálculos de Luna, quien ha resaltado del perfil de esos empleados públicos interinos que “algunos tienen más de 30 años de antigüedad, muchos de ellos con más de 45 años de edad, que quedarían en la exclusión social y fuera del mercado laboral”, circunstancia que, a su juicio, supondría contradecir “la Directiva Europea 2000/78 y los Acuerdos de Concertación Social, que amparan a estos trabajadores”.

ISA ha recordado que “el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó las Ofertas Extraodinarias de Empleo, ante la apertura de un expediente sancionador por parte de la UE”, que, ha afirmado, tras un acuerdo con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF se publicó en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018.

La secretaria de Acción Sindical de ISA ha informado que la Oferta de Empleo Público contemplaba los puestos de los funcionarios temporales de más de tres años, a 31 de diciembre de 2017, sin establecerse en estos acuerdos lo que, a su juicio, “podía haber sido una verdadera solución: establecer el concurso como sistema de acceso excepcional para estas Ofertas Extraordinarias de Empleo, basándose en el artículo 61 del Estatuto Básico del Empleado Público”. “Se establecieron tres años en los Acuerdos del Estado y en la posterior normativa para llevar a cabo los procesos de estabilización y consolidación y ya han pasado dos”, ha argumentado Luna.