Guiando por la Mezquita I: Cuando el deán puede más que la Administración

La Mezquita de Córdoba es el único monumento de toda España de su categoría en el que los Guías Turísticos oficiales no podemos ejercer nuestra profesión. En una práctica ilegal, el Cabildo Catedralicio asume potestades públicas regulatorias que constitucionalmente no le corresponden. Sobre el terreno, esto se traduce en una segregación laboral que deja sin efecto los títulos académicos oficiales del 99% de los Guías Turísticos, incumpliendo la legislación de manera flagrante en beneficio de apenas un 1% que, sin haber diseñado el sistema, encuentra en él una posición ventajosa cuya continuidad depende de que siga existiendo tal discriminación.

Un guía oficial habilitado por la Junta de Andalucía puede trabajar libremente en la Alhambra, la Giralda o la Sagrada Familia, pero es expulsado de la Mezquita si no tiene el carné del Cabildo. Y así será durante seis meses más, porque así lo quiere el Cabildo, después del comunicado emitido estos días anunciando el nuevo régimen de visitas que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. El infractor anuncia motu proprio el fin de su infracción pero se da de plazo seis meses para seguir incumpliendo la legislación. Con la venia de la autoridad competente, que vuelve a ponerse de perfil.

La solución a este agravio llega cuando y como el Cabildo lo ha estimado oportuno. Pero es más que evidente que lo hace forzado por un acorralamiento administrativo que se ha ido urdiendo en las bambalinas del poder, puesto que todas las administraciones públicas tienen un expediente pormenorizado del conflicto sobre la mesa. Y esto es así gracias a la acción tenaz de un grupo de profesionales del turismo, agrupados en la Asociación INGUÍATE, que hemos mantenido el pulso administrativo y mediático ante el perjuicio profesional y económico que llevamos sufriendo durante décadas, a la vista de todo el mundo, fruto de la inacción de la administración y la connivencia de buena parte del ecosistema turístico. Una postura ciertamente temeraria aún a costa de asumir importantes costes profesionales, económicos y sociales durante años.

Son innumerables los escritos y reclamaciones que hemos redactado y remitido a las instituciones y administraciones solicitando medidas contra esta arbitrariedad laboral. Desde la Delegación Territorial de Cultura y Turismo, las consejerías competentes en Turismo, Empleo o la propia de Presidencia. Así como la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía (ACREA), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Defensor del Pueblo estatal y el propio Ministerio de Cultura. Entre otras.

Un problema que era vox populi en la administración porque todos lo conocían. Todos recibieron informes, denuncias, solicitudes de intervención o peticiones de amparo. Todos tuvieron la oportunidad de actuar, pero tan sólo el Defensor del Pueblo y la ACREA han censurado esta discriminación en sendas resoluciones no vinculantes. En la práctica, durante años, la realidad del ecosistema turístico cordobés se ha mantenido en una calma amarga y hostil hacia quien osara señalar esta irregularidad.

En esta deriva de silencio y consentimiento tácito, el Cabildo incluso se ha apuntado el tanto de implicar el prestigio de la Universidad de Córdoba en su afán de legitimidad. En una acción de maquillaje, consigue embaucar a alguien en la institución para que ésta supervise y valide con su autoridad académica un examen de capacitación que carece de cualquier sustento normativo. Que además crea un sistema de castas en la profesión y que, en última instancia, deslegitima una formación superior que la propia UCO ya ofrece. Aunque nadie haya dado explicaciones por este asunto, es un ejercicio de harakiri de una institución de referencia que no se debe pasar por alto.

¿Para qué sirve un delegado?

Resulta difícil encontrar otro ejemplo en Andalucía de una controversia laboral de esta magnitud. Especialmente por su duración en el tiempo y visibilidad pública, por estar vinculada al monumento universal de una ciudad eminentemente turística y a uno de los enclaves patrimoniales más visitados de España. Llega a rozar lo grotesco que esta excepcionalidad haya sido admitida de facto por parte de la Administración durante décadas.

Por ser la figura política de referencia del sector, mención especial merece el Delegado de Turismo en Córdoba. En el monumento más importante de su ámbito competencial, en el escenario de mayor repercusión, el señor delegado de Turismo no ha sido capaz de hacer cumplir una normativa cuya vulneración era pública y notoria. Conocía el conflicto de primera mano, no en vano fue el primero en saberlo y ha sido interpelado de manera recurrente. Conocía las consecuencias de su inacción y estaba al tanto de las reclamaciones planteadas ante numerosas instituciones. Incluso ha sido exhortado por el Defensor del Pueblo y la ACREA a tomar cartas en el conflicto. Pero su función se ha limitado a servir de mensajero. Esa actitud de inhibición institucional disfrazada de incapacidad (“carezco de medidas coercitivas”) no puede calificarse de otra manera que de pusilánime.

Porque el reciente anuncio demuestra que existían vías para corregir el problema. Que entre la inacción y el suicidio político existen herramientas de presión y de coerción. Y provoca precisamente que nos hagamos algunas incómodas preguntas: si finalmente era posible actuar, ¿por qué no se hizo antes? ¿para qué sirve un Delegado?

La respuesta no puede buscarse únicamente en los aspectos técnicos o jurídicos del asunto. También obliga a reflexionar sobre la relación entre poder formal y poder real.

Sabemos que este aperturismo no es una medida de gracia, no es un regalo buenista fruto de la generosidad de quien durante décadas ha impuesto por la fuerza un sistema de segregación laboral asfixiante para la mayoría de la profesión. Sabemos que se ha ido fraguando en los despachos, cercado por un pulso administrativo y mediático que finalmente no podía sino vencer el atrincheramiento de unos y la abulia de otros. Ojalá sea la primera de muchas y mayores victorias en este ámbito.

Porque, aunque pírrica, esta victoria ciudadana bien merece un buen epílogo de absurdidad. Un último canto de cisne. Puesto que aún tendremos que esperar los seis meses de gracia que el propio Cabildo se ha otorgado para volver al lado de la legalidad y la razón. Una última arbitrariedad, otra más, contra la que nos rebelamos. Y que además desprende cierto tufillo cínico y arrogante de quien acata la realidad pero quiere dejar constancia de su insolencia, mientras que los representantes públicos miran para otro lado aliviados por el entuerto que se han quitado de encima.

La noticia conocida estos días marca, previsiblemente, el inicio del final de una anomalía que ha acompañado durante décadas a la gestión de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Aunque sea en diferido. Y deja también dos aprendizajes que no podemos olvidar: la organización colectiva puede ganar batallas. A pesar de que, durante demasiado tiempo, el deán pueda más que la Administración.