¿Fracking en Córdoba? Buscan gas en el Valle del Guadalquivir

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El Gobierno y la Junta han concedido permisos previos para que se explore el subsuelo de más de 229.000 hectáreas de la provincia para ver si hay hidrocarburos

Antes de nada, ¿qué es el fracking?  A grandes rasgos y salvando las distancias es, de una manera mucho más sofisticada y tecnológica, algo así como la extracción de oro que inventaron los romanos en Las Médulas (León): agua a presión para fracturar la roca y poder separar lo maleable de lo interesante. Hoy, el fracking es un fenómeno en Estados Unidos pero no para buscar oro si no algo más preciado en estos tiempos: hidrocarburos. Y lo hacen en el subsuelo, a una profundidad de entre uno y tres kilómetros y con una técnica algo más moderna. Se perfora en vertical hasta que se llega al yacimiento (de gas o petróleo) donde el hidrocarburo no está en bolsas sino en burbujas dentro de otro tipo de material (como roca pizarra, que es el caso de Córdoba). Se inyecta agua a presión con distintos componentes químicos hasta que se consigue separar el hidrocarburo y se logra extraer. Eso, más o menos, es el fracking.

En España, el fracking ya está funcionando en algunos puntos de la provincia de Jaén después de los permisos concedidos años. En Córdoba aún no, pero ya existen dos empresas que ya disponen de la autorización previa para la investigación del subsuelo de más de 229.000 hectáreas de la provincia, todas localizadas dentro y en los alrededores del Valle del Guadalquivir. En concreto, las firmas que ya disponen de permisos para iniciar sus correspondientes investigaciones son Oil and Gas Capital y Ripsa. Las dos firmas han sido creadas por socios y ex socios de Repsol.

Ripsa es quien dispone de los permisos más antiguos. De hecho, su autorización fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 26 de junio de 2010. Tiene permiso para investigar el subsuelo de 93.940 hectáreas del término municipal de Adamuz y de otras 61.218 de El Carpio. En cambio, Oil and Gas Capital ha englobado sus dos enormes paquetes denominados Lola 1 y Lola 2 que se extienden por todo el Valle del Guadalquivir desde la provincia de Jaén y hasta la provincia de Sevilla.

El fracking está generando movimientos de protesta entre los colectivos ecologistas de toda España. En Córdoba, a través de Ecologistas en Acción y la formación política Equo también han iniciado su particular lucha. El histórico líder verde José Larios ya ha impartido distintas ponencias sobre el fracking y sus efectos y asegura que a él al menos no le consta que se haya iniciado ya ninguna extracción de gas por medio de este sistema en la provincia de Córdoba, sino que las empresas lo que están haciendo aún es explorar el subsuelo. Pero Larios considera que el inicio de extracción de hidrocarburos en la provincia de Córdoba va a ser inminente.

Larios explica muy gráficamente cómo se extraería el gas (en el subsuelo de Córdoba no hay petróleo) en la provincia: “Se perfora en horizontal y se mete agua a una presión de 300 veces el aire de los neumáticos de los coches” y es así como sale el gas. Según Larios y las fuerzas ecologistas, este sistema de extracción está lleno de peligros. Para extraer gas mediante esta técnica, se necesitan por cada pozo entre 9.000 y 29.000 toneladas de agua, que saldrían de nuestros acuíferos o ríos. Este fluido de retorno del fracking, además de parte de estas sustancias químicas, contiene metales pesados y sustancias radiactivas como el radón, radio o uranio que retornan a la superficie. “Millones de litros de agua contaminada que, supuestamente, se depuran en depuradoras de la zona que no suelen estar preparadas para este tipo de contaminaciones. Los informes del Parlamento Europeo hablan de 260 tipos de sustancias químicas empleadas, si bien la opacidad y falta de transparencia de estas empresas vienen impidiendo los estudios objetivos que correspondería”, asegura Equo.

En España, y por tanto en Córdoba, los propietarios del subsuelo no son los dueños de la parcela de tierra que está en la superficie. Al contrario, es el Estado y al Gobierno le correspondería la explotación y extracción de gas, previo a que se declare esta actividad como de utilidad pública. Pero la vida de estos pozos de extracción de hidrocarburos que han proliferado en Estados Unidos es corta. “En siete años están agotados”, asegura Larios, que concluye, “no sin antes dejar la tierra como un gran queso de gruyère”.