El TSJA tumba la querella de Oliver y Zulategui contra el juez Antonio Rodríguez

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Nuevo avance en materia judicial en torno el Córdoba CF SAD. En esta ocasión, la novedad se ha producido en lo referente a la querella presentada por Luis Oliver Oliver y Joaquín Zulategui contra el juez Antonio Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción número 5. En este sentido, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una resolución decretando la inadmisión y archivo de dicha querella, interpuesta por los empresarios navarros a título personal.

La denuncia de los que fueron director general deportivo y secretario del consejo de administración del Córdoba CF SAD, respectivamente, era por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y contra los derechos individuales. Hace algunas semanas, la Fiscalía del TSJA ya elaboró y remitió un informe desfavorable ante dicha causa. Ahora, el alto tribunal autonómico desestima el inicio de un proceso contra el titular del Juzgado de Instrucción número 5. Eso sí, el auto no es firme y contra el mismo cabe recurso de súplica ante la mencionada Sala Civil y Penal.

El juez Antonio Rodríguez es quien desde el pasado mes de noviembre instruye el proceso penal del Córdoba CF SAD. Lo hace desde que el día 7 del penúltimo mes del pasado año ordenó a la Guardia Civil registros de El Arcángel y la casa del entonces propietario y dueño del club, Jesús León, que fue detenido. La querella la interpusieron Luis Oliver y Joaquín Zulategui después de que fuera rechazada la posibilidad de que el segundo interviniera como parte de la acusación contra el montoreño.

Tras este dictamen, el TSJA todavía debe resolver en relación a otra querella relacionada con los jueces relacionados con el Córdoba CF SAD. En concreto, la Sala Civil y Penal ha de de decidir si admite o no, al igual que en este caso, la denuncia interpuesta también por Luis Oliver y Joaquín Zulategui, esta vez a través de Bitton Sport -la agencia de la que son socios-, contra Antonio Fuentes y Fernando Caballero por un presunto delito de cohecho. El primero de los magistrados, recusado en febrero, es quien determinó la compra de la unidad productiva por parte e Infinity. El segundo fue el propuesto por el propio TSJA para relevar al apartado.

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