El Ayuntamiento decide mañana si lleva la ocupación del Rey Heredia por lo penal

El asunto se llevará a la junta de gobierno local y la opción más probable es que el Consistorio se persone como acusación. Torrico asegura que el gobierno local “seguirá las recomendaciones que le marquen los servicios jurídicos municipales”.

La junta de gobierno local debatirá mañana sobre la posición que toma el Consistorio ante el auto de la pasada semana del juez Rodríguez Laínz en el que daba un plazo de diez días al Ayuntamiento para que decidiese si se personaba o no en un procedimiento penal por la ocupación del antiguo colegio Rey Heredia, indicaron las fuentes consultadas por este medio que añadieron que la opción más probable es que el Consistorio dé una respuesta afirmativa. Esto es, que se persone como acusación particular.

A falta de que esta decisión se concrete, el edil de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, no quiso ayer hacer valoraciones sobre este asunto y aseguró que “el gobierno local seguirá las recomendaciones que le marquen los servicios jurídicos municipales”. Sea como fuere, la decisión es inminente y todo apunta a que será iniciar la vía penal, ya que por un lado fue el propio Ayuntamiento el que llevó el tema a los juzgados, por otro el acuerdo con los activistas sigue lejos de producirse y, además, el auto del juez ya anuncia la apertura de actuaciones contra nueve miembros de la Acampada Dignidad. Este escrito también está en manos de la Fiscalía que de la misma manera debe posicionarse, aunque, en último término, el propietario del bien ocupado es el Consistorio.

El auto del juez se conoció la pasada semana y desde entonces está en poder de los letrados municipales que, por cuestión de plazos, es muy probable que comuniquen sus recomendaciones al Consistorio para que éste tome una decisión mañana en la junta de gobierno local, en la que puede incorporarse por la vía de las urgencias. En esta semana, el distanciamiento entre Ayuntamiento y activistas ha quedado una vez más reflejado con la protesta que se organizó el lunes frente a la Subdelegación del Gobierno y en la que se acusó al alcalde de tener “un interés personal” en dejar al Rey Heredia sin suministro eléctrico y se pidió su dimisión.