51 detenidos en Córdoba por un megafraude a la Seguridad Social

La 'Operación Seguro' desarrollada por la Policía Nacional ha conseguido desmantelar una trama formada por diez empresas que realizaban contratos de trabajo falsos para obtener de manera fraudulenta subsidios por desempleo, permisos de residencia y beneficios penitenciarios

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la Operación Seguro, ha destapado en Córdoba un entramado empresarial creado para defraudar a la Seguridad Social, procediendo a la detención de 51 personas. Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la operación se ha llevado a cabo después de investigar un total de 10 empresas cuyos titulares realizaban contratos de trabajo falsos y altas irregulares, todo ello con la finalidad de obtener, de manera fraudulenta, subsidios por desempleo, permisos de residencia y beneficios penitenciarios.

La primera fase de la investigación se inició a finales del mes de noviembre del pasado año, tras interponer una ciudadana extranjera una denuncia en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa por parte de un gestor que le prometió regularizar su situación en España a cambio del pago de 600 euros.

Como resultado de las gestiones realizadas, los investigadores identificaron a un hombre que figuraba como titular y gestor de varias empresas, que adeudaba a la Seguridad Social unos 200.000 euros. Fruto de esta investigación, los agentes pudieron constatar como dicha persona había realizado contratos de trabajo a nombre de seis empresas ficticias, todas ellas bajo su gestión, y con apariencia legal, pero que no desarrollaban actividad laboral alguna, comprobando como las referidas empresas se habían creado con única finalidad de recibir prestaciones sociales (ascendiendo la cuantía irregularmente percibida a 205.000 euros) y, con ello, propiciar que personas extranjeras carentes de documentación para residir legalmente en España pudieran solicitar su regularización en nuestro país, al justificar su actividad laboral.

Una vez recopiladas las pruebas e indicios necesarios se estableció un operativo en el que se llevaron a cabo registros tanto en la asesoría como en el domicilio del principal investigado. En ellos se intervino gran cantidad de documentación y material informático de las seis empresas ficticias como contratos de trabajo, sellos, certificados, nóminas de trabajadores, facturas, seguros, escrituras de constitución de empresas, listados de trabajadores y empresas, movimientos bancarios, etcétera.

DETENIDO EL CABECILLA Y CINCO EMPRESARIOS

Una vez analizada la información incautada en los registros los investigadores procedieron a la detención del principal responsable, el asesor-consultor autorizado en todas las empresas ficticias, y de otros cinco empresarios cordobeses implicados en los mismos hechos. Además, se logró localizar y detener a 28 trabajadores de las empresas ficticias, los cuales, habían solicitado prestaciones públicas indebidas (desempleo, subsidios, incapacidad temporal, jubilación anticipada...) y entre los que había varias personas extranjeras que habían tratado de regularizar su situación en nuestro país con los contratos fraudulentos.

No obstante, la operación no se dio por concluida, por lo que en el desde el mes de marzo hasta junio del presente año, y después de un estudio exhaustivo de la documentación intervenida en los registros realizados en la primera fase, los investigadores localizaron contratos de trabajo y nóminas de las empresas ficticias a nombre de otros supuestos trabajadores, que habían acumulado días de cotización con el único fin de en un futuro solicitar el cobro de prestaciones y subsidios públicos.

Además, los agentes pudieron comprobar como algunos de dichos trabajadores habían utilizado igualmente contratos y nóminas falsas para tratar de regularizar su situación en nuestro país, así como incluso para obtener beneficios penitenciarios. Por todo ello, en esta segunda fase se ha procedido a la detención de otras 17 personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental, la mayoría en Córdoba, así como dos de ellos en Madrid y Alicante.

Esta operación ha estado enmarcada dentro del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social .