Ganemos Córdoba pide la dimisión de José Antonio Nieto

José Antonio Nieto, en la sede del PP | MADERO CUBERO

Ganemos Córdoba pide la dimisión inmediata del Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto ante la gravedad de los hechos que están siendo investigados en la Operación Lezo. La formación tacha de “muy grave” que Nieto haya mantenido encuentros con el directivo de Mercasa, Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y que fue encarcelado el pasado miércoles por supuestos delitos de corrupción como directivo de Mercasa.

“En su papel como Secretario de Estado de Seguridad” señalan desde la formación “ejerce la coordinación superior de las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, cuerpos de seguridad que practican las detenciones por orden del juez instructor, por lo que ”podría haber incurrido en un posible trato de favor y una posible intromisión de la actuación judicial“ matizan. Además, Ganemos Córdoba pide ”el cese inmediato de Pablo González como vicepresidente de Mercacordoba y que Mercasa proponga sustitución, como por estatutos le corresponde“” apuntan.

Ganemos Córdoba recuerda que Nieto ha presidido la etapa “más negra de la acción municipal” al frente del Ayuntamiento de Córdoba, donde “será recordado por el amplio rechazo social que obtuvieron sus políticas privatizadoras en parques y jardines por

ejemplo,

“su última golpe de privatización” en el que puso en peligro el alumbrado público al final de su mandato,

el estado de quiebra de empresas como Aucorsa o el cierre de la escuela pública municipal Félix Ortega.

José Antonio Nieto se ganó el rechazo social en reivindicaciones vecinales como la recuperación del Centro Social Rey Heredia, la eliminación de las ayudas municipales a

la cooperación internacional

o el despido de 30 empleados municipales. Finalmente desde la organización recuerdan que “en el historial del exalcalde está la sanción condenatoria como miembro del consejo de administración de Cajasur por ”la falta de control interno de los posibles riesgos de solvencia de la entidad financiera que supuso un claro perjuicio para las arcas públicas“.

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