Cortés: “El Gobierno recurre el decreto antidesahucios porque da poder a la gente”

La consejera de Fomento se pregunta que la norma se puede paralizar hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha afirmado hoy que el Gobierno central ha recurrido el Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda “porque funciona y da poder a la gente, porque es útil, porque ha demostrado que tiene impacto social, que beneficia a las víctimas de la crisis, que llega donde ninguna otra norma de vivienda ha llegado antes”. “El Ejecutivo central pretende paralizar el Decreto Ley porque quiere evitar que la gente pueda ver a las claras que hay alternativas a los dictados de la troika y de la élite financiera, alternativas a la resignación institucional. El mensaje que lanza el Gobierno es claro: no hay alternativa, ni lo intenten. No lo van a conseguir. No nos rendiremos jamás”, ha señalado Cortés, que se ha mostrado “absolutamente convencida” de que el Decreto Ley es “constitucional de la A a la Z”, como prueba la jurisprudencia del Tribunal y los múltiples análisis de juristas y constitucionalistas emitidos desde su publicación.

“El problema es que con este recurso pueden forzar su paralización hasta la sentencia del Constitucional. ¿Qué pasa durante ese tiempo con las familias que necesitan hoy, ahora, la ayuda que ofrece esta norma?”, se ha preguntado la consejera, que ha acusado al presidente del Gobierno de “abusar de una prerrogativa excepcional”, la del recurso al Tribunal Constitucional, “utilizando como excusa a la Comisión Europea, cuando esta jamás ha expresado dudas sobre la constitucionalidad de la medida, que está fuera de toda duda”.

“El Decreto Ley no es sólo un ataque a la soberanía andaluza, sino a todas las familias a las que esta norma da poder, da recursos, da nuevas oportunidades o incluso un respiro”, ha señalado Cortés, que ha recordado las palabras de María del Carmen Andújar, una mujer de Huelva que vive con su marido y sus dos hijos de 17 y 15 años, y que no puede hacer frente al pago de su hipoteca, tras conocer que gracias a este Decreto Ley podría seguir en su casa tres años más. “María del Carmen quiso lanzar un mensaje a la gente que lo está pasando mal: 'Que no se vengan abajo, que luchen, que sí se puede'. Nosotros hacemos nuestras palabras de María del Carmen”, ha señalado la consejera.

Cortés ha afirmado que el Gobierno no recurre el Decreto Ley en defensa de la Constitución, ni de la propiedad privada, sino de una “élite financiera ante la que carece por completo de autonomía”. “El Gobierno tenía que elegir entre reforzar los ya mimados intereses de una pequeña élite o permitir la defensa de los derechos de la mayoría social trabajadora. Y ha decidido”, ha señalado Cortés, que ha recordado que el Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda cumplirá tres meses en vigor el viernes. “En este tiempo el Decreto Ley ha demostrado que es posible hacer política del lado de las víctimas de la crisis, dar herramientas y poder a la gente que peor lo está pasando en el momento que más lo necesita. El recurso es fuerte con el débil y débil con el fuerte”, ha agregado la consejera.

A lo largo de los casi tres meses que lleva en vigor el Decreto Ley, “ha demostrado que hay alternativa”, algo que el Gobierno “no ha podido tolerar”, ha señalado Cortés, que ha recordado que la norma “pretende modificar una realidad injusta e insostenible”. En Andalucía hay más de 700.000 viviendas vacías, al tiempo que se han producido desde 2007 más de 80.000 desahucios. En paralelo, el porcentaje de alquiler no alcanza ni el 17%, apenas la mitad que en Europa. Ante esta situación, ha explicado Cortés, el Gobierno andaluz, a propuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda, aprobó el Decreto Ley, que entró en vigor el pasado 12 de abril.

Dicha norma, como “primer punto de ruptura con las políticas anteriores”, crea la figura de la vivienda vacía para su inclusión en un registro de inmuebles deshabitados. La vivienda vacía queda definida a partir de los seis meses sin ocupación, regulándose también los mecanismos para su detección en función, entre otros indicadores, del consumo de agua y electricidad. El Decreto Ley establece sanciones de hasta 9.000 euros para las personas jurídicas, fundamentalmente bancos e inmobiliarias, por cada vivienda vacía. También establece sanciones, que pueden llegar hasta los 120.000 euros, para las entidades financieras que den a sus viviendas protegidas un uso contrario al fin social para el que fueron construidas. Por otra parte, la norma fija incentivos para personas físicas que tengan viviendas vacías. “El objetivo es promover el alquiler como vía para la extensión del ejercicio del derecho a la vivienda, que en España y Andalucía viene siendo sistemáticamente pisoteado, según ha denunciado la propia ONU”, ha explicado Cortés.

El Decreto Ley incluye además una disposición adicional que establece la potestad de la administración andaluza de expropiar el uso de viviendas embargadas por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o sociedades de gestión de activos en caso de que la familia que vaya a ser desahuciada se encuentre en riesgo de exclusión social. Desde su entrada en vigor, el 12 de abril, la Consejería ha iniciado 12 expedientes de expropiación para evitar desahucios.

Al margen de esta disposición adicional, la Consejería ha empezado a inspeccionar el parque de vivienda de Andalucía al objeto de detectar aquellas que estén vacías e incorporarlas al registro de inmuebles deshabitados, pudiendo sancionar a las personas jurídicas que las posean. También ha recabado información sobre las viviendas protegidas que los bancos tienen en sus balances. La Consejería trabaja además en la orden de fomento medidas en materia de alquiler y en el decreto de traspaso funciones a EPSA en materia de fianzas de arrendamientos y suministros.

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