La Iglesia arremete contra el Defensor por pedir más participación en la Mezquita y respeto a su integridad

A la Iglesia católica no le ha gustado el último informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el Conjunto Monumental Mezquita Catedral. El canónigo portavoz del Cabildo catedralicio, José Juan Jiménez Güeto, lanzó días atrás abiertos reproches contra Jesús Maeztu por las recomendaciones vertidas en un dictamen sobre el Plan Director del universal monumento cordobés. En aquel documento, hecho público el pasado 15 de enero, el Defensor Andaluz aseguró que en el excepcional edificio omeya se producen “actuaciones que contradicen la puesta de manifiesto de los valores andalusíes del conjunto”, en clara alusión a la gestión del Cabildo eclesiástico.

Como ejemplo de las distorsiones causadas por la Iglesia en el monumento omeya, el Defensor Andaluz cita la instalación de un facistol en “pleno escenario del Mihrab”, el elemento central del templo islámico, lo que “no facilita la contemplación de espacios únicos por su belleza”. Asimismo, Maeztu solicitaba en su informe dirigido a la Consejería de Cultura una “cuidada aplicación de los principios de participación y audiencia desde la ciudadanía y sus movimientos asociativos”, en referencia a la desatención de las alegaciones presentadas por la Plataforma Mezquita Catedral en la tramitación del Plan Director y los nulos mecanismos participativos del monumento, tal como recomiendan las directrices de la Unesco.

En ese punto precisamente es donde el canónigo portavoz centró su recriminación al Defensor del Pueblo Andaluz. “¿Cómo vas a exigir a una institución que fomente la participación cuando tú mismo no nos das participación?”, preguntó públicamente Jiménez Güeto en el marco de la II Jornada Internacional Conversaciones Patrimonio 2030. Una guía para la acción, organizada en el salón de actos de la UCO. “Nunca nos hemos sentido más indefensos ante el Defensor del Pueblo Andaluz”, protestó airadamente el representante eclesiástico.

En opinión de Güeto, la institución andaluza dirigida por Maeztu debía haberse dirigido directamente al Cabildo catedralicio antes de haber emitido su informe. “El primer paso sería darnos trámite de audiencia para ver si fomentamos o no los cauces de participación”, señaló. Y a continuación puso ejemplos que, a su entender, demuestran que la gestión del Conjunto Monumental Mezquita Catedral está abierta a la colaboración ciudadana. “Fomentamos la participación con todos los sectores. Con la administración pública tenemos un permanente diálogo y también con todos los partidos, el movimiento ciudadano, el Consejo Social, la Universidad, los empresarios y los sindicatos”, argumentó.

El informe

El informe del Defensor Andaluz forma parte de un expediente abierto tras una queja de la Plataforma Mezquita Catedral ante el silencio administrativo de la Delegación de Cultura en relación a sus alegaciones sobre el Plan Director. La Plataforma entiende que es la administración autonómica quien tutela y vigila el patrimonio histórico andaluz y, por tanto, quien debe velar por el cumplimiento de las normas de protección del legado cultural. “Nosotros no nos dirigimos nunca al Cabildo catedralicio. Esto no es un asunto privado. Quien tiene la responsabilidad legal de vigilar la conservación de nuestro patrimonio histórico y aplicar la normativa es la Consejería de Cultura”, explica Miguel Santiago, portavoz del colectivo ciudadano.

El representante de la Plataforma cree que los reproches de Jiménez Güeto contra el Defensor Andaluz están “fuera de lugar” porque la queja va dirigida contra la Junta de Andalucía, que es la entidad que debe aprobar el Plan Director de la Mezquita Catedral y certificar que su redacción respeta los valores reconocidos por la Unesco en su declaración de Patrimonio Mundial de 1984 y sigue sus recomendaciones sobre una gestión participada por la sociedad civil. “Y ninguna de las dos premisas están contempladas en el Plan Director”, protesta Miguel Santiago.

El canónigo portavoz también salió al paso de la polémica por los guías turísticos, en respuesta a una cuestión planteada por el público. Un grupo de guías presentó hace varios meses una queja ante la Consejería de Cultura por presuntas irregularidades detectadas en un examen de selección convocado por el Cabildo catedralicio. Los intérpretes impugnan además la legalidad del filtro impuesto por la Iglesia al margen de la acreditación autonómica para enseñar un bien de interés cultural (BIC) integrante del patrimonio histórico andaluz.

Jiménez Güeto defendió el derecho eclesiástico a poner un examen propio a los guías y acusó a la administración de hacer lo mismo en algunos casos, aunque no los identificó. “Hay en Andalucía monumentos y museos públicos que solo pueden ser mostrados por determinado personal”, excusó. Y advirtió: “No confundamos la Mezquita Catedral, que es un bien privado”. La profusa legislación sobre patrimonio histórico, que empezó a configurarse a finales del siglo XIX, rige sobre la totalidad de los bienes de interés cultural, independientemente de su titularidad.

Los guías

El canónigo argumentó que el examen de la Mezquita “no es nuevo, aunque lleve muchos años sin convocarse”. Y puntualizó que las pruebas son encargadas a la Universidad de Córdoba, “en honor a la transparencia y para que no haya atisbo de sospecha”. Sin citarlas expresamente, Jiménez Güeto intentaba responder subliminalmente a las numerosas denuncias por el supuesto “control ideológico” sobre los guías ejercido por la Iglesia católica durante años para imponer una “narrativa católica excluyente” del monumento andalusí.

Y añadió: “La UCO establece los contenidos y señala el examen escrito y oral. Nos dan la lista y nosotros firmamos la acreditación. Tendríamos que hacer una supervisión diaria pero somos tan buenos y confiados que no lo hacemos. Y, a veces, escucho algunas barbaridades tremendas. Si hay expertos que dicen que el discurso es erróneo, no tenemos inconveniente en corregirlo, Hasta ahora no ha ocurrido”. Durante años, el Cabildo catedralicio borró la denominación de Mezquita del monumento e impuso en los trípticos y a su personal la nomenclatura exclusiva de Catedral para referirse a él. Justamente el Defensor Andaluz, en su informe, cita la eliminación del término Mezquita como ejemplo de prácticas que “no acogen una inteligente comprensión de la rica y plural trayectoria en todo el esplendor histórico del recinto”.

El dictamen de Jesús Maeztu concluye con dos sugerencias y una recomendación dirigidas a la administración competente en materia de patrimonio histórico, y en ningún caso cita al Cabildo catedralicio como parte del procedimiento. El Defensor del Pueblo Andaluz insta a la Consejería de Cultura a que contemple una “comprensión integradora” de los valores plurales de la Mezquita Catedral en su Plan Director, a la vez de que garantice un “efectivo ejercicio de participación ciudadana en los debates de su redacción”. En este sentido, el portavoz de la Plataforma subraya que el Cabildo eclesiástico “confunde” el diálogo formal con las asociaciones ciudadanas y los “mecanismos de participación efectiva en la gestión del monumento”, tal como estipulan las directrices de la Unesco, especialmente el Convenio de Faro de 2005.