Naves de Colecor, Rafael Gómez y su prima la 'pelá'

En declaraciones recogidas en Cordópolis durante esta pasada semana, el Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Luis Martín, preguntado sobre la titularidad de las Naves de Colecor, afirmó que los dueños de éstas son “los acreedores”. Ante esta declaración, el constructor y líder de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, aseveró que éstas son de su propiedad y que están equivocados quienes creen que pertenecen a su prima “La Pelá”. Particularmente, no tengo el gusto de conocer a la referida hija del hermano o hermana de los progenitores del polémico empresario cordobés pero, sin pretender inmiscuirme en las siempre espinosas relaciones de familia, me alegro por ella pues esta pérdida patrimonial, lejos de suponerle un problema, ha de constituir un importante alivio para su conciencia ya que, en mi opinión, la actuación practicada en los antiguos terrenos de la cooperativa lechera supone la más importante vulneración de la legalidad urbanística que se ha cometido en esta ciudad durante los últimos años.

Posiblemente, la señora “La Pelá” ignore que esta escabrosa historia comenzó en el año 2005, cuando su primo construyó sin licencia una edificación de 40.000 metros cuadrados en Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Paralelamente, mientras el empresario cordobés cometía la infracción urbanística, comenzó a tramitar un Plan Especial y un proyecto de actuación con los que pretendía convalidar sus hechos. Aquellos instrumentos fueron respaldados por el Ayuntamiento de Córdoba -el Plan Especial en el año 2006 y el Proyecto de Actuación en el año 2008- con los votos favorables de IU y PP y el voto en contra del PSOE. La Junta de Andalucía, al igual que hicieron varios propietarios particulares, impugnó tanto el Plan como el Proyecto y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) les dio la razón. No obstante, el señor Rafael Gómez, ignoro si de motu proprio o aconsejado por su prima, no se conformó con el fallo judicial y lo recurrió ante el Tribunal Supremo, el cual ratificó la sentencia emitida por el TSJ aunque la comunicación de tal resolución no fue notificada al Ayuntamiento de Córdoba hasta julio de 2011 lo que, en cierta forma, explica la parálisis que ha sufrido el proyecto hasta la fecha. El pronunciamiento del Tribunal Supremo ha supuesto el descarte definitivo del Plan Especial original y ha obligado a las autoridades municipales a la redacción de un nuevo instrumento de planeamiento que, no obstante, ya estaba culminado mucho antes de que la sentencia del alto Tribunal fuere notificada oficialmente al Ayuntamiento.

El contenido del nuevo Plan Especial sufrió importantes retoques frente al primero, gracias a las negociaciones entre el Ayuntamiento de Córdoba y la que fuera Consejera de Obras Públicas y Alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar. En la nueva propuesta, el grado de ocupación permitido pasaba del 25% al 21%, lo que significaba la demolición de 15.000 metros cuadrados, extensión mayor que la propuesta por el Ayuntamiento, que pedía 10.000 metros, pero menor que la exigida por la Junta en sus planteamientos iniciales, que llegaba a los 20.000 metros. En esta ocasión, el nuevo Plan contó con el beneplácito de IU y PSOE pero con la abstención del PP. Los populares, cuyo sentido de voto en el primer Plan fue afirmativo, justificaron su cambio de postura por el contenido de un informe emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas en el año 2010 que defendía el derribo de 21.000 metros, además de considerar que el almacenaje de mercancías, uso destinado a las Naves de Colecor, era de carácter terciario, o sea, comercial, y, por tanto, impropio de los usos que el Plan General de Ordenación Urbanística vigente (PGOU) permite en aquel tipo de suelo. Este informe no vinculante, amén de provocar el cese diferido del que fuera delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, Francisco García, provocó la fragmentación del grupo municipal socialista entre los partidarios de acatarlo y los que defendían la viabilidad del segundo Plan Especial. Como reacción al informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas, la Gerencia Municipal de Urbanismo argumentó que el segundo Plan Especial acataba las sentencias del TSJ y del Tribunal Supremo y respetaba el contenido del PGOU. Asimismo, desde el organismo autónomo municipal, se afirmaba que el uso del suelo para el almacenaje de mercancías no reviste un carácter comercial, sino industrial, circunstancia que, por tanto, no contraviene el PGOU.

En esta coyuntura, el señor Gómez, su prima “La Pelá” y todos nosotros hemos tenido constancia de que el gobierno del señor Nieto va a reactivar el Plan Especial de la Carretera de Palma que, entre otras cuestiones, tiene por objeto iniciar el trámite para la legalización de las Naves de Colecor. Teniendo en cuenta que la sentencia del Tribunal Supremo que desestimaba el recurso interpuesto por la empresa de Rafael Gómez fue comunicada al Ayuntamiento de Córdoba en julio de 2011, es decir, pocos meses después de celebrarse las elecciones municipales, es lógico que corresponda al Alcalde Popular sortear la “patata caliente” que le ha llegado a su tejado. No obstante, aún desconocemos las causas que han motivado el cambio de postura en las filas populares ya que la Gerencia de Urbanismo ha empleado para esta ocasión los mismos argumentos que en su momento utilizó para refutar el informe emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y que, al parecer, no convencieron del todo a los actuales dirigentes municipales. También ignoramos las causas que han llevado a los socialistas cordobeses a obviar el referido informe y votar a favor del nuevo Plan Especial. Tampoco sabemos si la Junta de Andalucía lo impugnará, como hizo con el primer Plan, o si, por el contrario, lo aprobará y tramitará. Asimismo, la Hacienda Municipal aún no tiene constancia alguna de la multa de más de 24 millones de euros impuesta al señor Gómez quien se niega públicamente a satisfacerla. Además, si definitivamente el Plan ve la luz y se legaliza la situación de las Naves objeto de este artículo, la legitimidad de los responsables municipales para reconducir la problemática de las parcelaciones en esta ciudad quedará para siempre en entredicho. En definitiva, muchas preguntas y pocas respuestas. ¡De cuántos problemas se ha librado “La Pelá”!