“Ninguna duda cabe de que la Mezquita pertenece al Estado desde 1236”

Interior de la Mezquita de Córdoba. | MADERO CUBERO
La denuncia presentada ante la Dirección General de Patrimonio del Estado por un particular critica la connivencia de la Iglesia con los gobiernos en las inmatriculaciones de propiedades

"Ninguna duda cabe de que la Mezquita pertenece al Estado desde 1236". Esta es una de las conclusiones a las que llega el escrito que un particular envió a la Dirección General de Patrimonio del Estado en febrero denunciando la inmatriculación que el Obispado de Córdoba hizo de la Mezauita-Catedral en 2006 "mediante la emisión de un certificado

del responsable de su Cabildo". A raíz de este escrito, el Ministerio de Hacienda abrió una investigación.

En sus consideraciones, el denunciante sostiene que no es de "aplicación en relación a los bienes inmobiliarios públicos la aplicación de la usucapión [adquisición de una propiedad o de un derecho real mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto por la ley] precisamente por el carácter imprescriptible de los mismos" porque "ninguna duda cabe de que la denominada Mezquita de Córdoba pertenece al Estado desde 1236". En todo caso, afirma el denunciante, "debieran el Cabildo de Córdoba y el Arzobispo de Córdoba documentar su reivindicación posesoria y no limitarse a decir que la Mezquita es suya".

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, señala que "la mayoría de las certificaciones" hechas por la Iglesia en España (y que según Europa Laica pueden superar las 5.000) "tienen una similitud cuando menos digna de una mínima investigación, dirigido a usurpar propiedades públicas, en este caso

de uso religioso,

por el mero hecho de que en algún momento fueron consagradas a tal uso. Sería imprescindible una justificación documental que ratificase lo afirmado sin más en esas certificaciones".

El particular también critica que a pesar de que "los artículos citados son normas de transparente inconstitucionalidad que, sin razón, persisten en nuestro ordenamiento (...)" lo que permite deducir una postura connivente y persistente de los Gobiernos de la Nación con los intereses de la Iglesia Católica y, sobre todo, con los de su Jerarquía, con grave perjuicio de los intereses públicos".

Según la denuncia, el Cabildo cordobés "cometió un atropello, consistente en patrimonializar, al amparo de una norma inconstitucional, un bien que en ningún caso es suyo sino patrimonio cultural en primer lugar de los fieles de la diócesis pero sobre todo y por la historia del edificio, patrimonio de la Humanidad y en todo caso un bien público, material,

del Estado Español, cuya Administración y partidos gobernantes, indolentes y entregados sin descanso a los deseos de la Jerarquía católica, tanto ha abandonado las posesiones públicas renunciando al ejercicio de sus obligaciones irrenunciables, potestades públicas de obligada realización, que son

el

inventario y la inmatriculación de los bienes públicos inmobiliarios". Y añade: "la Mezquita es un bien público desde antes de su consagración al culto cristiano, como lo demuestra el hecho de que su incorporación patrimonial, como bien del Estado, por la conquista en la fecha ya apuntada de 1236 lo fue por un acto civil, un botín de guerra en definitiva".

El denunciante subraya que el hecho de su consagración al culto católico es "civilmente irrelevante desde el punto de vista de la posesión" y en nada "desvirtuaba el carácter público del edificio y mucho menos su concreción como bien público". Por ello, "el Cabildo se prevale de unas normas indulgentes, sobre todo inconstitucionales, respecto de su modo de hacer, en este caso certificar para inmatricular sin fundamento legal la Mezquita a nombre de la Iglesia Católica".

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