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La Diputación dispone de 180.000 euros para garantizar la seguridad de los ayuntamientos de la provincia

Sara Alguacil, en la Diputación.

Carolina Moreno

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La diputada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, ha explicado que este plan, que garantizará la ciberseguridad en las administraciones públicas, tiene un presupuesto de 180.000 euros. Y, cuenta con una subvención máxima de 2.200 euros para cada entidad local. El plazo de solicitud será entre el 1 y el 12 de septiembre, ambos inclusive.

Este proyecto consta de cuatro puntos principales. El primero de ellos trata el outsourcing y el almacenamiento, es decir, que se encargará del apoyo a los servicios de directorio y del almacenamiento de la información de la entidad local. En este apartado se incluyen el almacenamiento de datos, la migración de la información a los sistemas de Eprinsa, y el uso de licencias necesarias para las herramientas que usan en su trabajo diario.

Alguacil ha recordado que, a pesar, de que el 90% de las administraciones locales de la provincia ya han implantado esta modalidad de trabajo, aún hay que migrar la información de aquellos ayuntamientos que no lo han hecho. Para ello, la Diputación les ayudará a sustentar el coste que supone esta tarea.

Video-actas en las sesiones plenarias

La segunda línea de subvención está centrada en apoyar la implantación del sistema de video-actas en los plenos municipales. Esta iniciativa se lanzó en 2024 con el objetivo de facilitar el trabajo del personal administrativo y de secretaría, sobre todo en la redacción de actas y en la recuperación de informaciones tratadas en las sesiones plenarias. La delegada ha aclarado que esto no será un servicio streaming aunque sí es necesario vincularlo a un sistema streaming para que funcione.

Alguacil ha explicado que Eprinsa se encargará de todos los costes que suponga la implementación de esta nueva herramienta: “Nosotros financiamos con esta subvención la posibilidad de implantar una cámara de alta resolución que se conecta a través de IP a una red de micrófonos”. Además, de cubrir los costes de transcripción de las sesiones, la integración de firma electrónica y el soporte informático necesario para su gestión. Esta medida, según dice la delegada, es para cumplir los “mínimos de transparencia” y para garantizar “el acceso a la información del ciudadano”.

Otras medidas: Córdoba e-mail y teletrabajo

La tercera línea de este programa está destinada a cubrir durante un año la suscripción al servicio de correo Córdoba e-mail. Esta plataforma permite a los empleados públicos utilizar servicios como Drive para almacenamiento y para compartir documentos de forma segura, la inteligencia artificial de Google, Gemini, o el uso del correo electrónico. Este sistema de gestión homogéneo, según Alguacil, elevará la cobertura de la ciberseguridad.

Puesto de trabajo para movilidad, es el cuarto y último punto de este plan. Desde la pandemia, el teletrabajo ha incrementado y la delegada ha asegurado que se ha dotado a las administraciones públicas de equipamiento informático como portátiles o monitores de 27 pulgadas.

Centro de Operaciones de Ciberseguridad

Por otra parte, Alguacil ha explicado que la Diputación ha puesto en marcha la implantación de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Esta iniciativa ha nacido como respuesta a la creciente amenaza de ciberataques como la que sufrió hace tres años la administración pública de Córdoba.

Este proyecto, que será financiado con fondos propios y europeos a través del Plan de Transformación Digital y Resiliencia, cuenta con una inversión total de 1,4 millones de euros. Y, además, cuenta con el respaldo del Centro Criptológico Nacional y con la colaboración de otras diputaciones a nivel autonómico y nacional.

Este nuevo centro prestará un servicio gratuito de ciberseguridad a todos los municipios de la provincia, especialmente a los menores de 20.000 habitantes, que en muchos casos no disponen de suficientes medios económicos propios. Para ello, se ha diseñado un catálogo dividido en seis grandes áreas de actuación: prevención, protección, detección, respuesta, asesoría y gestión.

Para la prevención se identificarán las amenazas y se realizará un análisis de seguridad en cada administración local. Alguacil ha admitido que este paso ya ha sido implementado en el 100% de los municipios.

En el segundo punto, el de protección, se realización de simulacros de ataque desde el propio centro para comprobar la fortaleza de los sistemas. Cuenta ya con un 80% de implantación, en el que se incluyen medidas como el uso restringido de puertos USB en equipos nuevos.

Para la detección de amenazas se incluirán antivirus avanzados o sistemas EDR. En cuanto a la respuesta, se garantiza la atención a incidentes en un plazo máximo de 24 horas para evitar que cualquier ataque paralice la actividad administrativa. Respecto al punto de la asesoría, el centro ofrecerá un apoyo directo a los ayuntamientos en la implantación de soluciones, muchas de las cuales se pueden gestionar desde la central. Y, finalmente, la gestión, que consiste en el seguimiento técnico y la supervisión de todos los procesos de implementación.

Asimismo, esta iniciativa se complementa con el Plan de Capacitación Digital, cuyo objetivo es concienciar a los ciudadanos con el uso seguro y responsable de las nuevas herramientas digitales. “Estamos capacitando al ciudadano para el uso responsable de la tecnología, de las herramientas que tienen a su disposición a nivel digital, y por supuesto, enseñarle cómo tratar con la administración de una manera segura, fácil, ágil y dinámica”, ha concluido Alguacil.

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