Denuncian la situación de los empleados de un centro subvencionado por la Junta

UGT y CCOO señalan a la asociación que gestiona el Centro de Menores Infractores Sierra Morena como responsable de medidas contra los trabajadores y de impedir la celebración de elecciones sindicales

Sierra Morena Los sindicatos UGT y CCOO de Córdoba han denunciado este miércoles “la situación que sufren los trabajadores” del Centro de Menores Infractores Sierra Morena, un centro homologado y subvencionado por la Junta de Andalucía, con una plantilla de 60 empleados y cuya gestión es desarrollada por la Asociación para la Integración y Desarrollo Social Meridianos.

Las organizaciones sindicales responsabilizan a la dirección y subdirección del centro de “saltarse permanentemente los derechos de los trabajadores” con prácticas continuadas que incumplen el convenio colectivo de los empleados, los turnos de descanso y con sobrecarga en servicios como el de cocina, ha señalado como ejemplos el responsable de Servicios Públicos de UGT, Isaías Ortega.

“Se actúa de forma caciquil” y “bajo amenazas”, ha explicado el portavoz sindical que ha descrito cómo el pasado mes de noviembre se le comunicó a un trabajador -que se incluía como delegado en las listas de UGT- su “traslado forzoso” a un centro gestionado por la misma asociación en Extremadura. Un traslado calificado por las organizaciones sindicales como “injustificado y arbitrario que contraviene los derechos del trabajador y el ejercicio de la libertad sindical” y que acabó siendo denunciado ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

En ese sentido, UGT y CCOO denuncian los impedimentos llevados a cabo por la asociación gestora del centro sobre los trabajadores para el normal desarrollo de las elecciones sindicales y cuya renovación, que debería haberse producido en estas fechas, ha sido anuladas en dos ocasiones.“Han querido intervenir en la composición de las listas de delegados y han mentido en una convocatoria”, describen los portavoces sindicales.

Los sindicatos han indicado su intención de informar por escrito a la Junta de Andalucía sobre estos hechos “para que actúe” ante la concesión de la gestión del centro de menores a la asociación denunciada. “Entendemos que la propia administración tiene una responsabilidad de seguimiento” de la firma adjudicataria con el fin de controlar “cómo se presta el servicio y cómo están los trabajadores”.