Reflexiones personales tras el incendio de la Mezquita

Siempre he barruntado que la inscripción de la Mezquita-Catedral en el Registro de la Propiedad por parte de la Iglesia Católica, en marzo de 2006, debía estar íntimamente relacionada con el cese de Miguel Castillejo al frente de Cajasur. El canónigo Juan Moreno, al llegar a la dirección de esta institución bancaria en julio de 2005, debió aleccionar al Obispado sobre la ruina en ciernes de la entidad, de su incapacidad financiera para sobrevivir y del inminente final de toda cooperación.

El Obispado perdía un tentáculo económico que, entre otras cosas, le adelantaba la recaudación anual de las visitas a la Mezquita-Catedral y, teniendo en cuenta su apego por las cuestiones dinerarias, alguna inquietud surgiría en la sede de Osio. Los ingresos que generaba la Mezquita-Catedral siempre habían acabado en sus arcas, pero la volatilidad política podía cerrar el grifo en cualquier momento. La inscripción del monumento como bien propio garantizaría seguridad jurídica sobre ellos.

Presionar, por tanto, para que la titularidad de la Mezquita-Catedral revierta en favor del Estado, desempolva el fantasma de la pérdida de estos ingresos, que hace que la Diócesis de Córdoba sea una de las más venturosas, económicamente hablando, del país, y activa su numantismo. El miedo no es una táctica civilizada y, en una hipotética, dudosa, improbable y sin embargo razonablemente necesaria negociación que el Estado español emprendiera sobre el monumento, lo aconsejable podría ser garantizar al Obispado la percepción de estos beneficios económicos. Veintidós millones anuales de euros es una cifra respetable desde una perspectiva de economía doméstica, pero insignificante en el contexto de los Presupuestos Generales del Estado.

Pero la Iglesia Católica debería, a cambio, permitir que un patronato independiente, y formado por acreditadas personalidades del ámbito académico nacional, gestionara el monumento y lo dotara de prestigio y proyección internacional. La Mezquita de Córdoba tiene entidad histórica para ser considerada como museo nacional. Y esa entidad histórica no puede ser gestionada por la Iglesia Católica, que ha probado su incapacidad para entender y preservar su configuración a través del tiempo. Con un amplio número de miembros del clero con una chata formación académica y estética, la Iglesia Católica debería abandonar la soberbia que supone adueñarse de algo ajeno a su propia historia. Esas muestras de antagonismo religioso pertenecen al pasado, al de la Reconquista, y tienen difícil encaje en nuestros días. Porque soberbia significa empoderarse sobre un relato ajeno al de su particular credo. Muchas cosas contiene la Mezquita que nos hablan de esa divergencia histórica y una no menor es el conjunto de cúpulas realizadas en el siglo X, un tiempo en el que era imposible su construcción en Occidente por la ausencia de conocimientos matemáticos, que fueron extirpados por la Iglesia Católica.

En algún momento tanto la Iglesia Católica como el Estado español deberían reconocer que las doscientas mil firmas en favor del manifiesto emancipador logradas por la Plataforma que lucha por la titularidad pública del monumento, transmiten un innegable sentimiento de pérdida por una considerable parte de la ciudadanía. La Iglesia Católica, en su papel evangelizador y ejemplar, no debería desdeñar este sentimiento, pues desempeñar su labor bajo la sospecha continua de una usurpación no es fácil de gestionar. Y también el Estado español debería atender esta demanda civil, que trata sobre un patrimonio adscrito a nuestra personal historia colectiva, y empeñarse por encontrar una solución. Trabajar para solucionar los enconos sociales es una de las prioridades de la esfera pública, y la conformación de ese patronato independiente y prestigioso podría estar en la senda adecuada. Un patronato que nos garantizara la preservación de la parte islámica que lo conforma y cuya singularidad estructural de techos bajos y cubierta de madera, no hacen aconsejables los paseos de las cofradías por las naves de la Mezquita (denominadas erróneamente “naves catedralicias” por los comentaristas de televisiones locales). El riesgo de posibles nuevos incendios podría minimizarse con algo tan simple como instalar bajo la cúpula de la Puerta del Perdón el altar efímero al que prestan reverencia las cofradías.

Como ha indicado el concejal Torrico, el Ayuntamiento de Córdoba no tiene mucho margen para revertir la titularidad del monumento, pero tanto él como el concejal Hurtado podrían esforzarse un poco más y presionar al Estado para que asuma esas hipotéticas, dudosas, improbables y sin embargo razonablemente necesarias negociaciones, que de momento no parecen figurar en la agenda de Ernest Urtasun, al que no se le visto el pelo en esta chunga historieta provocada por la barredora eléctrica.