Intervención a lo Lola Flores en los cines de verano

Hasta cuatro informes técnicos de Intervención del Ayuntamiento de Córdoba censuran que el Gobierno Municipal transfiera 1.200.000 euros para subvencionar festivales de música privados ya celebrados. Cuatro negativas, cuatro. Pero ni caso. El Gobierno del PP, a su plin, seguirá adelante, ignorando las recomendaciones de sus técnicos.

Y por ello, 4 euros de cada cordobesista, haciendo las cuentas de la Lola Flores, irán a engrosar la tesorería de los organizadores. Unos empresarios que, además –a diferencia de las casetas de feria o de los puestos del mercadillo–, han dispuesto en el Arenal de suelo público gratuito para montar sus festivales de verano y han cobrado a los asistentes su correspondiente entrada. Un negocio redondo para la iniciativa privada y un dislate cuadrado para los bolsillos públicos.

Por el contrario, un solo informe, del que aún se desconocen públicamente todos los detalles, ha sido suficiente para que el Consistorio haya rechazado en dos ocasiones la compra de los tres Cines de Verano situados en el casco histórico, por un monto de apenas 300.000 euros. Y rapidito, que no se entere nadie.

Dejando de lado el incuestionable valor sentimental, cultural y etnológico de estos espacios, hablamos de unos solares que, tan solo a nivel catastral, casi cuadruplican su valor. Así que –volviendo a la Lola– por apenas 1 euro de cada cordobés se podrían haber incorporado al patrimonio público unos recintos cuyo valor económico ya supera ampliamente el precio de adquisición y que, en el futuro, multiplicarán su valor de mercado.

En resumen, la Intervención del Ayuntamiento de Córdoba ha tirado cuatro veces de la Oreja de Van Gogh al Gobierno Municipal, pero éste se la salta olímpicamente, como un buen torero. Pero si hablamos de los cines, del bien común, las palabras de la Intervención son elevadas a verdad inamovible.

Cuestión de voluntad por lo público

Todo este embrollo pone en evidencia que la voluntad política prevalece sobre las disquisiciones administrativas, siempre y cuando haya interés en llevar a buen puerto un proyecto de cualquier índole, especialmente los que afectan al interés general. Si interesa al alcalde, p’alante con lo que sea.

La voluntad política puede conseguir que cuatro informes técnicos no impidan transferir 1,2 millones de euros a fondo perdido para un festival que se celebró hace ya un año, pero que un informe sí sea suficiente para perder un patrimonio inmobiliario sin igual, por una cuarta parte de ese dinero. Dentro de unos años, nadie se acordará de quién actuó el año pasado en el Arenal, pero los Cines de Verano serán un oasis de cultura o una cicatriz incurable.

No estamos únicamente ante una decisión política discutible (los cines, la memoria, la cultura…). Estamos hablando de gestión patrimonial. Eminentemente económica. Por lo que la conveniencia de la operación para el Consistorio no es opinable. Es un bombazo inmobiliario desaprovechado.

Trescientos mil euros son una minucia para el Ayuntamiento. No suponen una gran operación para una ciudad como Córdoba. Ni una inversión inasumible ni un esfuerzo económico extraordinario. Pero sí la oportunidad de incorporar al patrimonio municipal unos espacios únicos, históricos e irrepetibles por una cantidad extraordinariamente baja en relación con su valor de mercado.

Por eso, más allá del debate político, sería razonable preguntarse sobre la responsabilidad patrimonial atribuible a los gestores públicos. Porque un gestor público no administra su propio patrimonio ni el de su partido. Administra el patrimonio de toda la ciudadanía. Y ahí debe ser diligente y no especular con lo que es de todos. Su obligación consiste no solo en evitar gastar mal el dinero público, sino también en saber reconocer aquellas oportunidades excepcionales que permiten aumentar el patrimonio colectivo. El perjuicio para las arcas públicas no siempre aparece en una factura.

Porque hete aquí que, cuando ya todo está casi perdido, los cines cerrados y vendidos a un postor que no es el mejor de todos, pero sí el que con sus tejemanejes ha engatusado a los herederos de Martín Cañuelo –que tampoco han sido los mejores herederos ni los mejores guardianes del legado patrimonial, cultural y sentimental de su enorme tío–; ahora de nuevo emergen las figuras del Sr. Torrico y el Sr. Bellido, obligados por la presión ciudadana, para enmendarse a sí mismos, recoger cable y manifestar públicamente que el Ayuntamiento quiere comprar los cines. O pasar la patata caliente a la Junta de Andalucía para intentar maquillar el desaguisado que su inacción cortoplacista ha generado.

Menudo negocio

A nivel de tesorería, la verdadera aberración no es dudar de la viabilidad de los Cines de Verano, sino haber renunciado a adquirir los solares por tan solo 300.000 euros. No hacía falta ser un halcón inmobiliario para ver el negocio. Ni tampoco matricularse en la Facultad de Economía para darse cuenta del butrón que esta gestión puede abrir en el patrimonio municipal. Una mina a cielo abierto de desprecio a la idea de lo público y de hacer ciudad desde la Administración.

Llevado a otro contexto, no hace falta decir que cualquier empresa se iría a la ruina con una gestión patrimonial de este pelaje. Un asalariado no duraría ni cinco minutos en su puesto de trabajo si hiciera negocios tan poco rentables. Y si un naufragio así ocurriera en una familia, terminarían a pleitos hasta gastar el último de sus euros en abogados, o a tiros como en Puerto Hurraco. Pero las leyes de la política neoliberal no son de este mundo, y en su afán de adelgazar lo público, no escatiman en buscar el guión más retorcido, cueste lo que nos cueste a las y los cordobeses.

Por ello, el Gobierno Municipal se ha metido él solito en un embrollo del que saldrá pelado o trasquilado, a pesar de que jugaba con las mejores cartas y tenía las de los otros jugadores marcadas. Pagará 800 mil euros y “se pondrá la medalla” por algo que valía 300; tendrá que ir a un juicio infinito o la Junta le salvará los muebles declarando BIC los cines. Las otras alternativas, todas espurias, contarán con la firme oposición de la ciudadanía, obligada de nuevo a remangarse para fiscalizar la dejadez de funciones de sus representantes.

Estamos acostumbrados a un tipo de política enfocada en inaugurar, subvencionar u organizar actividades. Cuando gobernar debería ser, sobre todo, conservar, proteger e incrementar el patrimonio de todos.

Además de memoria, identidad y futuro, nos jugamos un buen puñado de euros en un thriller de tahúres que apuestan con un dinero que no les pertenece. Así que estemos atentos a nuestras pantallas. Porque hay trenes que solo pasan una vez.