A dos aguas: el gran reto de Ibarrola y Fuentes

Advertía George Santayana que quien no recuerda lo vivido está condenado a una perpetua infancia intelectual. Esta sentencia es una losa para los pueblos que olvidan su historia. Por ello, para entender por qué Córdoba está hoy perdiendo el control sobre su recurso más preciado que es el agua, es necesario contar cómo hace 150 años nuestra principal fuente de abastecimiento público, las aguas de Hoja Maimón, se gestionaba en un contexto de opacidad, asimetrías informativas y una profunda dependencia de intereses privados. Este precedente histórico guarda cierta similitud con lo que estamos viviendo en la actualidad en la gestión de un bien tan necesario como es el agua.

Situémonos en la década de 1870. España y en concreto Córdoba buscaban reponerse de la crisis monárquica del reinado de Isabel II. Apenas despuntaba la década cuando los ecos de la Revolución de 1868, “La Gloriosa”, que a nivel local se materializaron bajo el impulso de la Junta Revolucionaria de Córdoba, derribaron algo más que un trono al dictar un decreto que declaraba “abolidas las murallas que circundan esta población”. Córdoba dejaba de ser una fortaleza del Antiguo Régimen para abrazar la modernidad de la libre circulación de bienes y servicios. Sin embargo, mientras las murallas de piedra caían, otras murallas invisibles, las de la gestión y conservación de nuestros manantiales y fuentes, permanecían incólumes.

Posiblemente, la constante penuria económica del consistorio debido a diferentes avatares históricos a lo largo del siglo XIX abocó a una progresiva degradación a las redes de abastecimiento públicas. Las redes privadas, principalmente de la Iglesia, se vieron gravemente afectadas por las desamortizaciones sucesivas, principalmente por la de Mendizábal de 1835. Su principal resultado fue la transferencia de la titularidad de gran número de huertas con nacimiento de manantiales y sus conducciones que canalizaban sus aguas, a la Hacienda Pública de Madrid.

En 1864, el ayuntamiento tenía constancia de que las conducciones de agua no se gestionaban adecuadamente debido al desconocimiento de su trazado, incluidas las de las ya citadas aguas de Hoja Maimón. La información sobre el recorrido de las tuberías de barro recaía exclusivamente en los maestros fontaneros, personificados en la familia Bonilla. Esta saga gestionaba la red con una dejadez que rozaba lo malicioso, propiciando averías por las cuales cobraban reparaciones “sobrevenidas”. El ejemplo más sangriento de este descontrol fue la instalación por Ángel Bonilla de una bomba de succión; una solución que resultó ser veneno, pues durante diez años forzó el venero arrastrando arena que terminó por lijar y obstruir las viejas tuberías de barro. Semejante despropósito técnico fue posible porque el consistorio carecía de acceso al aforador de caudales que los Bonilla custodiaban en su domicilio. De las tres llaves necesarias para fiscalizar ese patrón de medida, el ayuntamiento había perdido dos, quedando a merced de los datos que la familia suministraba a su conveniencia.

Apenas tres años después, en 1867, el consistorio estaba ahogado por las deudas que dejó la visita real de Isabel II cinco años antes. Negociaron con el gobernador civil permutar el préstamo de estos fastos invirtiendo el dinero adeudado en la reforma integral de las cañerías de agua. El tiempo demostraría que esta solicitud fue una treta que buscaba cancelar la deuda. No se destinó dinero a la reparación de las redes que mostraban numerosas pérdidas y quejas por parte de los vecinos. Esto nos da una idea de la categoría moral de nuestros gobernantes en aquellos años. Años, algunos, de verdadera sequía como fueron los de la década de 1850, la Gran Sequía de 1872-1880, demostrando que la falta de inversión real en las cañerías condenó a la población a décadas de miseria hídrica.

Hacia 1874, ante la continua falta de agua en la ciudad por las circunstancias que estamos describiendo, la corporación municipal se vio en la necesidad de arrendar el uso de una noria existente en Huerta Nueva, situada en su día aproximadamente en el emplazamiento actual de Emacsa.

Esta huerta estaba arrendada a Manuel Romero. Él era conocedor de la falta de supervisión por parte del ayuntamiento y del maestro fontanero. Ante esta coyuntura, aprovechó para lucrarse obstruyendo los conductos de las aguas de la huerta con harapos para fingir averías y desviando el agua y vendiéndola a espaldas del consistorio.

Se atrevió a hacerlo al comprobar que los Bonilla manipulaban las redes a su conveniencia y que el ayuntamiento exigía derramas a los partícipes (vecinos con derechos de cierta cantidad de agua) de Hoja Maimón para restaurar su conducción a sabiendas de que les había vendido el consistorio ciertos volúmenes de agua sin que sus manantiales tuvieran el suficiente aforo. En todo este entramado, el mayor damnificado era el pueblo de Córdoba.

En 1876, ante la falta de lluvias, el alcalde Francisco de Paula Portocarrero ordenó al archivero municipal, José López Amo, clasificar y examinar minuciosamente los fondos documentales para reunir en un solo expediente toda la información sobre el origen y curso de las aguas de la ciudad. López Amo realizó una labor ingente de recopilación, examinando todos los documentos existentes para dar coherencia administrativa al sistema. Sin embargo, esta ordenación del archivo no fue suficiente para recuperar el control real: aunque el ayuntamiento ya podía consultar sus propios papeles, los Bonilla seguían poseyendo el saber práctico sobre el terreno, con detalles y precisiones que ningún legajo podía igualar. La institución había recuperado su memoria escrita, pero seguía siendo rehén de la pericia técnica de una dinastía privada que conocía la red mejor que sus propios dueños.

Años más tarde, ante la persistencia de la sequía y el crecimiento demográfico, se aprobó la conducción de Torrecilla-Antas. La apuesta técnica no fue por el desarrollo de una ingeniería propia, sino por la adopción de soluciones extranjeras: la patente francesa del Sistema J. Lavril, suministrada por la firma barcelonesa Balaciart Hermanos. La documentación comercial de la época revela la servidumbre implícita de esta modernización al destacar la «facilidad de su colocación, al alcance de las personas menos versadas». Se vendía así la ilusión de una tecnología «llave en mano» que permitía prescindir de la capacitación local, interrumpiendo el desarrollo técnico de fontaneros y arquitectos municipales. La red ganó rendimiento, pero el municipio consolidó una subordinación a patentes y manuales extranjeros gestionados desde Barcelona.

Incluso propuestas alternativas, como la presentada por Santos María Pego en 1879 para la Asociación de Partícipes de las Antiguas Aguas del Cabildo, se veían obligadas a recurrir a tecnología foránea, en su caso, tubos de hierro dulce bajo patente de los ingenieros Desnos y Broussant. Sin embargo, el proyecto de Pego marcaba una diferencia política crucial: proponía un sistema de medición mediante un metrónomo de precisión que permitía a los usuarios auditar el reparto con equidad. Pego intentaba devolver a los cordobeses el control sobre la métrica que el modelo municipal entregaba ciegamente a intereses externos.

En el ámbito nacional, la implantación de la peseta en 1868 resultó determinante para este proceso de apertura a la industria extranjera. Esta medida puso fin a la convivencia de múltiples divisas, como los reales, escudos y maravedíes, integrando a España en la Unión Monetaria Latina. Al establecer una paridad directa con el franco francés, se simplificó la contabilidad y se eliminaron las incertidumbres en el cambio que dificultaban la inversión de las potencias industriales. De este modo, la unificación monetaria facilitó la repatriación de beneficios para las concesionarias extranjeras, lo que terminó por convertir a España y a Córdoba, en concreto, en un escenario económicamente accesible para el capital transnacional.

Este logro institucional se produjo en el marco de la Constitución de 1876, catalizadora del régimen de la “oligarquía y el caciquismo”. La estabilidad política emanada de la nueva Carta Magna operó como un incentivo para la llegada de capital transnacional. Así, mientras Córdoba dependía todavía de una obsoleta red de atanores de barro, el capital británico ya había privatizado el agua en Sevilla mediante The Seville Water Works Company Limited (SWW).

Esta inercia de subordinación técnica perduró más allá del siglo XIX, consolidándose en las estructuras institucionales. El municipio cordobés quedó atrapado en un modelo de gestión dependiente que tardaría décadas en revertirse, perpetuando una brecha entre la propiedad pública del recurso y la incapacidad técnica para operarlo de forma autónoma hasta bien entrado el siglo XX.

El primer punto de inflexión en esta dinámica ocurrió en 1938, en plena Guerra Civil, cuando el Ayuntamiento de Córdoba logró la municipalización del servicio al comprar la empresa privada que gestionaba las aguas locales. Aquella operación dio origen al Servicio Municipal de Aguas Potables que, aunque limitado a unos 3.000 abonados, sentó las bases operativas para la gestión directa del recurso.

La recuperación plena de dicha soberanía no se materializó hasta noventa años después de aquellos desencuentros decimonónicos, en 1969, mediante la constitución de Emacsa bajo la dirección unificadora del ingeniero Juan Chastang Marín. Chastang articuló el control integral del ciclo hidráulico, abarcando desde la captación en los embalses de la cuenca hasta el suministro final de la capital. Esta estructura centralizada aseguraba una planificación rigurosa y una alta capacidad de respuesta ante contingencias.

Si bien la transición democrática ofreció una coyuntura idónea para consolidar la gestión del agua en el territorio cordobés, el proceso fracasó debido a un conflicto político de carácter estructural. Este desencuentro se consumó el 21 de diciembre de 1985, al amparo de la recién aprobada Ley de Bases del Régimen Local. El proyecto de «provincializar» Emacsa para erigirla en la entidad gestora de todo el ámbito provincial colapsó por una disputa de representatividad: Izquierda Unida condicionó el acuerdo a la reserva del 51 % del control accionarial, mientras que el PSOE, desde la Diputación Provincial, exigió una gobernanza estrictamente paritaria. Ante la falta de consenso, la corporación provincial constituyó de manera unilateral la empresa Emproacsa, con el fin de asumir la dirección técnica de los consorcios hídricos, como los de las zonas Norte, Sur y Alto Guadalquivir, que hasta entonces tutelaba la Confederación Hidrográfica. De este modo, el mapa concesional de Córdoba quedó definitivamente fracturado, consolidando una gestión dual que dividía el recurso entre la capital y el resto de la provincia.

Esta ruptura institucional fragmentó la unidad operativa del agua y originó la bicefalia (Emacsa para la capital y Emproacsa para la provincia) que persiste en la actualidad. Este proceso fue contemporáneo a otro hito de apertura exterior: la integración de España en la Comunidad Económica Europea en 1986. Si en el siglo XIX la peseta facilitó la conexión con el capitalismo industrial, la adhesión al mercado común y la posterior adopción del euro en 2002 representaron la inserción definitiva en una economía de escala continental. Sin embargo, mientras el Estado adaptaba sus estructuras a las exigencias de Bruselas, Córdoba consolidaba esa fractura administrativa interna que neutralizó cualquier posibilidad de respuesta unificada ante los nuevos desafíos globales.

Este inmovilismo estructural relegó a Emacsa a un marco operativo insular heredado de su fundación predemocrática. A diferencia del modelo metropolitano de Sevilla, las sucesivas reformas de los estatutos de la entidad cordobesa jamás contemplaron la apertura de su accionariado para articular una gobernanza regional. Mientras que Emasesa adaptó sus estatutos en 1993 para incorporar a los municipios limítrofes a su propiedad, la corporación cordobesa preservó su modelo autárquico. En este punto radica la asimetría de la innovación local: Emacsa opera con altos estándares de eficiencia interna, pero adolece de proyección territorial; prioriza la excelencia en la gestión doméstica frente al liderazgo regional. Se constata así la diferencia entre la aspiración a controlar la infraestructura de conectividad (Sevilla) y la complacencia de poseer el activo mejor optimizado pero confinado (Córdoba).

Como consecuencia de este repliegue, Emacsa ha acometido una actualización tecnológica convencional mediante la adquisición de la plataforma propietaria de la multinacional Schneider Electric-AVEVA. Esta opción representa la línea de menor resistencia técnica: perpetuar la vinculación con el proveedor histórico a costa de transferir el conocimiento táctico de la ingeniería local. Al externalizar los procesos de inteligencia analítica en una arquitectura de código cerrado, el control cognitivo de la red abandona la soberanía municipal. Esta involución presenta una severa paradoja histórica: de la cesión de la infraestructura física a las patentes francesas en el siglo XIX, se ha pasado a la entrega del algoritmo de gestión a un conglomerado transnacional en el siglo XXI.

Por el contrario, el modelo sevillano ilustra una estrategia divergente. Emasesa ejerce el liderazgo sectorial tras constituirse en un nodo tecnológico y centro de analítica de datos de referencia en Andalucía. Esta autonomía operativa obedece a una decisión deliberada de eludir la dependencia de grandes proveedores de software propietario, articulando alianzas con el ecosistema de código abierto y consultoras especializadas como Wellness TechGroup o la FIWARE Foundation. Mediante esta cooperación, Sevilla ha desarrollado una plataforma pública de gestión hídrica integral que optimiza la captación de fondos comunitarios, 15,4 millones de euros, una cifra que triplica la asignación cordobesa, dado que los criterios de financiación de la Unión Europea priorizan aquellas infraestructuras tecnológicas de carácter interoperable y uso compartido.

Esta divergencia estratégica adquiere una urgencia perentoria ante un hito normativo inmediato: la entrada en vigor, el 2 de agosto de 2026, del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA). La nueva ley cataloga los sistemas de distribución de agua como infraestructuras de «alto riesgo», lo que proscribe el empleo de algoritmos opacos o de código cerrado que impidan una auditoría externa. Aunque el consistorio confíe en una moratoria transitoria hasta 2030, esa tregua es un espejismo: cualquier actualización operativa del software antes de esa fecha obligará a Emacsa a cumplir de inmediato con la norma. Si la naturaleza cerrada de la plataforma de Schneider impide garantizar la trazabilidad y la supervisión humana independiente que exige Europa, la entidad incurrirá en un incumplimiento de conformidad. Es el regreso de la paradoja de las llaves perdidas: si el ayuntamiento no posee el código, no puede abrir la “caja negra” para que sea auditada, exponiéndose a una sanción que podría alcanzar los 15 millones de euros. Córdoba no puede permitirse ser, otra vez, rehén de una llave que no tiene.

La resolución de esta vulnerabilidad exige la superación definitiva de la fractura institucional datada en 1985. En este sentido, la propuesta para la constitución de un Cerebro Digital Soberano, concebido con la Universidad de Córdoba (UCO) y articulado mediante proyectos como ALIA, ofrece la coyuntura idónea para que Emacsa y Emproacsa trasciendan, por fin, el marco estatutario de 1969. Daniel García-Ibarrola y Salvador Fuentes tienen ante sí la oportunidad histórica de sustituir la actual dependencia del arrendamiento tecnológico por la soberanía sobre sus propios sistemas de gestión. El agua, en su condición de bien de dominio público, demanda un modelo de gobernanza digital igualmente público, transparente y arraigado en la realidad cordobesa. El 2 de agosto de 2026, cuando el Reglamento Europeo de IA empiece a exigir cuentas sobre la transparencia de los algoritmos de infraestructuras críticas, se sabrá si los actuales responsables decidieron ejercer el mando sobre nuestra propia inteligencia hídrica o si prefirieron resignarse a ser meros inquilinos de un software ajeno.

*Pancho Gamero, doctor Ingeniero Agrónomo y egresado en Historia del Arte