Familias en pisos de CaixaBank piden que no les desahucien hasta que medie el Ayuntamiento
Varias familias que ocupan viviendas vacías de CaixaBank han pedido este lunes que la entidad no siguiera con los procedimientos judiciales para desalojarles hasta que traten la situación con el Ayuntamiento, una cita que está prevista para finales de abril y que podría dar con alguna solución de la mano de la Oficina Municipal de la Vivienda, cediendo los pisos al consistorio y recibiendo el banco un alquiler por ellos.
Los afectados, junto a miembros de la Plataforma Stop Desahucios y el concejal responsable de la Oficina Municipal de la Vivienda, Rafael del Castillo, se han concentrado ante las puertas de la oficina que el banco tiene en la avenida Gran Capitán y han intentado entrar para negociar sobre su situación.
Sin embargo, “el banco se ha negado a recibirnos”, ha avanzado a este medio el portavoz de la plataforma, Eugenio Rosas, que ha detallado que la entidad solo ha dejado pasar a un miembro del colectivo y no a las familias. De hecho, transcurrido un tiempo desde que los manifestantes iniciaran su protesta, agentes de la Policía Nacional se han personado en el lugar y han identificado a tres integrantes de Stop Desahucios, entre ellos al propio portavoz, requiriéndoles sobre si habían notificado a Subdelegación del Gobierno la concentración de este lunes.
“CaixaBank se comprometió hace unos meses a respetar a las seis familias que ocupaban sus viviendas, hasta que se mantuviera una reunión con la alcaldesa que está prevista para el 25 de abril”, ha explicado Rosas. “No han cumplido su palabra. Ya ha habido dos juicios a dos de esas familias y a una tercera le ha llegado un requerimiento de desalojo”.
“Desde Stop Desahucios lo que pedimos es que CaixaBank cumpla su compromiso mientras se busca una solución”. Algo que, según los afectados, no se ha producido de momento en las primeras horas de la mañana del lunes. “Se han cerrado en banda a negociar”.
Hace dos meses, estas seis familias ya pidieron a la entidad bancaria que paralizara el proceso judicial emprendido contra ellas al no pagar su hipoteca y que se buscara una solución con un alquiler social. “No quieren poner a disposición los pisos”, denunciaban entonces desde la plataforma. “No están negociando alquileres sociales”.
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